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Circuito: Sexto Circuito - PUEBLA
Juzgado: Décimo de Distrito en Puebla
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Total de acuerdos: 129
# Tipo Exp. Quejoso Autoridades Fecha de Acuerdo Acuerdo
Amparo Principal 1127/2010 JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA . . JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA . . 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO PERJUDICADO ROBERTO SOTO RAMÍREZ EL AUTO DE 13 DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DOCE Y DIEZ DE ENERO DE DOS MIL TRECE, QUE EN LO CNDUCENTE DICEN: "Se admite a trámite la demanda en sus términos... Se señalan las 09:40 horas del 01 de SEPIEMBRE de 2010, para la celebración de la audiencia constitucional... Dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación... Hágase del conocimiento de Ministerio Publico adscrito a la responsable, la interposición de la demanda... Se tiene como domicilio el señalado y por autorizadas a las personas que menciona para oír y recibir notificaciones... JUICIO DE AMPARO 1127/2010 REGISTRO: 2533 En veintiséis de enero de dos mil doce, la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla CERTIFICA: Que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del treinta de enero de dos mil doce, certificación quese realiza para los efectos legales correspondientes. AÍDA ARACELI RAMÍREZ LOZANO SECRETARIA DEL JUZGADO. En la misma fecha, doy cuenta a la juez de Distrito con la certificación que antecede, con el oficio SEORMSG/DGAR/AR-PUE/0298/2012 de la Administradora Regional en San Andrés Cholula, Puebla del Consejo de la Judicatura Federal y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil doce. Agréguese a sus autos el oficio SEORMSG/DGAR/AR-PUE/0298/2012 de la Administradora Regional en San Andrés Cholula, Puebla del Consejo de la Judicatura Federal y atento a su contenido, toda vez que por el momento no es posible el emplazamiento de los tercero perjudicados por medio de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto, en aras de una impartición pronta y expedita se ordena extraer copias suficientes de la demanda para efecto de emplazar a juicio a los terceros perjudicados en los domicilios queobran en autos. En consecuencia, se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado para que con una copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y de este proveído, emplacen a los tercero perjudicados cuyos domicilios se encuentran en la ciudad de Puebla o en San Andrés Cholula, Puebla, siendo estos los siguientes: 1. Gabriela Pacheco Rodríguez CALLE VENITO JUÁREZ NO. 128 COL. PUEBLO SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, PUEBLA, PUE. 2. Soledad Cervantes Pineda CALLE SEVILLA LOTE 7 MANZANA 5 COL. NUEVA SAN SALVADOR, PUEBLA, PUE. 3. Guadalupe Flores Castillo PRIV. 143 PONIENTE MANZANA 6, LOTE 51, COL. SAN BERNABE TEMOXTITLA, PUEBLA, PUE. 4. Víctor Damián López Márquez PRIV. TAJÍN NO. 4715 COL. REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA PUE. 5. Josefina Celis Rojas 16 PONIENTE 502 INTERIOR 3 COL. CENTRO PUEBLA, PUE. 6. María Elena Merino Gómez PLAZUELA DEL BOLICHE NO. 1435 PLAZAS DE AMALUCAN PUEBLA, PUE. 8. Gloria Hernández Romano CALLE CARMAN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO NO. 107 COL. 10 DE MAYO, PUEBLA,PUE. 9. Clara Beltrán Méndez PLAZA PORFIRIO RODRÍGUEZ FLORES EDIFICIO 1 DEPTO. 401 INFONAVIT MANUEL RIVER ANAYA PUE. 10. Julia Ramiro Santos 21 SUR NO. 14304COL. SAN ISIDRO CASTILLOTLA, PUE. 12. Loruhama Mendoza Sánchez AV. SAN CLAUDIO 1036 JARDINES DE SAN MANUEL, PUE. 13. Guadalupe María del Carmen Morales Hernández PLAZA 1 DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ NO. 8 LETRA "A" VILLA LAS FLORES, PUE. 14. Roberto Soto Ramírez 17 SUR NO. 14714 COL. SAN BERNABE TEMOXTITLA PUE. 15. Laura Mendoza Lozano CALLE 4 NO. 48 AMPLIACIÓN ÁLAMOS, PUE. 17. María Virginia Catalina Marco Bartolo CALLE VALLADOLID 34 "A" COL. NACIONES UNIDAS, PUE. 18. Paula Uamatzin Bonilla PRIV RINCONADA DE LOS VIVEROS NO. 14 FRACC. RINCONADA DE LOS VIVEROS COL. INDEPENDENCIA PUE. 19. Janet Génico Toledo CALLE MONTAÑAS ROCOSAS NO. 2021 COL. MARAVILLAS PUE. 20. Héctor Manuel Herrera Chavarria DIAGONAL DE LA 14 PONIENTE NO. 3328 FRACC. VILLA SAN ALEJANDRO, PUE. 21. Gerardo Rafael Duena de León Villasana (sic,debe ser Gerardo Rafael Rueda de León Villasana -foja 624 del anexo III-) CUANTLOA NO. 2-D VILLA FLORESTAL, PUE. 22. María Teresa Margarita Flores Flores PROLONGACIÓN LIBERTAD NO. 39 SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN PUE. 23. Gerardo Zeferino Pérez Franco 24 PONIENTE NO. 105 BARRIO DE SAN ANTONIO PUE. 24. José Ángel Fabián Vivanco Salas 3 PONIENTE NO. 108 COL LA LIBERTAD, PUE 25. María Gloria Maldonado Pérez CALLE 5 NORTE NO. 3201 INTERIOR "B" CABAÑAS DE SANTA MARÍA PUE. 26. Rafaela Sánchez Sánchez CALLE PEDERNAL NO. 1022 VILLA POSADA, PUE. 28. María de Lourdes Bautista Castro PRIV DE LA 74 PONIENTE NO. 142 COL. GUADALUPE VICTORIA SUR, PUE. 29. Felipe Domínguez Ortega PRIV. "D" DE LA 13 NORTE NO. 11246 COL. REAL DE GUADALUPE PUE. 30. Carmela Cirila Monje Cazares CORDILLERA DEL HIMALAYA NO. 9 FRACC. MARAVILLAS PUE. 31. Teófila Valencia Monje Cazares CORDILLERA DE CARPATOS NO. 3 COL. SAN JOSÉ MARAVILLAS, PUE. 32. Serena Monje Cazares PRIV. "R" DE LA CALLE GUERREONO. 13 COL INDEPENDENCIA, PUE. 33. Alicia Ortega Godinez FRANCISCO SARABIA NO. 51 COL. FRANCISCOI. MADERO, PUE. 34. Ofelia Díaz Flores AV. BRILANTE NO. 3914, COL. VILLA POSADA PUE. 35. Guadalupe Tlapale Castillo DIAGONAL SANTUARIO NO. 4231 COL. MORELOS PUE. 36. Emma Quintero Calva 29 NORTE NO. 3614 COL AURORA, PUE. 37. Julieta Tello Romo 16 PONIENTE 5113 COL. AQUILES SERDÁN PUE. 38. Aurelia Ramírez Sánchez FRANCISCO MÁRQUEZ NO. 14 IONTERIOR 3 EL ENCINAR, PUE. 41. Concepción Carreño NO. 3543, REFORMA AGUA AZUL COLONIA REFORMA, PUEBLA, PUE. 42. Judith Carriles Arroyo CALLE 49 SUR NO. 4532 FRACCIONAMIENTO ESTRELLAS DEL SUR. PUEBLA, PUE. 43. Soledad Cuamatzi Garces PLAZA 23 DE ENERO NO. 63, UNIDAD HABITACIONAL OBRERO INDEPENDIENTE PUEBLA, PUE. 44. Sara Ramos Suárez RIO LERMA NO. 2913, SAN MANUEL, PUEBLA, PUE. 45. Diana Torres Suárez 9 PONIENTE 6107 REFORMA SUR, PUEBLA. PUE. 47. María Elena Cruz Rosete 9 NORTE NO. 3608, INTERIOR 1, SANTA MARÍA, PUEBLA PUE. 48. Sofía Meneses Muñoz 2DA.CALLE DE ANALCO NO. 36B SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, PUEBLA PUE. 49. Gudelia Mercedes Torre Pérez PRIV EMILIANO ZAPATA NO. 5975, SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUEBLA. 51. Matilde Romo Jiménez 16 PONIENTE NO. 1513, INTERIOR 1, AQUILES SERDÁN PUEBLA, PUE. 52. María Teresa Bolaños Chávez VENUSTIANO CARRANZA NO. 401 "A". SAN BALTAZAR CAMPECHE. PUE 53. Hugo Sánchez Coba BOULEVARD CARMEN MILLÁN NO. 8 COL. RANCHO COLORADO.PUE 54. Román Sánchez Flores EDIFICIO 108 "O" DEPTO 302 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PE. 55. Francisco Díaz Pérez 16 "A" PONIENTE NO. 354 COL. VISTA DEL VALLE, PUE. 56. Gonzalo Vera Mariscal PRIV. 10 DE MAYO NO. 6 ROSAS DEL TEPEYAC PUE. 57. Alicia cruz Rodríguez INDEPENDENCIA SUR 412 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, PUE. 58. Guillermina Caballero Torres TERCERA PRIVADA DEL CAMINO REAL NO. 8 LA PEDRERA REYES HEROLES, PUE. 59. Nieves Sandoval García CALLE SINALOA NO. 60 SAN RAFAEL PONIENTE PUE. 60. José Ramírez Ramírez INDEPENDENCIA SUR NO. 412 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN,PUE, 61. Marcela Manuela Emilia Ponce de León Narváez 20 ORIENTE NO 1604 BARRIO DEL ALTO PUE. 62. Karla Verónica López Centeno AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 60 COL. ROMA PUE. 63. Alfonso Sánchez Espino CALLE PLAZA 23 DE ENERO NO. 63 UNIDAD HABITACIONAL OBRERO INDEPENDIENTE, PUE. 64. Arnulfo Raúl Morales de Santillana 19 PONIENTE 4309 PROLONGACIÓN DE LA BELISARIO DOMÍNGUEZ, PUE. 65. Trinidad Pérez García 18 ORIENTE NO. 426 COL CENTRO PUE. 66. María del Pilar Zayas y González AV. PUE. 5707 COL EL CERRITO PUE. 67. María Guadalupe Montiel Pacheco 21 PONIENTE 1318 COL. SANTIAGO PUE. 68. Demetrio Gabriel José Flores Ayala CALLE GUADALUPE VICTORIA 439 SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUE. 69. Alicia Cuatepitzi Cuatepitzi CALLE 17 NORTE 1008 COL. BARRIO DE SAN MIGUEL, PUE. 71. María del Carmen Gómez Velázquez CALLE MIGUEL NEGRETE NO. 70 SAN JERÓNIMO CALERAS, PUE. 72. María Virginia Rojas López 2DA. ROTONDA CRISTO REY NO. 12 COL. IGNACIO ROMERO VARGAZ, PUE. 73. María Guadalupe Arana y Santiesteban PRIV.IXTEPEC NO 28 VILLAS "GEO" ATLIXCAYOTL, PUE. 74. Ricardo Cortes Flores PRIV. "A" DE LA 13 SUR NO. 3911 SAN BERNABE TEMOXTITLA PUE. 75. Miguel Torres Aguilar CALLE 29 PONIENTE NO. 3528 ZONA ESMERALDA, PUE. 76. Crus Crecencio Pérez Ramírez PRIV 37 "B" NORTE 1904 COL. VILLA POSADA PUE. 77. Claudia Karina de a Cerda Tlapanco 19 NORTE NO. 7204 INTERIOR 2 LA LOMA NORTE PUE. 78. Ignacio Olmedo Rodríguez CALLE ENRIQUE VILLAR NO. 14 COL. LA AHOGADA PUE. 79. María Cristina Macuil Suárez FRNACISCO I. MADERO NO. 429 SAN BALTAZAR CAMPCHE PUE. 80. Jorge Humberto Villanueva Hernández PRIV 13 "B" SUR 7932 SAN JOSÉ MAYORAZGO PUE. 81. Adriana Lujan Flores 2DO. ANDADOR DEL RISCO NO. 4 COL. LA HACIENDA PUEBLA PUE. 82. Manuel Toriz Rodríguez CALLE ALAMO NO. 18 ARBOLEDAS DE GUADALUPE, PUE. 83. María del Carmen Posada y Velázquez AV. 43 ORIENTE 1808 EL MIRADOR LA CALERA PUE. 84. Silvia Rivera Salinas CIRCUITO JUAN PABLO 2DO. NO 609 INTERIOR EDIFICIO "J"DEPTO 14 SAN BALTAZAR CAMPECHE PUE. 85. Olga García Astilleros ANDADOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS NO. 1450 COL. UNIVERSIDADES PUE. 86. Rosa Elia Genis Muñoz 4 NORTE 401 BARRIO DE SANTA CATARINA SAN FRANCISCO TOTIMEHAUCÁN, PUE. 87. José Trinidad Manuel Ramos y Tepox 39 PONIENTE NO. 2510 COL BENITO JUÁREZ, PUE. 88. María Eloina Pavón Carvajal CALLE ANDADOR DE LOS INSURGENTES 310 INTERIOR 1 UNIDAD INDEPENDENCIA, PUE. 89. Perla Paola Vergara Agueros CALLE RIO PAPALOAPAN NO. 5745 JARDINES DE SAN MANUEL PUE. 90. Inés Figueroa Torres AV. IGNACIO ZARAGOZA NO. 838 SAN BALTAZAR CAMPECHE PUE. 91. Delia Ortiz Mora PRIV. CILTLALTEPEC 2730 COL. LOS VOLCANES PUE. 92. Juan Rubén Reyes Sánchez LIBERTAD NO. 5983 SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUE. 93. María Mercedes Carreón Copado CALLE EJIDO NO. 5109 SAN BALTAZAR CAMPECHE PUE. 94. Emma Porras Espinosa 7 PONIENTE 108 INTERIOR DEPTO 17 COL. CENTRO PUE. 95. Rafael Antonio Barrón García CALLE RICÓN DE LOS ROBLES NO. 61 RINCÓN ARBOLEDAS PUE. 96. MargaritaJiménez Mendoza 89 ORIENTE 1615 INTERIOR "A" GRANJAS SAN ISIDRO PUE. 97. Miriam Pérez Pavón ANDADOR INSURGENTES EDIFICIO 310 INTERIRO 1 COL. SAN PEDRO PUE. 98. María Guillermina Tamariz BOULEVARD VALSEQUILLO 1455 COL. UNIVERSIDADES, PUE. 99. María Isabel Roldán Osorio 12 SUR NO. 7514 COL LOMA LINDA PUE. 100. Araceli García Mayoral CALLE 67 ORIENTE 1407 COL. VILLA UNIVERSITARIA PUE. 101. Adelaido Jiménez Tenorio CALLE EJIDO NO. 5109 COL. SAN BALTAZAR CAMPECHE PUE. 102. Francisco Hernández Carmona CALLE ROSAS NO. 43 COL. BUGAMBILIAS PUE. 103. Minerva Tula Niño Melchi CALLE ALLENDE NO. 6509 COL. VICENTE GUERRERO, PUE. 104. María Luisa Martini Merlo CALLE EJIDO 4714 SAN BALTAZAR CAMPECHE PUE. 105. María Adriana Legaspi López (sic, debe ser María Ariadna Legaspi López -foja 280 del anexo I-) PRIV. 5 "A" SUR 5916, INTERIORIOR 2 COL. VILLA ENCANTADA PUE. 106. Bernardino Vidal Silva CALLE SAN MARCOS NO. 10554 COL. JARDÍNES DE SANTIAGO, PUE. 107. Imelda Aurora VidalMartínez 99 ORIENTE NO. 1659 GRANJAS DE SAN ISIDRO, PUE. 108. Aarón Pérez Flores 4 PONIENTE 106 COL CONCEPCIÓN CUAUTLA, PUE. 109. Marcelino Parra Muñoz 15 PONIENTE 3521 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ, PUE. 111. Fausto Cuamani Coyotl PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES S/NCOL. SAN ANTONIO CACALOTEPEC, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. 112. Amparo Rievoles Rojas CALLE GUADALUPE VICTORIA 207 COL. GOBERNADORES DE PUEBLA, PUE. 113. Alba Saldaña Escamilla 6 NORTE NO. 3007 RESIDENCIAL DE JESÚS, PUE. 115. José Martín Herrera Islas PALENQUE 24 "B" MOMOXPAN, PUE. 116. José Ernesto Pomposo AV LA CALER NO. 3 COL. VICENTE SUÁRES PUE. 118. Rafael Mila Limón PRIV DE LA 31 "B" SUR 33011 COL. SANTA CRUZ DE LOS ÁNGELES PUE. 119. Virginia Delgado Xopan 64 PONIENTE 108 COL CUAUHTÉMOC, PUE 120. Raúl Uribe Oyarzabal 26 "B" PONIENTE 3527 COL VALLE DORADO PUE. 121. Adela Ruiz Mancera CALLE VERACRÚZ 10760 COL. COATEPEC, PUE. 122. Ambrosio José Luis Campillo y Pérez PLAZUELA SAN JOSÉ 1604 FRACC. LASPLAZAS DE AMALUCAN, PUE. 123. Raquel Rosas Mellado DIVISIÓN DEL NORTE NO. 11 COL SANTA CRUZ BUENA VISTA PUE. 124. Rodolfo Rosas Mellado 5 PONIENTE NO. 11 COL SANTA CRUZ BUENA VISTA PUE. 125. Eulalio Tehuitzil Reyes AV. DEL RISCO NO. 5507 COL. LA HACIENDA PUE. 128. Magdalena Rodríguez Vázquez 2DA. CENTRAL NO. 414 FRACC. SAN FRANCISCO PUE. 129. Gilberto Torres Tejeda CALLE CLAFVELES 105 LETRA "C" COL BUGAMBILIAS PUE. 130. Pedro González Vargas ANDADOR DE PLATEROS EDIFICIO 573 DEPTO 1 INFONAVIT LA MARGARITA PUE. 131. Sonia Araceli Medina Arroyo CLAUSTRO DE LOS FRAILES NO. 32 COL. GEO VILLAS SANTA CLARA PUE. 132. Héctor Sergio Muñoz Flores 41 ORIENTE 1803 COL. EL MIRADOR PUE. 133. Gabriel Cayetano Zárate Lara AV. ANCIONAL 164 COL CASA BLANCA PUE. 134. Antonio Emiliano Roldán Vázquez AV. 25 PONIENTE 2508 LETRA "A" COL. EL ÁGUILA, PUE. 135. Leticia Eulogia Muñoz Bello AV. 2 ORIENTE 2017 COL LOS REMEDIOS PUE. 136. Ramón González Bravo ANDADOR DE PLATEROS EDIFICIO 573INTERIR 1 INFONAVIT LA MARGARITA PUE. 137. Mariana Patiño Barranco RIO BRAVO NO. 5733 INTERIOR "D" COL. SAN MANUEL PUE. 139. Belén García Mariano CALLE 33 PONIENTE 903 "A" COL CHULA VISTA, PUE. 140. Alicia María Antonieta Santos Tello SIERRA PIRINEOS 9015 COL MARAVILLAS, PUE. 141. César Cervantes Blanco 46 PONIENTE 117 "A" COL. MOCTEZUMA PUE. 142. Guillermina Socorro Zavala Leal CALLE GENERAL JESÚS GONZALES ORTEGA NO. 31 COL LOMAS DE LORETO PUE. 143. Josefina Zárate de la Cruz AV. AYUNTAMIENTO NO 5 INTERIOR 17 COL LIBERTAD, PUE. 144. Margarita González Martínez 46 PONIENTE 117 "A" COL MOCTEZUMA, PUE. 145. Julio César Cervantes González 46 PONIENTE 117 "A" COL MOCTEZUMA, PUE. 146. María Elena Márquez González 7 PONIENTE 5704 COL REFORMA SUR, PUE. 147. Manuel Santiago Guiller CALLE ROSALES 704 ESQ. CON CALLE ELIÓTROPOS DE LA 2DA. SECCIÓN DE SAN RAMÓN PUE. 148. Emma Becerra Ramírez PRIV 18 B SUR 4556 COL. 22 DE SEPTIEMBRE, PUE. 149.María del Carmen Zorilla y Carcaño BOULEVARD 18 SUR 5911 COL. SAN MANUEL PUE. 150. María Marcelina Carmen Huitzil Delgado CERRADA DELFOS EDIFICIO 239 DEPTO. 2 COL OBREROS INDEPENDIENTES VOLKS WAGEN "2" PUE. 151. Refugio Luis Huitzil Delgado 84 PONIENTE NO. 108 COL. GUADALUPE VICTORIA PUE. 152. Norma González Bravo ANDADOR DE PLATEROS EDIFICIO 573 DEPTO 1 COL. INFONAVIT LA MARGARITA. 153. Rodrigo Guadalupe Barragán Martínez PRIV. EMILIANO ZAPATA NO. 5961 COL. SAN BALTAZAR CAMPECHE PUE. 154. María Luvia Bonilla Gómez CALLE PORFIRIO DÍAZ NO. 14 COL. ZARAGOZA PUE. 155. José Valentín Rojas Viveros MANZANA 39 EDIFICIO 39 "A" INTERIOR 302 UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE SAN ROQUE, PUE. 157. María Trinidad Emilia Ortiz Sánchez CALLE CANARIAS NO. 17 COL, SAN ESTEBAN LAS HADAS PUE. 158. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ MERINO VICENTE GUERRERO EDIFICO 1 DEPTO 5 UNIDAD HABITACIONAL LA FLOR PUE. 160. Refugio Luis Delgado Huitzil CALLE 64 PONIENTE NO. 108 COL GUADALUPE VICTORIA, PUE.Signifíqueseles a los tres actuarios adscritos a este juzgado que deberán realizar cada uno de ellos diez emplazamientos a la semana, lo que deberán justificar ante la Secretaría de acuerdos de este juzgado. Ahora, se procede a enlistar a los agraviados, aquí tercero perjudicados, que tienen su domicilio fuera de la ciudad de Puebla y de San Andrés, Cholula, Puebla, a fin de ordenar se giren los despachos correspondientes para que se proceda a su emplazamiento. 7. Arnulfo Bravo López 2 PONIENTE NO. 714 COL. CENTRO, GRAJALES, PUE. 11. Araceli Rodríguez García 9 NORTE LOTE 5 S/N SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE. 16. Celso Flores Linares CALLE BENITO JUÁREZ NO. 9 CUAUTLANCINGO PUE. 27. Javier Mendoza Sedeño AV. REFORMA NO. 305 HUAQUECHULA ATLIXCO. 110. José Asunción Hernández AV, MELCHOR OCAMPO 201 INTERIOR "A" 11 FRACC. VILL JARDÍNES SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 114. María Guadalupe Espinosa Cardoso 6 PONIENTE 304 SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 126. AnitaRamírez García CALLE BUENOS AIRES NO. 337 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA, SAN PEDRO CHOLULA PUE. 127. Maximino Tepale Chantes CALLE BUENOS AIRES NO. 337 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA, SAN PEDRO CHOLULA PUE. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Jueces de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, Tepeaca, Puebla, Atlixco, Puebla y Tecali de Herrera, Puebla; a fin de que, en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, se sirvan emplazar, respectivamente, a los mencionados tercero perjudicados en los domicilios que precisados en párrafos que anteceden y que correspondan a su jurisdicción, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda que dio origen al presente juicio de garantías, del auto admisorio y del presente auto. Asimismo, deberán requerirlos para que ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla,señalen domicilio en la ciudad de Puebla, para oír y recibir notificaciones dentro de los tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto; apercibiéndolos que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista, aun las de carácter personal en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo. Diligencia que deberán practicar las autoridades requeridas en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que reciban el oficio que contenga el presente acuerdo y deberán remitir en el término de veinticuatro horas contadas a partir del emplazamiento de mérito, las constancias que así lo acrediten, apercibidas que en caso de no hacerlo en el término señalado, a cada una se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimiento Civiles deaplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, por lo que hace a los terceros perjudicados: 39. Jorge Leonides Cruz ANDADOR 82 PONIENTE NÚMERO 4 INTERIOR 5, COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, RIO BLANCO VERACRUZ. 40. María López Cruz 3 NORTE 1608, INTERIOR 7 CENTRO, YUTANDUCHI, GUERRERO. 46. Maximino Manuel Arango Ramírez 11 NORTE NO. 7609, 20 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA. 50. Sahara Adoración Mendoza Ramírez KILOMETRO 14.5 CRUCERO AL OASIS S/N. BRISAS VALSEQUILLO, APIZACO TLAXCALA. 70. José de Jesús Retama Rojas CALLE CAÑADA MORELOS NO. 51 XALTIPAN PAPALOTLA, TLAXCALA 138. Agustina Rodríguez Saucedo 9 ORIENTE NO. 4 SECCIÓN SEGUNDA SAN MIGUEL TENANCINGO, TLAXCALA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General 11/2011, emitido por elPleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito, gírense atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Juez de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre y Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva emplazar a los mencionados tercero perjudicados en los domicilios que han quedado precisados, corriéndoles traslado con copia de la demanda, del auto admisorio y del presente proveído. Así mismo, se solicita a lasautoridades exhortadas para que requiera a los tercero perjudicados de que se trata a fin de que ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, señalen domicilio en la ciudad de Puebla, para oír y recibir notificaciones dentro de los tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto; apercibiéndolos que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes se les practicarán por medio de lista aún las de carácter personal en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo. De igual forma, se solicita a los jueces exhortados que de no tener inconveniente alguno, se sirvan remitir las constancias que así lo acrediten a la mayor brevedad posible. Finalmente, por lo que hace a los tercero perjudicados 117. Rubén Calderón Ramírez, 156. Enrique MelgozaEspinoza y 159. María Isabel Samaniego Aguirre ya que de autos no se advierte el domicilio de los mismos, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale los domicilios correctos y actuales de los tercero perjudicados en mención, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, se realizará la investigación de oficio de los domicilios de dichos tercero perjudicados, y en su caso se ordenará el emplazamiento de los mismos por edictos a costa de la parte quejosa. Ahora bien, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que fueron señaladas las nueve horas con diecisiete minutos del treinta de enero de dos mil doce, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, resulta evidente que los cientosesenta emplazamientos ordenados en párrafos que anteceden no podrán ser efectuados con la anticipación debida, por lo que en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el presente asunto; consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO (EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE), PERSONALMENTE A LOS TERCERO PERJUDICADOS POR CONDUCTO DE LOS ACTUARIOS Y VÍA EXHORTO O DESPACHO Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO. Así lo proveyó y firma NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ante AÍDA ARACELI RAMÍREZ LOZANO, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe....Visto el estado queguardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil doce (fojas 73 a 78 del Tomo II) se ordenó el emplazamiento de los agraviados en el proceso penal 431/2009 del Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, sin que se haya logrado el emplazamiento de los siguientes terceros perjudicados: 2. Soledad Cervantes Pineda 3. Guadalupe Flores Castillo 5. Josefina Celis Rojas 8. Gloria Hernández Romano 14. Roberto Soto Ramírez 21. Gerardo Rafael Duena de León Villasana (debe ser Gerardo Rafael Rueda de León Villasana -foja 624 del anexo III-) 23. Gerardo Zeferino Pérez Franco 25. María Gloria Maldonado Pérez 33. Alicia Ortega Godínez 35. Guadalupe Tlapale Castillo 36. Emma Quintero Calva 38. Aurelia Ramírez Sánchez 41. Concepción Carreño 43. Soledad Cuamatzi Garces 47. María Elena Cruz Rosete 56. Gonzalo Vera Mariscal 61. Marcela Manuela Emilia Ponce de León Narváez 62. Karla Verónica López Centeno 65. Trinidad Pérez García 69. AliciaCuatepitzi Cuatepitzi 72. María Virginia Rojas López 75. Miguel Torres Aguilar 80. Jorge Humberto Villanueva Hernández 82. Manuel Toriz Rodríguez 86. Rosa Elia Genis Muñoz 88. María Eloina Pavón Carvajal 89. Perla Paola Vergara Agüeros 91. Delia Ortiz Mora 94. Emma Porras Espinosa 95. Rafael Antonio Barrón García 96. Margarita Jiménez Mendoza 97. Miriam Pérez Pavón 98. María Guillermina Tamariz 99. María Isabel Roldán Osorio 100. Araceli García Mayoral 101. Adelaido Jiménez Tenorio 102. Francisco Hernández Carmona 103. Minerva Tula Niño Melchi 104. María Luisa Martini Merlo 106. Bernardino Vidal Silva 107. Imelda Aurora Vidal Martínez 108. Aarón Pérez Flores 111. Fausto Cuamani Coyotl 112. Amparo Rievoles Rojas 113. Alba Saldaña Escamilla 115. José Martín Herrera Islas 116. José Ernesto Pomposo 118. Rafael Mila Limón 119. Virginia Delgado Xopan 120. Raúl Uribe Oyarzabal 121. Adela Ruiz Mancera 122. Ambrosio José Luis Campillo y Pérez 123. Raquel Rosas Mellado 124. Rodolfo RosasMellado 125. Eulalio Tehuitzil Reyes 128. Magdalena Rodríguez Vázquez 129. Gilberto Torres Tejeda 130. Pedro González Vargas 131. Sonia Araceli Medina Arroyo 132. Héctor Sergio Muñoz Flores 133. Gabriel Cayetano Zárate Lara 134. Antonio Emiliano Roldán Vázquez 135. Leticia Eulogia Muñoz Bello 136. Ramón González Bravo 137. Mariana Patiño Barranco 139. Belén García Mariano 140. Alicia María Antonieta Santos Tello 141. César Cervantes Blanco 142. Guillermina Socorro Zavala Leal 143. Josefina Zárate de la Cruz 144. Margarita González Martínez 145. Julio César Cervantes González 146. María Elena Márquez González 147. Manuel Santiago Guiller 148. Emma Becerra Ramírez 149. María del Carmen Zorilla y Carcaño 150. María Marcelina Carmen Huitzil Delgado 151. Refugio Luis Huitzil Delgado 152. Norma González Bravo 153. Rodrigo Guadalupe Barragán Martínez 154. María Luvia Bonilla Gómez 155. José Valentín Rojas Viveros 157. María Trinidad Emilia Ortiz Sánchez 158. José Ricardo Ramírez Merino 160.Refugio Luis Delgado Huitzil En consecuencia, con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión y estén en la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos dentro del presente juicio de garantías, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para su celebración. Atento a lo anterior, requiérase a los Actuarios Judiciales de la adscripción, quienes tengan a cargo dichos emplazamientos, a fin de que realicen los emplazamientos de los terceros perjudicados cuyos domicilios se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado a la mayor brevedad posible, debiendo realizar por lo menos cada uno de los actuarios cinco emplazamientos a la semana.
Amparo Principal 1789/2010 JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA . . JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA . . 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 31 DE ENERO DE 2013, QUE EN LO CNDUCENTE DICE: "Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el toca RT-1074/2012, relativo a la revisión interpuesta por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las autoridades responsables dicha ejecutoria que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías, promovido por JOSÉ TRIANA PÉREZ, contra los actos yautoridades que han quedado precisados unos y otras en el resultando primero de esta ejecutoria." Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. @Ahora bien, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio, este expediente es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Se ordena hacer la anotacióncorrespondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla el expediente D-1/272/2002, que remitió en apoyo a su informe justificado y a la diversa autoridad no responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla su expediente D-3/469/2002 (previa foja de sustitución a efecto de no alterar el folio del presente expediente) y se les requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tengan conocimiento del presente auto, acusen recibo de los mismos, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, se les impondrá una multa equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 59 fracción I del Código Federal de ProcedimientosCiviles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso exhibió diversos documentos originales mediante escrito presentado en este Juzgado Federal el seis de junio de dos mil once, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional, con identificación oficial y vigente (con copia simple de la misma), a fin de que se le devuelvan los citados documentos, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado, apercibido que de no hacerlo en el término indicado éste juzgado entenderá que el mismo será susceptible de destrucción junto con el presente expediente de amparo. "
Amparo Principal 1792/2010 JOSÉ ROBERTO REYES BARRADAS DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA . . 02/07/2013 Agréguese a sus autos el escrito de Hugo Guerrero Pavón, a través del cual solicita copia certificada de diversas actuaciones; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha la promoción de cuenta en virtud de que dicho promovente no se encuentra autorizado por la parte quejosa en este juicio de amparo, razón por la cual no está facultado para promover en el presente asunto. No pasa inadvertido para la suscrita Juez Federal que el escrito signado por el mencionado promovente está dirigido al juicio de amparo 866/2012 del índice de este juzgado Federal; sin embargo, el nombre del quejoso indicado en el multicitado escrito no corresponde a dicho expediente, sino al juicio de amparo en que se actúa (1792/2010) en donde el quejoso es, entre otros, JOSÉ GERMÁN BERNARDINO SÁNCHEZ SORIANO.
Amparo Principal 751/2011 CONCEPCIÓN GARCÍA HERNÁNDEZ GUADALUPE LÓPEZ MARTÍNEZ . . 02/07/2013 Visto, agréguese a los autos el oficio número 25/2013/mesa 1 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y anexo que al mismo acompaña, por medio del cual informa las gestiones y medidas realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que queda enterada la suscrita Juez, para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 997/2011 OLIMPIA MORANCHEL NARVAEZ JUEZ NOVENO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA . . 02/07/2013 Agréguese a sus autos el oficio de la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado Federal, que por auto dictado por el Presidente de ese órgano colegiado el uno de febrero de dos mil trece, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; quedando registrado en el libro de gobierno con el número de amparo en revisión R-79/2013, del citado tribunal; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 1537/2011 SACRAMENTO SANTIAGO ROSAS SUBGERENTE DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DELEGACIÓN VIII PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que las autoridades Subdirector General de Recaudación Fiscal y Director General, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante haber sido requeridas en autos de ocho de octubre, trece de noviembre y once de diciembre, todos de dos mil doce y cuatro de enero de dos mil trece; en consecuencia, requiéraseles nuevamente para que en términos del punto 3.1 del procedimiento establecido en el Acuerdo General 7/2012 de doce de julio de dos mil doce del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se establecen las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito para la resolución, en ejercicio de competencia delegada, de los incidentes de inejecución relativos al cumplimiento de las sentencia de amparo en contra del artículo octavo transitorio del Decreto por el que sereforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, o de su acto de aplicación, en el improrrogable término de diez días hábiles acrediten haber solicitado al Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria que autorice a la Tesorera de la Federación la transferencia a la cuenta de dicho instituto de la cantidad de $39,765.92 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos, noventa y dos centavos, moneda nacional) que debe devolverse a la parte quejosa correspondiente a los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, para lo cual el Subdirector General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá remitir la documentación que acredite con precisión la cantidad que corresponde a la parte quejosa en relación al fondo de la subcuenta devivienda. Con independencia de lo anterior, en atención al punto 3.2 del referido Acuerdo General 7/2012 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiérase al Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones de la Administración General de Auditoría Fiscal y a su superior jerárquico el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, ambos del Servicio de Administración Tributaria para que en el término de tres días informen si ya recibieron la solicitud por parte del Subdirector General de Recaudación Fiscal y Director General, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el sentido de autorizar a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del monto a devolver al aquí quejoso SACRAMENTO SANTIAGO ROSAS y de ser así acrediten haber autorizado a la Tesorería de la Federación dicha transferencia. Cobra aplicación al respecto la siguientejurisprudencia 31/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada en sesión de veintiuno de marzo de dos mil doce, de texto siguiente: J U R I S P R U D E N C l A 31/2012 (10a.) INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR A LAS AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE UN AMPARO CONCEDIDO PARA EFECTOS DE DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, POSTERIORES AL 30 DE JUNIO DE 1997. Cuando el sentido de la ejecutoria de amparo sea el indicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe devolver los autos al juzgado del conocimiento para que su titular: 1. Requiera al Subdirector General de Recaudación Fiscal -y al Director General del Instituto como superior jerárquico-a efecto de que solicite al Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria que autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta delInstituto de las cantidades que debe devolver al quejoso. Para tal efecto, la autoridad primeramente citada debe remitir la documentación que acredite con precisión las cantidades relativas, por ser quien administra las aportaciones patronales, en específico, el fondo de ahorro y la subcuenta de vivienda de cada trabajador. 2. Hecho lo anterior, requiera al Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones -quien tiene, la atribución de recibir, tramitar, resolver y autorizar devoluciones-, así como a su superior jerárquico, Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, ambos del Servicio de Administración Tributaria, para que autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto por el monto que deba devolverse. 3, Acreditado el supuesto antedicho, requiera al Tesorero de la Federación -y a su superior jerárquico, Secretario de Hacienda y Crédito Público-para que realicen dicha transferencia, por ser las autoridades encargadas de regresar losfondos que al efecto fueron transferidos al Gobierno Federal al tener a su cargo su custodia y concentración. 4. Finalmente, una vez hecha la transferencia, requiera a la Subdirección General de Recaudación Fiscal, y a su superior ya mencionado, para que devuelva al quejoso las cantidades que le correspondan con motivo de la concesión del amparo. Si en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, otorgado a cada una de las autoridades vinculadas señaladas, no cumplen con lo ordenado, el Juez de origen debe enviar los autos del juicio de garantías al Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva lo conducente respecto de la aplicación del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es pertinente aclarar que si alguna de las autoridades responsables ya hubiera efectuado alguno de los trámites ordenados, debe continuarse el procedimiento en el orden señalado. Apercibidos que de no hacerlo, los autos originales del asunto en que se actúaserán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo, y éste a su vez, en su caso, los remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el juez de Distrito que corresponda. Resulta aplicable al caso la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Noviembre de 2000. Página: 5. @ Tesis: P. CLXXV/2000. Tesis Aislada. Materia(s): Común. "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOSMEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren enresponsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer,respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Delegado Regional VIII en Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído indique las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, para devolver al quejoso SACRAMENTO SANTIAGO ROSAS el monto de las aportaciones a la subcuenta de vivienda por el cual se realizó la transferencia a la Tesorería de la Federación. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo anterior, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia deTrabajo del Sexto Circuito para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo, y éste a su vez, en su caso, los remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el juez de Distrito que corresponda.
Amparo Principal 1722/2011 * * * * * JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a sus autos el escrito de LUIS MARTÍNEZ BARRIENTOS y RAYMUNDO OROPEZA y JUÁREZ en su carácter de endosatarios en procuración de MARGARITA REYES VIUDA DE JUÁREZ, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, devuélvase el documento que solicitan en el ocurso de cuenta, dejando foja de sustitución del mismo a efecto de no alterar el folio de este expediente, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, en el entendido de que deberán comparecer con identificación oficial y vigente en el horario comprendido de diez a doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores del juzgado.
Amparo Principal 1759/2011 ESTEBAN PAULINO TLATEMPA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el escrito de cuenta, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte las que indica en su escrito de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional Por otro lado, con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Amparo, téngase al impetrante de garantías realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 8/2012 SOLEDAD SALAZAR PAYNO DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 02/07/2013 Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de treinta de enero de dos mil doce se tuvo a la parte quejosa realizando manifestaciones a manera de alegatos mediante los cuales expuso que la Junta Auxiliar Municipal de San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, Puebla, le otorgó autorización para la circulación de los mototaxis. En tal sentido y a fin de resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Tenextatiloyan Zautla, Puebla para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído informe si efectivamente otorgó la autorización para la circulación de los mototaxis a que hizo referencia la parte quejosa y por cuánto tiempo otorgó dicha autorización; y de ser el caso, remita copia certificada de las constancias que acrediten dichaautorización; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de treinta días de salario mínimo vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con el 3 Bis de la citada ley; para tal efecto, remítasele copia del escrito de la parte quejosa registrado con el número de folio 3027. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE, para su celebración.
Amparo Principal 391/2012 MARÍA EVELIA FLORES AGUILAR JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 02/07/2013 Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta número III-0726 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito mediante el cual informa que por acuerdo de uno de febrero de dos mil trece el Presidente de dicho Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa María Evelia Flores Aguilar, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 391/2012 y lo radicó con el número de expediente R-74/2013, de su índice administrativo, de lo que queda enterada la suscrita Juzgadora Federal para los efectos legales correspondientes.
Amparo Principal 416/2012 BACHOCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada por dicho órgano colegiado el treinta y uno de enero pasado en el toca A.R. 347/2012 de su índice, de la que se advierte que: PRIMERO. No es materia del presente recurso, el punto resolutivo primero, regido por el considerando cuarto, de la sentencia recurrida, en la que la jueza federal sobreseyó el amparo respecto del acto reclamado al Tesorero Municipal de Ixcaquixtla, Puebla, al considerar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1, fracción I y II, estos últimos interpretados a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, en términos del considerando cuarto de la presente ejecutoria, SEGUNDO. En la materia de larevisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por BACHOCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto del acto reclamado al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, así como al Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ixcaquixtla, de dicha entidad federativa; consistentes, respectivamente, en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y aplicación del artículo 20, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil doce; lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando quinto de esta ejecutoria. CUARTO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a BACHOCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto del acto reclamado al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora del Periódico Oficial, todos delEstado de Puebla, así como al Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ixcaquixtla, de dicha entidad federativa; consistentes, respectivamente, en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y aplicación del artículo 20, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil doce. Como consecuencia de lo anterior, glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ixcaquixtla, Puebla para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos quehaya realizado para tal efecto, es decir, que le devuelva las cantidades que pagó la parte quejosa por concepto de derecho de alumbrado público por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil doce, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, así como las subsecuentes que hubiera enterado por el mismo concepto en cumplimiento a la norma reclamada. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término que se señala, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo que incluye la remisión del expediente formado con motivo de este juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la aplicación del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, que textualmente establece: Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria,otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.
Amparo Principal 548/2012 JOSE CECILIO ROLANDO MARTINEZ SERRANO AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA 02/07/2013 Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sea remitido al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar de laNovena Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias simples de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Amparo Principal 793/2012 BENITO CORONA GONZÁLEZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCUENTA Y SEIS DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vistas las razones asentadas por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado mediante las cuales manifiesta la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero perjudicado CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS en los domicilios que precisa. En tal sentido, por lo que hace a la primera de ellas, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda. Y, por lo que hace a la segunda de las razones de cuenta, de la que se advierte que se ordenó el emplazamiento del tercero perjudicado de referencia en el domicilio sito en Atlixcayotl, número cinco mil ciento ocho, Torre 1 JV, Piso 19, colonia Angelópolis de San Andrés, Cholula, Puebla y, se advierte que no pudo lograr el indicado emplazamiento sólo porque nadie acudió a su llamado, atento a ello, a fin de evitar mayores dilaciones procesales en la substanciación del sumario constitucional en que se actúa, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, se constituya nuevamente en diversos días y horas en eldomicilio del impetrante de garantías a fin de practicar la notificación ordenada en autos aún en horas inhábiles, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen al emplazamiento del tercero perjudicado de referencia y al no estar debidamente integrado este expediente para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE
Amparo Principal 842/2012 MARÍA YOLANDA VELASCO PELAEZ DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 02/07/2013 Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Hugo Guerrero Pavón autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo de la quejosa MARÍA YOLANDA VELASCO PELÁEZ; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Amparo, téngase por formulados sus manifestaciones en vía de alegatos en relación al dictamen pericial emitido por el perito oficial de este juzgado, mismos que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno.
Amparo Incidental 843/2012 IRMA MALPICA ESPINOZA DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de diez días que por auto de treinta de enero de dos mil trece se concedió al experto oficial designado en autos a fin de que emita su dictamen pericial; en consecuencia, al no encontrarse debidamente integrado el presente asunto para dictarse sentencia la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE, para su celebración. En diverso aspecto, agréguese a sus autos el ocurso de Hugo Guerrero Pavón autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 27 de Ley de Amparo, por medio del cual realiza diversas manifestaciones y solicita a este juzgado se requiera a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública Federal, con residencia en México, Distrito Federal a fin de que remita a este órganofederal fotocopia certificada de la evolución salarial que ha tenido el puesto desempeñado por la quejosa Irma Malpica Espinoza desde su fecha de baja laboral hasta la fecha en que se actúa; en consecuencia, requiérase la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública Federal, con residencia en México, Distrito Federal para que en el término de tres días contado a partir de que reciba la notificación de este proveído remita a este órgano de control constitucional fotocopia certificada de la evolución salarial que ha tenido el puesto desempeñado por la quejosa Irma Malpica Espinoza desde su fecha de baja laboral hasta la fecha en que se actúa; apercibida que de no dar cumplimiento a este requerimiento en el término indicado se le impondrá una multa equivalente a veinte días salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo previsto por la fracción I, del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaciónsupletoria a la Ley de Amparo.
Amparo Principal 848/2012 JOSEFINA FLORES CALIGUA DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 02/07/2013 Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla mediante el cual en atención al requerimiento de veinticinco de enero de dos mil trece informa que el documento denominado Constancia de Evolución Salarial es obtenido y emitido por esa dependencia; sin embargo, para analizar la procedencia de la emisión del mismo es necesario que la quejosa presente diversa documentación precisada en el oficio remitido a este Juzgado Federal y registrado con el número de folio 189923 (foja 127), documentación consistente en (foja 130): a. @Hoja Única de Servicios expedida por la Dependencia. b. @Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P). c. @Acta de Nacimiento actualizada. d. @Identificación oficial e. @Último recibo de pago en su carácter de pensionado. f. @Comprobante domiciliario. g. @Solicitud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(I.S.S.S.T.E.) respecto al trámite que nos ocupa (opcional). Ahora bien, mediante auto de veinticinco de enero pasado se tuvo a HUGO GUERRERO PAVÓN, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por la parte quejosa JOSEFINA FLORES CALIGUA informando que acudió ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla a fin de entregar la documentación requerida por ésta y precisada en el párrafo que antecede, para que pueda expedirle las constancias relativas a la evolución salarial referente al puesto ocupado por la quejosa o bien, en su caso, desde el otorgamiento de su pensión; sin embargo, manifestó que dicha Secretaría le refirió lo siguiente: "Que como se podía apreciar no se tenía la Hoja Única de Servicios que ellos requerían y que en base a la documentación que se exhibía se podía apreciar en el Aviso de Cambio de Situación Personal Federal que efectivamente causó baja en SEP PUEBLA, pero que su Hoja de Servicios había sido expedida en elDistrito Federal, motivo por el cual correspondía a SEP a nivel FEDERAL expedir la Constancia de Evolución Salarial, toda vez que conforme al "Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica" suscrito el 18 de Mayo de 1992, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla no había sustituido en la titularidad de sus relaciones jurídicas a la Secretaría de Educación Pública a nivel Federal." Ahora bien, la autoridad oficiante manifestó que es la autoridad competente para expedir la constancia de evolución salarial, y de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa ésta no cuenta con la Hoja Única de Servicios, misma que resulta necesaria para la expedición de la referida constancia de evolución salarial. En tal sentido, requiérase al Director de Recurso Humanos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que sean notificada de este auto, informe quién esla autoridad competente para emitir la Hoja Única de Servicios misma que resulta necesaria para expedir la constancia de evolución salarial referente al puesto ocupado por la quejosa o, en su caso, desde el otorgamiento de su pensión, en virtud de que es necesaria para el desahogo de la prueba pericial materia de la litis; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento se le impondrá una multa de veinte días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2.
Amparo Principal 866/2012 FELIPE CAMACHO SANCHEZ JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIAS 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar de la ciudad de Puebla, del que se desprenden las gestiones que dicha autoridad se encuentra realizando para cumplir con el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de enero de dos mil trece (fojas doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de autos), refiriendo que una vez que sea nombrada la persona que sea albacea provisional a bienes de la finada tercero perjudicada Leocadia Hernández Manuel (a quien deberá llamarse al presente sumario de garantías), lo hará del conocimiento de manera inmediata a este órgano jurisdiccional; de lo anterior queda enterada esta autoridad para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 868/2012 JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 5 DE FEBRERO DE 2013 QUE EN LO COINDUCENTE DICE: "Agréguese a los presentes autos el oficio 667 signado por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, y anexo que al mismo acompaña, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintiuno de enero de dos mil trece remite copia certificada de la resolución de veintidós de octubre de dos mil doce dictada dentro del proceso penal 253/2012 en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y con el diverso 9461 (foja 216) para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado Federal resolverá lo atinente al cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria de mérito,con base en las constancias de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente a Marzo de dos mil, cuyo contenido es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDO, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con lasentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndole que, de no hacerlo, se tendría por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentidode que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. "
Amparo Principal 914/2012 ANTELMO PÉREZ RIVERA TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el oficio II-247/20123 de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y anexo, a través del cual remite copia certificada de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil trece en el que devuelve los autos del juicio de amparo 914/2012 para que éste órgano jurisdiccional resuelva conforme a derecho respecto del cumplimiento al fallo protector; por lo que, acúsese el recibo correspondiente al tribunal oficiante, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, glósese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de inejecución de sentencia. Y en relación con las constancias que la superioridad remite anexas al oficio que se acuerda, se ordena agregar sin hacer mayor proveído, pues mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil trece se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. En esa tesitura, y toda vez queen auto de uno de febrero de dos mil trece se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguense a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de inejecución de sentencia interpuesto y ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de eseaño, se establece que el presente asunto en el se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, para lo cual se conservarán la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sinque sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
Amparo Principal 953/2012 CARLOS ALBERTO BANDA DOMINGUEZ JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA 02/07/2013 Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para emplazar al presente juicio de garantías a la tercero perjudicada UFO DE MÉXICO, S.C.P. representada por Iván Morales García por los motivos que de la razón de cuenta se desprenden; atento a ello, y en obvio de mayores dilaciones procesales en la substanciación del sumario constitucional en que se actúa, toda vez que del informe justificado rendido por el 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla así como del duplicado del proceso 75/2011 de donde deriva el acto reclamado en el presente juicio de garantías, se advierte que Iván Morales García en su carácter de representante de la citada persona moral tiene su domicilio en Federalismo número ocho, colonia Constituyentes en Xalapa Veracruz; en consecuencia, procédase a su emplazamiento con dicho carácter y, toda vez que el indicado domicilio se encuentra fuera de la residencia deeste órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 17/2012 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al Actuario Judicial de su adscripción para que proceda a emplazar a Iván Morales García en su carácter de representante de la persona moral tercero perjudicada UFO DE MÉXICO, S.C.P. en el domicilio indicado; remitiéndole para tal efecto copia simple de la demanda de garantías con sello de estejuzgado, del auto admisorio y del presente acuerdo. Así mismo, el Actuario Judicial deberá requerir al mencionado tercero perjudicado, para que en el término de tres días, contado a partir de su notificación, señale domicilio en la ciudad de Puebla para oír y recibir sus notificaciones personales ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcayotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se harán por lista, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo. De igual forma, se solicita al juez exhortado, para que, en su oportunidad, se sirva remitir las constancias que así lo acrediten.
Amparo Principal 978/2012 HUGO PORFIRIO ANGULO CRUZ PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el oficio 130/2013 del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Tercera Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, y anexo que al mismo acompaña, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de garantías; sin embargo, no es el caso de dar vista con tales constancias, pues del análisis de las mismas se advierte que la autoridad responsable no obstante que remitió copia certificada del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha cinco de febrero de dos mil trece dictado dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/III/290/2012, omitió remitir la constancia de notificación del referido acuerdo al quejoso Hugo Porfirio Angulo Cruz. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Tercera Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, paraque en el término de veinticuatro horas contado a partir de que quede legalmente notificada, remita la constancia de notificación del referido al quejoso Hugo Porfirio Angulo Cruz del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha cinco de febrero de dos mil trece dictado dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/III/290/2012; apercibida que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se menciona: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Marzo de 1996. Página: 883. Tesis: IX.1o.6 K. Tesis Aislada. Materia(s): Común. "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún casode excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito del quejoso HUGO PORFIRIO ANGULO CRUZ y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por consiguiente, con apoyo en los artículos 82, 83, fracción IV, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término deveinticuatro horas el expediente 978/2012 al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, así como el escrito original de expresión de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal revisor, para la substanciación del recurso en cuestión. Lo anterior con apoyo a la tesis de jurisprudencia número 116/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Se hace del conocimiento a la Superioridad que por auto de veintisiete de noviembrede dos mil doce causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios.
Amparo Principal 978/2012 HUGO PORFIRIO ANGULO CRUZ PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el oficio 130/2013 del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Tercera Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, y anexo que al mismo acompaña, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de garantías; sin embargo, no es el caso de dar vista con tales constancias, pues del análisis de las mismas se advierte que la autoridad responsable no obstante que remitió copia certificada del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha cinco de febrero de dos mil trece dictado dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/III/290/2012, omitió remitir la constancia de notificación del referido acuerdo al quejoso Hugo Porfirio Angulo Cruz. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Tercera Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, paraque en el término de veinticuatro horas contado a partir de que quede legalmente notificada, remita la constancia de notificación del referido al quejoso Hugo Porfirio Angulo Cruz del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha cinco de febrero de dos mil trece dictado dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/III/290/2012; apercibida que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se menciona: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Marzo de 1996. Página: 883. Tesis: IX.1o.6 K. Tesis Aislada. Materia(s): Común. "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún casode excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito del quejoso HUGO PORFIRIO ANGULO CRUZ y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por consiguiente, con apoyo en los artículos 82, 83, fracción IV, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término deveinticuatro horas el expediente 978/2012 al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, así como el escrito original de expresión de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal revisor, para la substanciación del recurso en cuestión. Lo anterior con apoyo a la tesis de jurisprudencia número 116/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Se hace del conocimiento a la Superioridad que por auto de veintisiete de noviembrede dos mil doce causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios.
Amparo Principal 1031/2012 JUEZ DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO, PUEBLA JUEZ DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO, PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO PERJUDICADO TERESA RAMÍREZ HERNÁNDEZ EL AUTO DE 5 DE FEBRERO DE 2013 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación de esta fecha y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil trece respecto del informe rendido por el Juez Segundo de lo Civil de Tecamachalco, Puebla, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, por lo que se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. Se advierte que en la sentencia engrosada el treinta y uno de enero de dos mil trece (fojas 56 a 69), se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, el Juez de lo Civil delDistrito Judicial de Tecamachalco, Puebla: A) Dejará insubsistente el emplazamiento practicado al quejoso el veinte de abril de dos mil once, al juicio ordinario de nulidad de escritura pública en fraude y por simulación de actos jurídicos 473/2011; B) Dejará sin efectos todo lo actuado en el citado expediente con posterioridad al emplazamiento señalado en el inciso anterior. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, el Juez de lo Civil de Tecamachalco, Puebla mediante oficio 559 remitió la copia certificada de la resolución de cinco de diciembre de dos mil doce emitida en el expediente 173/2011 del que se advierte que dejó insubsistente el emplazamiento practicado al demandado aquí quejoso, así como todo lo actuado por ser una consecuencia de un acto viciado (fojas 140 a 153). Atento lo anterior, toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el archivo del presente asunto comototalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita,debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Asimismo, tomando en consideración que en el presente expediente, fueron ofrecidos documentos como prueba por la parte quejosa, requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquellos en el término de SEIS MESES a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la depuración integral del expediente en que se actúa, de conformidad con lo establecido en el citado precepto legal, para lo cual se establece como fecha probable de depuración el siete de octubre de dos mil trece. Finalmente, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. "
Amparo Principal 1031/2012 RAFAEL PONCE LEÓN JUEZ DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO, PUEBLA 02/07/2013 Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal al quejoso Rafael Ponce León el auto de cinco de febrero de dos mil trece, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso el citado auto por medio de lista.
Amparo Principal 1038/2012 EUGENIO ASCENCIO HERNÁNDEZ JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito signado por EUGENIO ASCENCIO HERNÁNDEZ, en representación de FÉLIX SÁNCHEZ ÁVILA y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto el veintinueve de enero de dos mil trece, previa razón que de recibo de la misma se asiente en autos y por conducto de la persona que autoriza para recibirla; en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado.
Amparo Principal 1098/2012 STELLA NANNI SALVATORI JUEZ DE LO CIVIL DE ATLIXCO 02/07/2013 Agréguese a sus autos el oficio 101 y anexos que acompaña la Secretaria de Acuerdos del Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual remite el expediente de amparo 1098/2012, en que se actúa, cuatro tomos anexos y copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión R-507/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNOD. Para los efectos precisados en la parte final de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a STELLA NANNI SALVATORI por su propio derecho, y como albacea testamentaria de la Sucesión de FEBRONIA JUDITH MÓNICA NANNI SALVATORI, en contra del acto y la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Como consecuencia de lo anterior, glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentesformado con motivo del recurso de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión. Atento a lo anterior, toda vez que carece de objeto que las constancias remitidas por el Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, sigan obrando en los anexos I, II, III y IV de este expediente, remítanse las mismas en vía de devolución a su lugar de origen, y requiérase al juez civil responsable para que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente auto, acuse el recibo de estilo correspondiente apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, requiérase al Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla para quedentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, apercibido que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de Ley de Amparo, en la inteligencia de que deberán remitir a este juzgado Federal, dentro del mismo término, las constancias que acrediten la determinación que adopten al efecto. Norma el criterio de la suscrita juez de Distrito la siguiente tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito: Novena Época Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, Marzo de 1996 Tesis: IX.1o.6 K Página: 883 AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso deexcepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas.
Amparo Principal 1100/2012 JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEACA JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEACA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO PERJUDICADO DELFINO OYARZABAL MORENO LA SENTENCIA DE 31 DE ENERO DE 2013 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por MARGARITA COLEOTE VERA, contra los actos que reclamó de la Juez de lo Civil de Tepeaca, Puebla, consistentes en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 604/2008, por falta de emplazamiento, así como la orden de lanzamiento emanada del mismo expediente y su ejecución por parte de la Diligenciaria adscrita al juzgado responsable, Director de la Policía Municipal y Comandante de la Policía Ministerial con sede en Tepeaca, Puebla. NOTIFÍQUESE LA PRESENTE SENTENCIA AL IGUAL QUE EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA, QUE DICE: " EL INCIDENTE PROPUESTO SE DEBE DECLARAR FUNDADO EN TORNO A LA FALSEDAD ALEGADA DE LA FIRMA QUE OBRA EN DICHO DOCUMENTO PRIVADO; EN CONSECUENCIA LO PROCEDENTE ES DECLARAR FUNDADA LA OBJECIÓN DE FALSEDAD PLANTEADA, Y QUE LA FIRMADEL VENDEDOR QUE OBRA EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS NO ES DE JOSÉ JACINTO COLEOTE TEPETZI , ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO" POR LISTA A LA QUEJOSA POR HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AL TERCERO PERJUDICADO JOSÉ JACINTO COLEOTE TEPETZI POR NO HABER SEÑALADO DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PUEBLA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, PERSONALMENTE AL DIVERSO TERCERO PERJUDICADO DELFINO OYARZABAL MORENO, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. "
Amparo Principal 1146/2012 FRANCISCO JAVIER LOZANO PÉREZ JUEZ QUINTO DEL LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante proveído de ocho de enero de dos mil trece, respecto del oficio remitido por el Juez responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el treinta de octubre de dos mil doce, otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente el auto de veinte de junio de dos mil doce, únicamente en la parte que se impuso al aquí quejoso la multa reclamada en el juicio civil 477/2012 de su índice y, con plenitud de jurisdicción, dictara otro, pudiendo ser enel mismo sentido, pero fundado y motivando su decisión, en los términos señalados en la sentencia de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el veintiséis de noviembre de dos mil doce, el Juez natural, realizó lo siguiente: I. Mediante auto emitido el siete de enero de dos mil trece, dentro del Juicio de Desocupación por Terminación de Contrato de Arrendamiento y Pago de Rentas 477/2012 de su índice, dejó insubsistente la parte conducente del acuerdo dictado el veinte de junio de dos mil doce, únicamente en la parte que se impuso al aquí quejoso la multa reclamada. II. Así mismo, con plenitud de jurisdicción determinó lo siguiente: ".Con fundamento en lo establecido por los artículos 59 fracción I, 61, 68, 88, 204, 225 y 218, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, tomando en cuenta que Francisco Javier Lozano Pérez, en su calidad de parte demandada, no compareció a la audiencia de conciliación, se hace efectivo elapercibimiento realizado en el proveído de quince de mayo de dos mil doce, por desacato e inasistencia a la misma, y se impone a la parte reo una multa consistente en cinco días de salario mínimo vigente en la zona. Ello así, porque las determinaciones de los Tribunales, contienen el carácter de coercitivas y con el fin de lograr el cumplimiento de las mismas, existen medidas de apremio como la impuesta a la parte reo; lo anterior, aunado de que existe un apercibimiento de la ley debidamente fundado y determinado en un mandamiento legítimo de autoridad en caso de incumplimiento al mismo, y que fue notificado al sujeto obligado (demandado) mediante la citación para audiencia de conciliación el día veintiuno de mayo de dos mil doce, tal y como se advierte a foja 32 de actuaciones. Además, de que la citada multa, se ubica entre la media y la mínima, más próxima a ésta última, misma que se encuentra en sentido proporcional a las posibilidades económicas del actor en atención a lanaturaleza del inmueble consignado en el contrato de arrendamiento fundatorio de la acción y al monto de pensión rentística mensual pactada en el mismo por la cantidad de $3,700.00 tres mil setecientos pesos 00/100 M.N, sin que su imposición, signifique un detrimento significante en el patrimonio del demandado o afectación a su seguridad jurídica, pues precisamente en aras de la procuración de estos tópicos, la parte reo fue debidamente notificado a fin de resolver el conflicto jurídico planteado por la accionante a través del procedimiento de conciliación. En consecuencia, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas, a fin de hacer efectiva la multa de mérito, que será destinada al Fondo para el Mejoramiento de Administración de Justicia. Mediante el oficio de estilo, comuníquese a la autoridad federal la presente resolución. (.)" De lo anterior, se advierte que el Juez responsable fundó y motivó su decisión, pues se apoyó en el artículo 59, fracción I del Código deProcedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cual establece que la multa por desacato a una orden judicial constituye una medida de apremio que obedece a la necesidad de que los juzgadores puedan hacer cumplir sus determinaciones. Además, motivó su determinación en el sentido de tomar en consideración, al momento de fijar la multa, la gravedad de la infracción, la reincidencia y la capacidad económica del infractor, misma que obtuvo de los datos existentes en el Juicio de Desocupación por Terminación de Contrato de Arrendamiento y Pago de Rentas 477/2012 de su índice, ya que al establecer que dicho infractor tiene pactada, con la parte accionante, como pensión rentística mensual, la cantidad de $3,700.00 (tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), por el bien inmueble sujeto a contrato de arrendamiento, motiva su decisión, toda vez que como lo señala, una multa de cinco días de salario mínimo vigente en la zona, no causa un detrimento significante en el patrimonio del demandadoo afectación a su seguridad jurídica. En consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente y toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo yprotección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible dedestrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
Amparo Principal 1245/2012 JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE 31 DE ENERO DE 2013, QUE EN LO CNDUCENTE DICE: "R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a MARÍA GUADALUPE MANZANILLA ESPINOZA, en contra del acto, autoridad y por las razones y fundamentos que se expresan en los considerandos segundo y cuarto de la presente sentencia. "
Amparo Principal 1272/2012 JOEL AVILA CASTAÑEDA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Agréguese a los autos el oficio del Juez Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla; en atención a su contenido, téngase al Juez responsable informando las gestiones realizadas a fin de reponer los autos del expediente 79/1985 de su índice.
Amparo Principal 1318/2012 JAIME CIELO CUAUTLE JUEZ MUNICIPAL DE LO PENAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA 02/07/2013 Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de JORGE LUIS NUÑEZ VARGAS, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto el veinticinco de enero de dos mil trece, previa razón que de recibo de la misma se asiente en autos, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. Por cuanto a la diversa petición en el sentido de que el ocursante autorice a las personas que refiere para recibir las copias de mérito, dígasele que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a laley de la materia, según su numeral 2, se desecha su solicitud por notoriamente improcedente. Lo anterior es así, ya que la primera parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, establece que el agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para imponer los recursos que procedan, ofrecer pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.
Amparo Principal 1342/2012 LORETO NUÑEZ MEDELLIN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de MARÍA LUCESITA NÚÑEZ MEDELLÍN en su carácter de su albacea de MARÍA RITA FELIPA MEDELLÍN TORRES, también conocida como RITA MEDELLÍN O MARÍA RITA MEDELLÍN TORRES O RITA MEDELLÍN DE NÚÑEZ O RITA MEDELLÍN TORRES; en atención a su contenido, téngase a la mencionada tercero apersonándose al presente juicio de garantías. Así mismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que alude en su escrito, y como autorizado con las facultades amplias previstas en la primera parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Ávila Cruz; lo anterior, por tener inscrita su cédula profesional de licenciado en derecho en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en su ocurso por no tener registrada su cédula en elcitado registro.
Amparo Principal 1360/2012 JAVIER LUCAS APARICIO JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ITINERANTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vistos el oficio y anexo de cuenta signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de treinta de enero pasado, y para tal efecto remite copia certificada de la ejecutoria dictada el veinticinco de febrero de dos mil diez, en el expediente D-19/2010 de su índice, para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 1460/2012 ULISES ALCANTARA JUÁREZ JUEZ DE LO PENAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a sus autos el escrito de Ulises Alcántara Juárez y Rogelio Jesús Vivanco Durán, parte quejosa en el presente asunto y, en atención a su contenido, téngaseles interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por consiguiente, con apoyo en los artículos 82, 83, fracción IV, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de veinticuatro horas el original y copia del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, conjuntamente con este expediente en que se provee, para que la Superioridad esté en posibilidad de correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con apoyo a la tesis de jurisprudencia número116/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Así mismo, con diversa copia del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
Amparo Principal 1460/2012 ULISES ALCANTARA JUÁREZ JUEZ DE LO PENAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a sus autos el escrito de Ulises Alcántara Juárez y Rogelio Jesús Vivanco Durán, parte quejosa en el presente asunto y, en atención a su contenido, téngaseles interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por consiguiente, con apoyo en los artículos 82, 83, fracción IV, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de veinticuatro horas el original y copia del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, conjuntamente con este expediente en que se provee, para que la Superioridad esté en posibilidad de correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con apoyo a la tesis de jurisprudencia número116/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Así mismo, con diversa copia del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
Amparo Incidental 1520/2012 ADELINA SOLÍS GUEVARA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Vistos, agréguense a los autos la copia certificada del oficio y anexo de cuenta, para que surtan los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, toda vez que la Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla devolvió debidamente diligenciado el despacho 31/2013 de veintidós de enero del presente año librado por este órgano jurisdiccional, a fin de que emplazara al presente juicio al tercero perjudicado 3. Luis Salvador Arenas y, como está ordenado en el proveído de esta misma fecha en el expediente principal del que deriva el presente incidente, se ordena notificar al citado tercero perjudicado el auto de veintiocho de septiembre pasado, que dice: "Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que antecede, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1520/2012, promovido por a) Adelina Solís Guevara, b) Miriam Luisa Toxtle Solís, c) SergioMargarito Toxtle Guevara y d) Sergio Toxtle Solís, por propio derecho, contra actos de las autoridades siguientes: 1. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; 2. Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; y, 3. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 130, 131, 132 y 136 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, para lo cual se les envía copia simple de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una corrección disciplinaria equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el penúltimo precepto invocado, en relación con el artículo 55, fracción II delCódigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En el mismo sentido, requiérase a la junta responsable para que al momento de rendir su informe previo manifieste cuáles fueron las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, a cuánto asciende la condena y el salario que tomó de base para emitir tal condena, o bien, remita copia certificada del laudo dictado en los autos del juicio laboral D-4/323/2010; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una corrección disciplinaria equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el penúltimo precepto invocado, en relación con el artículo 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce, como fecha para la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que los actosreclamados por la parte quejosa en la presente instancia derivados del juicio laboral de origen D-4/323/2010 son: a) Todo lo actuado; b) El laudo; c) La falta de emplazamiento; y, d) El embargo decretado sobre la casa ubicada en Calle Cinco Sur, número quinientos seis (506), Colonia Centro, San Andrés Cholula, Puebla y sobre el predio rústico denominado "Buenotlán" sito en la Población de San Andrés Cholula, Puebla, propiedad de los quejosos b) Miriam Luisa Toxtle Solís y c) Sergio Margarito Toxtle Guevara En ese orden de ideas, en relación a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), se niega la suspensión provisional por tratarse de actos consumados y, porque de concederse a la medida cautelar se le daría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en su caso se llegare a dictar en el juicio principal. Apoya lo anterior la jurisprudencia número II.3o.J/37, visible en la página cincuenta y uno, Tomo 60, Diciembre de 1992,Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Por cuanto hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados antes precisados que en la especie se traducen, en la ejecución del laudo dictado a favor de la ahora parte tercero perjudicada, dentro del juicio laboral D-4/323/2010 de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en el cual se condenó a la parte quejosa a pagar diversas prestaciones, es evidente que se actualiza la hipótesis que prevé el artículo 174 de la Ley de Amparo, tal como lo dispone la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte deJusticia de la Nación de rubro y datos de identificación siguientes: SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO (Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Tesis 4a./J. 13/90, página 249). En mérito de lo anterior y de conformidad con el 107, fracción X constitucional y 124 de la Ley de la materia, por lo que hace a la caución que en términos de la Ley de Amparo garantiza el posible interés material de los tercero perjudicados, se niega la suspensión provisional del acto reclamado por la cantidad necesaria para garantizar la subsistencia de la parte trabajadora, es decir, la privación de las ganancias lícitas que obtendría ésta de estar establecida en su trabajo durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, y que consiste en dieciocho mil pesos ($18,000.00 moneda nacional), por cada trabajador,la cual fija la suscrita Juez de manera discrecional al considerar la suma de cien pesos diarios como sueldo base de los aquí tercero perjudicados pues ni del escrito de demanda ni de sus anexos se advierte el salario base de los mencionados trabajadores, por seis meses, lo cual arroja la suma antes descrita. Por otra parte, toda vez que de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que se reclama, entre otros actos, el cobro del monto al cual fue condenada la parte quejosa a pagar a los tercero perjudicados en el juicio laboral D-4/323/2010, del índice de la Junta responsable, atento a la suspensión la solicita la parte quejosa y toda vez que con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social y son de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución de dicho laudo, con fundamento en el artículo 107, fracción X constitucional y 124 de la Ley de la materia, se concede lasuspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades responsables se abstengan de ejecutar el acto reclamado, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. De igual forma, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, por la cantidad que exceda de dicha subsistencia, la cual surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si en el término de cinco días contado a partir de la legal notificación a la presente, cada uno de los quejosos, por separado, no garantizan los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero perjudicada de no obtener sentencia favorable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo. En tal virtud, la caución que en términos de la Ley de Amparo garantiza el posible interés material de la parte tercero perjudicada que se ve afectada por la suspensión del acto reclamado que establece en su favor una condena líquida ode fácil liquidación, misma cuya estimación queda al prudente arbitrio de la suscrita, cuya cuantía debe responder por los daños y perjuicios que con tal medida se pueden causar a la parte tercera perjudicada, es decir, la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme a la condena judicial, tomando en cuenta que la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de ese fallo, que no afecta su validez, que no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse; de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo, por tanto, se fija a satisfacción de este juzgado federal la cantidad de $5,000.00 (cinco mil seiscientos pesos cero centavos en monedanacional) que la parte quejosa, por separado, debe exhibir para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a los tercero perjudicados con la ejecución de la condena restante, y en caso de que el juicio fuere resuelto desfavorablemente a los intereses de la parte quejosa; sin embargo, tal garantía puede aumentar o disminuir conforme al informe previo que en su oportunidad rinda la junta responsable. Sin que pase inadvertido para la suscrita la jurisprudencia de rubro siguiente: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES; sin embargo, es un hecho notorio para el suscrito que en el Séptimo Circuito los Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Trabajo, como las Junta Laborales, tienen exceso de trabajo que justifica plenamente el término de seis meses señalado. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidadjurídica, la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: @ SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras seresuelve el juicio de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme allaudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" o algún otro indicador similar que, por supublicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable. (No. Registro: 191,903, Jurisprudencia, Materia(s): Laboral, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Mayo de 2000, Tesis: 2a./J. 40/2000, Página: 262). SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casosexcepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionariode garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o defácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. (No. Registro: 191,770, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Mayo de 2000, Tesis: 2a. LIII/2000, Página: 315). Dicha determinación surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si en el término de cinco días contado a partir de la legal notificación a la parte quejosa no garantiza los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero perjudicada de no obtener sentencia favorable, de conformidad con lodispuesto por el artículo 125 de la ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia y tesis, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose elJuez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, elquejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera. (No. Registro: 202,563, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Mayo de 1996, Tesis: III.3o.C. J/3, Página: 571) Finalmente, por lo que hace al acto identificado en el inciso d) es procedente conceder la suspensión provisional para el único efecto de que, sin perjuicio de que la 1. Junta Local Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, continúen con el procedimiento de remate dentro del juicio laboral D-4/323/2010, respecto del bien inmueble sito el Calle Cinco Sur, número quinientos seis (506), Colonia Centro, San Andrés Cholula, Puebla y sobre el predio rústico denominado "Buenotlán" sito en laPoblación de San Andrés Cholula, Puebla, se abstenga de dictar la resolución que apruebe o desapruebe su remate, y en caso de haberse emitido dicho acto, no tire la escritura de adjudicación correspondiente a favor de la parte actora (aquí tercero perjudicados), ni desposea a los quejosos del mismo. Lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables tengan notificación de la resolución que se emita de manera definitiva en este incidente de suspensión; siempre y cuando los quejosos tengan el carácter de demandados en el expediente de origen y a la fecha en que se notifique la presente resolución a las responsables no se haya llevado a cabo lo anterior; y, que la orden de embargo del bien inmueble haya sido dictada por la 1. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dentro del juicio laboral D-4/323/2010 y no así por diversa autoridad judicial, administrativa o de trabajo ni en diverso expediente, pues de no ser así, la presentesuspensión no surte efecto alguno. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada por duplicado del presente acuerdo, autorizando para recibirlas a las personas que indica, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a doce horas de los días hábiles, ya que así lo permiten las labores de este órgano jurisdiccional. Signifíquese a la parte quejosa que si el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional devuelve los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias o asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, loanterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la citada ley y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. A su vez, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 constitucional y el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por mandato de su artículo 2, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que resulten necesarias en este asunto." así como la resolución interlocutoria de once de octubre ambos de dos mil doce, que dice: "PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Adelina Solís Guevara, Miriam Luisa Toxtle Solís, Sergio Margarito Toxtle Guevara y Sergio Toxtle Solís, contra los actos que reclama a la 1. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otras autoridades, en términos de losconsiderandos tercero y cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Adelina Solís Guevara, Miriam Luisa Toxtle Solís, Sergio Margarito Toxtle Guevara y Sergio Toxtle Solís, contra los actos que reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otras autoridades, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria." por medio de lista, para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 1520/2012 ADELINA SOLÍS GUEVARA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Vistos, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surtan los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase a la Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla devolviendo debidamente diligenciado el despacho 31/2013 de veintidós de enero del presente año librado por este órgano jurisdiccional, a fin de que emplazara al presente asunto al tercero perjudicado 3. Luis Salvador Arenas y lo requiriera para que en el término de tres días computados legalmente señalara domicilio en la ciudad de Puebla para oír y recibir notificaciones personales; por tanto téngase por emplazado a dicho tercero perjudicado. Dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dése vista del emplazamiento del tercero perjudicado 3. Luis Salvador Arenas en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo,para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda los presentes autos de los que se advierte que por proveídos de veinticinco y treinta y uno de octubre y veintiuno de noviembre de del año próximo pasado, que obran a fojas ciento treinta y siete, ciento cuarenta y cuatro y ciento cincuenta y tres de autos, se reservó proveer respecto de las razones actuariales de veinticuatro y treinta y uno de octubre y, veintiuno de noviembre de dos mil doce, hasta en tanto se agotara la investigación de los tercero perjudicados 1. Jesús Catillo Tapia, 2. Antonio Rico Sámano, 3. Luis Salvador Arenas y 4. Amador Rivera Hernández y, como ello ya aconteció, se provee: Vistas la razón actuariales de veinticuatro y treinta y uno de octubre y, veintiuno de noviembre de dos mil doce, téngase a los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional manifestando que les fue imposible emplazar al presente juicio a los tercero perjudicados 1. JesúsCastillo Tapia y 2. Antonio Rico Sámano por los motivos que indican en dichas razones. Atento a lo anterior y en razón de que en el auto de quince de octubre de dos mil doce se apercibió a la parte quejosa que en caso de no obtener un domicilio de los tercero perjudicados 1. Jesús Catillo Tapia, 2. Antonio Rico Sámano y 4. Amador Rivera Hernández mediante la investigación de oficio de los mismos, se ordenaría el emplazamiento por medio de edictos; consecuentemente, se ordena emplazar por edictos a costa de la parte quejosa, a los tercero perjudicados 1. Jesús Catillo Tapia, 2. Antonio Rico Sámano y 4. Amador Rivera Hernández, los que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal", a elección de la parte quejosa, por ser los de mayor circulación en la República Mexicana; quedando adisposición de los mencionados tercero perjudicados, en la actuaría de este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda de garantías y del auto admisorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según su artículo 2, y que deberán presentarse ante este juzgado dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación. En razón de lo anterior, se requiere a la parte quejosa, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, recoja en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, los referidos edictos que deberán publicarse de la siguiente manera: PRIMERA PUBLICACIÓN DE UNO DE MARZO, SEGUNDA PUBLICACIÓN DOCE DE MARZO y TERCERA PUBLICACIÓN VEINTIDÓS DE MARZO, TODOS DE DOS MIL TRECE, debiendo acreditar ante este órgano jurisdiccional,haber solicitado la publicación a más tardar el veintiséis de febrero de dos mil trece y, dentro de los tres días siguientes a la última publicación, deberá acreditar con las constancias respectivas su publicación; apercibida que de no cumplir con cualquiera de los pasos antes establecidos, se decretará el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Resulta aplicable al anterior razonamiento, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto, rubro y datos de identificación se citan a continuación: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logreinvestigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualizauna causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Julio de 2002, Tesis: 2a./J. 64/2002, Página: 211). No se inadvierte la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de lanación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarlelas medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio deamparo." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, Agosto de 2010, Tesis: 2a./J. 108/2010, Página: 416). Sin embargo, apercibida que fue la parte quejosa con emplazar a los mencionados tercero perjudicados por edictos (foja ciento seis), nada manifestó o alegó en el sentido de carecer de recursos económicos para publicar los edictos. Fechas de publicación que se indican a efecto de que la parte quejosa pueda realizar los trámites administrativos necesarios para obtener la publicación de los edictos ordenados en el presente proveído. Asimismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado.
Amparo Principal 1544/2012 DENISSE JULIÁN RAMÍREZ JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese al presente juicio de amparo el oficio 0737 de la Actuaria del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y anexos, a través del cual informa a esta autoridad que Mónica Paola Robledo Magaña, quien se ostenta como apoderada de la parte quejosa Denisse Julián Ramírez, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 fracción VI de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil trece; en consecuencia, ríndase el INFORME CON JUSTIFICACIÓN respectivo, manifestando que ES CIERTO que con esa fecha se dictó el proveído impugnado. A su vez, dígase a la superioridad que en el juicio de garantías en que se actúa en el auto admisorio de tres de octubre de dos mil doce, se tuvo a Mónica Paola Robledo Magaña por reconocida su personalidad como apoderada de Denisse Julián Ramírez en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, pues acreditó dicha personalidad con copiaautorizada de la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil nueve dictada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla en el expediente D-2/180/2009 del índice de la mencionada responsable. Para justificar dicho informe, remítase copia certificada de lo siguiente: papeleta de turno, demanda de amparo y sus anexos, auto admisorio, proveído de veinticinco de enero de dos mil trece y de las constancias de notificación del mismo, todas deducidas del presente juicio de amparo 1544/2012. Así mismo, se tiene a dicho órgano revisor informando a este juzgado Federal que dicho recurso de queja quedó registrado bajo el número QT-12/2013. Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO en el presente juicio de garantías, hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que emita en su oportunidad el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Resultaaplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2/2010, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de diciembre de dos mil nueve, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU INTERPOSICIÓN NO IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Del citado precepto legal, que condiciona la procedencia del recurso de queja a la causación de un daño o perjuicio relevante a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, se advierte la intención del legislador de garantizar la expeditez del juicio de amparo al establecer la manera de evitar que dicho medio de impugnación se utilice en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente el desarrollo del proceso, lo cual es congruente con el artículo 157 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los jueces de distrito deben cuidar que los juicios degarantías no queden paralizados. Ahora bien, el artículo 101 de la ley mencionada señala que la interposición del mencionado recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, y además de condicionar tal medida a que la resolución que llegue a dictarse en la queja influya en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos del recurrente que pudiera haber hecho valer en la audiencia, si obtuviera resolución favorable en el recurso, remite al artículo 53 de la propia ley, para determinar los términos y alcances de la suspensión; de manera que de la interpretación gramatical y conjunta de los referidos numerales 101 y 53 se evidencia que la aludida remisión es sólo para excluir, para efectos de la suspensión tratándose de la queja, a las resoluciones pronunciadas en el incidente de suspensión, no para paralizar todo el procedimiento del juicio de amparo, como cuando se suscita una cuestión de competencia. Lo anterior esasí, en virtud de que además de que el citado artículo 101 prevé expresamente los casos en que ha de suspenderse el procedimiento, los cuales no son totalizadores, las finalidades perseguidas con la suspensión en materia competencial y la suspensión tratándose del indicado recurso de queja son distintas y, por ende, producen diferentes efectos, pues mientras en el primer supuesto el objeto es evitar la realización de actuaciones por un juez que carece de competencia, en el segundo es impedir que quede sin materia la violación adjetiva cometida en el procedimiento del juicio de amparo o evitar perjuicios irreparables a los recurrentes. Consecuentemente, la suspensión establecida en el artículo 101 de la Ley de Amparo, derivada de la interposición del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de dicha legislación, no implica la paralización total del juicio de garantías, pues al tratarse de una medida cautelar sólo tiene el propósito de preservar la materia de lalitis constitucional y evitar la causación de daños y perjuicios irreparables al recurrente; finalidad que se logra: a) impidiendo únicamente el dictado de la sentencia, sin demérito de los demás actos procesales, cuando la violación recurrida es meramente procesal y está vinculada con la litis del juicio de amparo; b) obstaculizando su ejecución material y la emisión de la sentencia, si la violación afecta derechos sustantivos y se relaciona con la litis constitucional; y, c) sólo obstaculizando su ejecución material, esto es, ni siquiera impidiendo la celebración de la audiencia constitucional y el dictado del fallo, cuando la infracción guarda independencia del fondo del asunto, ya que tales actos pueden subsistir de manera autónoma. Sostener lo contrario implicaría desconocer tanto la naturaleza sumaria del juicio de garantías como el principio de celeridad procesal derivado de los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 101,113, 117 y 157 de la Ley de Amparo." Contradicción de tesis 49/2008-PL. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional señalada para el día de hoy siete de febrero de dos mil trece a las nueve horas con treinta y cuatro minutos Por último, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado se ordena hacer del conocimiento del resto de las partes en el presente juicio la promoción del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, debiendo correrles traslado con copia del escrito de interposición respectivo. Debiendo informar a la superioridad que una vez que se cuente con las constancias de notificación le serán remitidas.
Amparo Principal 1588/2012 SALVADOR DOMINGUEZ ESTEVEZ JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que por auto de treinta de enero pasado se dio vista a las partes por el término de tres días con las constancias remitidas por el Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y toda vez que el referido término se encuentra transcurriendo; en consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por tanto se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DOS MIL TRECE.
Amparo Principal 1622/2012 Fermín Salez Carbaja y Cohinta Mavil Calderón, a través de su apoderado Víctor Javier Suárez Márquez Juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial de Puebla y otras 02/07/2013 Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que mediante proveído de nueve de enero de dos mil trece, se requirió a la parte quejosa a efecto de que precisara si era su deseo o no ampliar su demanda de garantías, en el sentido de señalar como autoridad responsable al Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, otorgándole el término de quince días para tal efecto, y dicho proveído se le notificó por lista de acuerdos el dieciocho de enero de este año, surtiendo sus efectos el veintiuno siguiente, por lo que dicho término comenzó a contar el veintidós de enero del año en curso y se encuentra transcurriendo. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE. Por otra parte, agréguese a los autos para que obren como correspondan los escritos de Víctor Javier Suárez Márquez en sucarácter de representante de FERMÍN SALEZ CARBAJAL y COHINTA MAVIL CALDERÓN y el diverso de LUIS MARTÍNEZ BARRIENTOS y RAYMUNDO OROPEZA y JUÁREZ; en atención a sus respectivos contenidos, con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Amparo, téngase a las partes quejosa y tercero perjudicada formulando sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de reproducirlos en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de la Materia, téngase como pruebas de la parte quejosa las que ofrece en su escrito de cuenta con folio 03710, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
Amparo Principal 1660/2012 ENRIQUETA GAMEZ MUÑOZ JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA 02/07/2013 Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado respecto a la ampliación de la demanda que rinde la autoridad responsable 4. Fernando E. Mota, Policía de Tránsito P/013 de la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, con que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo. Así mismo, ténganse a la autoridad responsable señalando domicilio y designando como delegados en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona.
Amparo Principal 1682/2012 ÁNGEL RODRIGO RUÍZ CORVADA JUEZ DE LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintinueve de enero de dos mil trece, se requirió al Director de la Escuela Primaria Federal "Vicente Suárez" de Tepeaca, Puebla, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercero perjudicada María Cacilda Gloria Sánchez, sin que obre en autos la constancia del acuse de recibo del oficio II-3550-1 que contiene el proveído por el que se le hizo dicho requerimiento; en consecuencia, al no estar integrado este expediente para dictar sentencia, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.
Amparo Principal 1694/2012 ANA MARÍA CATALINA VELAZQUEZ MASTRETTA JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los autos el escrito signado por Luis Fernando Velázquez Mastretta, en su carácter de representante común de la parte quejosa y autorizado, y visto su contenido del que se advierte solicita se difiera la audiencia constitucional señalada para el doce de febrero del año en curso porque el informe justificado del Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Puebla no se rindió con la anticipación de ocho días previos a la celebración de la audiencia. Ahora bien, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que fueron señaladas las nueve horas con treinta y cuatro minutos del doce de febrero de dos mil trece, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; por lo que tomando en cuenta la solicitud formulada por el representante común de la parte quejosa y su autorizado y, considerando que el día señalado para la celebración de la audiencia no se cumpliría el término de ocho días que prevé el artículo 149 de laLey de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada, en tal virtud en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia visible en la página cinco del Tomo XI, abril de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍASDE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. que obliga a los Jueces de Distrito a diferir la audiencia de mérito y a señalar una nueva fecha para que tenga verificativo cuando los informes justificados no se rindan con la anticipación debida que establece el numeral 149 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de esa tesis se advierte que su finalidad es equilibrar procesalmente a las partes, pues el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el quejoso o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, de modo que en seguimiento del criterio del Máximo Tribunal del país, debe considerarse que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse con motivo de su diferimiento para el indicado efecto,deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así pueden el quejoso o el tercero perjudicado ajustarse a los términos que el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo señala para el anuncio de las pruebas testimonial, pericial o de inspección, y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción de los informes justificados, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de tales pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y del espíritu mismo de la aludida jurisprudencia. (Novena Época, Registro: 187857, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/12, Página:667). En consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que seactúa.
Amparo Principal 1723/2012 CIRILA GARCIA GONZALEZ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de enero de dos mil trece (foja 148) y, al efecto, acompaña el acta que contiene la diligencia de inspección ocular de veinticinco de enero de dos mil trece, de lo que queda enterada la suscrita juez Federal, para los efectos legales conducentes.
Amparo Principal 1724/2012 JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QEUEJOSO EL AUTO DE 9 DE ENERO DE 2013 QUE EN LO CNDUCENTE DICE: "Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente y un anexo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sea remitido al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del AcuerdoGeneral 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias simples de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. "
Amparo Incidental 1728/2012 GAS GLOBAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 02/07/2013 Agréguese a sus autos oficio A-35 de la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado Federal, que por auto dictado por el Presidente de ese órgano colegiado el cinco de febrero de dos mil trece, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de veintiuno de diciembre de dos mil doce dictada en el presente incidente de suspensión; quedando registrado en el libro de gobierno con el número I.R.52/2013, del citado tribunal; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 1745/2012 MARIA GUDELIA ELSA CRUZ HUERTA JUEZ NOVENO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciséis de enero de este año mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa promovido por María Gudelia Elsa Cruz Huerta o Elsa Cruz Huerta, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido;insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir al quejoso para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original delincidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración, para lo cual se establece como fecha probable para ello el seis de agosto de dos mil trece. Notifíquese mediante oficio a las responsables, así como a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (autoridad no responsable); porlista a la parte quejosa.
Amparo Principal 1755/2012 RICARDO LOPEZ LOPEZ PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el oficio II. 0879/2013, del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que se da cuenta, por medio del cual comunica a la suscrita Jueza Federal que por auto dictado por el Magistrado Presidente de ese órgano colegiado el cinco de febrero pasado, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Ricardo López López, en contra de la sentencia dictada en autos; quedando registrado en el libro de gobierno con el toca de revisión R-81/2013, del citado Tribunal, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 1757/2012 JAVIER GONZALEZ MARTINEZ JUEZ DE LO PENAL DE TEPEACA 02/07/2013 Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL TRECE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento a los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente y anexo I a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sean remitidos al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del CentroAuxiliar de la Novena Región. En razón de lo anterior, agréguense al presente cuaderno de antecedentes copias certificadas de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ y, atento a su contenido, téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y por autorizadas en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a las personas que menciona al tratarse de un asunto de naturaleza penal, lo anterior para los efectos legales correspondientes.
Amparo Principal 1775/2012 FABIAN HERNANDEZ CID DELEGADO ESTATAL EN PUEBLA DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de diez de enero pasado, para que manifieste si es su deseo o no ampliar la demanda de garantías en el sentido de señalar como nuevo acto reclamado la contestación que dio a su solicitud de trámite 6839/2011 la autoridad responsable Delegada en el Estado de Puebla del Registro Agrario Nacional; en consecuencia, al no guardar estado el presente asunto para dictar sentencia, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere para las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece. Por otra parte, toda vez que el quejoso indicó (foja 3) que promovió diverso juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla registrado con el número 802/2011, a fin de resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 79 del Código Federalde Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, para que de no tener inconveniente legal alguno, informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo 802/2011 de su índice y remita copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio y sentencia si es que ésta ya se emitió.
Amparo Principal 1785/2012 LILIANA CAMPOS CISNEROS JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA 02/07/2013 R E S U E L V E: @ @ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1785/2012, promovido por LILIANA CAMPOS CISNEROS, por propio derecho y como representante de su menor hijo CARLOS EDUARDO REYES, contra los actos que reclamó a la JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA consistentes en la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio de alimentos 263/2005 así como la omisión de resolver el incidente de liquidación de pensiones provisionales.
Amparo Principal 1822/2012 FIDEL PÉREZ CRUZTITLA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que por auto de veinticinco de enero de dos mil trece se dio vista a las partes por el término de ocho días con las constancias remitidas por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y toda vez que dicho auto se notificó por lista el veintiocho de enero de este año, surtió sus efectos el veintinueve siguiente, es evidente que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes; en consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por tanto, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, para su celebración.
Amparo Principal 1829/2012 ROSENDO EZEQUIEL TLATELPA SÁNCHEZ DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL TRECE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento a los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sea remitido al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar de laNovena Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias simples de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Amparo Incidental 1855/2012 JORGE ALEJANDRO LEIVA GÓMEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DELEGACIÓN NORTE MESA DE TRÁMITE TURNO MATUTINO 02/07/2013 Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial de este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar al quejoso Jorge Alejandro Leiva Gómez, el auto de veinticuatro de enero del año que transcurre, QUE DICE: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado al parecer por el quejoso Jorge Alejandro Leiva Gómez y, atento a su contenido, dígasele que una vez que ratifique el escrito de mérito ante la presencia judicial se acordará lo procedente, habida cuenta que existe notoria discrepancia con la firma plasmada en la demanda original que obra en autos visibles a foja cinco en el juicio principal del que deriva esta incidencia, en relación con la del escrito de cuenta, en el entendido de que la ratificación del mismo deberá hacerla dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este acuerdo, de conformidad a lo establecido en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de ProcedimientosCiviles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y se le apercibe que en caso de no hacerlo en dicho término, no se proveerá respecto del ocurso de cuenta; asimismo, se hace de su conocimiento que de no conducirse con verdad se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Octava Época, Materia Común, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1992, página 202, que dice: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos enque incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas" en el domicilio que para tal efecto señaló en su demanda de garantías, por las razones que de la misma se desprenden, toda vez que al constituirse en la Calle 29 "A" Sur del Fraccionamiento Nuevo Amanecer la numeración inicia con el número 3923, así continuamente, por lo que no localiza el marcado como 3905. En consecuencia, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso Jorge Alejandro Leiva Gómez el acuerdo de veinticuatro de enero pasado, el presente acuerdo y las subsecuentes aun las de carácter personal por medio de lista; lo anterior, porque el domicilio que seseñale para recibir notificaciones, no sólo debe existir físicamente, sino que es necesario que en el mismo se puedan practicar las notificaciones; es decir, sea factible realizarlas, lo que no ocurre en el caso, porque no localizó el inmueble buscado.
Amparo Principal 1855/2012 JORGE ALEJANDRO LEIVA GÓMEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DELEGACIÓN NORTE MESA DE TRÁMITE TURNO MATUTINO 02/07/2013 Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial de este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar al quejoso Jorge Alejandro Leiva Gómez, el auto de veinticuatro de enero del año que transcurre, QUE DICE: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado al parecer por el quejoso Jorge Alejandro Leiva Gómez y, atento a su contenido, dígasele que una vez que ratifique el escrito de mérito ante la presencia judicial se acordará lo procedente, habida cuenta que existe notoria discrepancia con la firma plasmada en la demanda original que obra en autos visibles a foja cinco, en relación con la del escrito de cuenta, en el entendido de que la ratificación del mismo deberá hacerla dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este acuerdo, de conformidad a lo establecido en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, yse le apercibe que en caso de no hacerlo en dicho término, no se proveerá respecto del ocurso de cuenta; asimismo, se hace de su conocimiento que de no conducirse con verdad se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Octava Época, Materia Común, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1992, página 202, que dice: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante laautoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. " en el domicilio que para tal efecto señaló en su demanda de garantías, por las razones que de la misma se desprenden, toda vez que al constituirse en la Calle 29 "A" Sur del Fraccionamiento Nuevo Amanecer la numeración inicia con el número 3923, así continuamente, por lo que no localiza el marcado como 3905. En consecuencia, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso Jorge Alejandro Leiva Gómez el acuerdo de veinticuatro de enero pasado, el presente acuerdo y las subsecuentes aun las de carácter personal por medio de lista; lo anterior, porque el domicilio que se señale para recibir notificaciones, no sólo debeexistir físicamente, sino que es necesario que en el mismo se puedan practicar las notificaciones; es decir, sea factible realizarlas, lo que no ocurre en el caso, porque no localizó el inmueble buscado.
Amparo Principal 1867/2012 * * * * * JUEZ DE LO PENAL DE ATLIXCO 02/07/2013 Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL TRECE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento a los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente y anexo I a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sean remitidos al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar dela Novena Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias simples de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Amparo Principal 1867/2012 * * * * * JUEZ DE LO PENAL DE ATLIXCO 02/07/2013 Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sean remitidos al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del CentroAuxiliar de la Novena Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias simples de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Amparo Incidental 1871/2012 REGINA VAZQUEZ SAUT SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito mediante el cual informa que por acuerdo de cinco de febrero de dos mil trece el Presidente de dicho Tribunal admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por Regina Vázquez Saut a través de su autorizado en términos amplios del precepto 27 de la Ley de Amparo, en contra de la interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil doce, en la cual se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1871/2012, radicado con el número de expediente I.R.41/2013, de su índice administrativo.
Amparo Principal 1915/2012 RODOLFO DAVID CHAVEZ CARRETERO CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprende que mediante proveído de veintiuno de diciembre del año pasado se tuvo a la autoridad responsable 1. Congreso del Estado de Puebla, a través del Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos rindiendo su informe justificado y al afecto anexó copia certificada del decreto de treinta y uno de julio de dos mil doce, del que se desprende la intervención de dos nuevas autoridades; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el improrrogable término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo o no señalar como autoridades responsables al 7. Gobernador y 8. Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, pues fueron las responsables de intervenir en la publicación y en la ejecución del aludido decreto.Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todorigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. (Novena Época, Registro: 182617, Instancia: Segunda Sala,Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 112/2003, Página: 93). Contradicción de tesis 86/2003-SS. En la inteligencia de que en caso de señalarlas, deberá acompañar una copia de su escrito de demanda para cada autoridad, para emplazarlas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo, precisando el acto que les reclama y los conceptos de violación, así como los demás requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la tesis y la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: AMPLIACION DE LA DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA. La ampliación de la demanda forma parte de la demanda misma y, por lo tanto, en principio debe llenar los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo. Pero es evidente que sólo debe satisfacerlos en cuanto constituye una ampliación. Es decir, si laampliación no es total, no deben repetirse de nuevo todos los elementos que señala el precepto a comento, sino únicamente los que atañen a lo que se agrega a la demanda inicial. Por otra parte, así como la ampliación está sujeta, en lo conducente, a satisfacer los requisitos que para la demanda señala el mencionado artículo 116, así también está sujeta al procedimiento que señala el artículo 146, y si en el escrito de ampliación hubiese alguna irregularidad, o si se hubiese omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116, el Juez deberá prevenir al promovente que satisfaga los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban subsanarse. Y si en la ampliación se añade simplemente una autoridad responsable, porque su injerencia en el negocio se deriva de los informes previos o justificados, no es menester señalar terceros perjudicados, a menos que se alegue que también aparecen de esos informes, ni es menester quese añadan otros datos que no se desprendan de ellos. Y si no se añaden nuevos antecedentes, ni conceptos de violación, en principio debe entenderse, salvo las circunstancias del caso, que los ya expresados en la demanda sirven para el caso, y si los actos reclamados de la nueva autoridad no han quedado debidamente precisados, lo que vendría a estorbar la defensa de sus actos y la precisión en la posible concesión del amparo, procede prevenir al quejoso para que los precise, lo que le permitiría, si lo desea, aclarar o ampliar también los antecedentes, o conceptos de violación, etcétera, pero sin que esto resulte obligatorio por la prevención misma. Todo lo anterior obedece a que las instituciones procesales de la ampliación de la demanda y de la aclaración de la demanda y de su ampliación, tiene por objeto final que se logre la composición judicial de los conflictos constitucionales que surjan entre los gobernados y los gobernantes, a fin de que las pretensiones deducidas se puedanresolver por sus méritos sin que pueda pensarse que el legislador ha pretendido crear en el juicio de amparo trampas procesales a fin de que las pretensiones de los particulares se pierdan sin análisis y, también sin análisis constitucional, subsistan los actos de las autoridades. (Registro No. 251529, Localización: Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 133-138 Sexta Parte, Página: 194, Tesis Aislada, Materia(s): Común). Así mismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrán únicamente como autoridades responsables a las señaladas en su escrito inicial de demanda, y sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Luego, al no guardar estado el presente asunto para dictar sentencia, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere para las nueve horas con veinte minutosdel seis de marzo de dos mil trece.
Amparo Principal 1924/2012 MARIO LOZADA MARTÍNEZ JUEZ DE LO PENAL DE ATLIXCO 02/07/2013 Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que a las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL TRECE, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en cumplimiento los oficios STCCNO/3549/2012 y SECJACNO/CNO/2174/2012 signados respectivamente por el Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente y un anexo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que por su conducto sea remitido al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto quinto del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del CentroAuxiliar de la Novena Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias simples de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Amparo Principal 1925/2012 PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 31 DE ENERO DE 2013 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio 766 signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con el que se da cuenta, por medio del cual remite el diverso oficio 351/13 de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y en atención a su contenido, se tiene a la citada autoridad responsable interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 83, fracción IV, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de veinticuatro horas el original y copia del aludido oficio por medio del cual interpone el recurso y elque expresa agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, conjuntamente con este expediente en que se provee, para que la Superioridad esté posibilitada de correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. @Lo anterior con apoyo a la tesis de jurisprudencia número 116/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes enel libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. "
Amparo Principal 1970/2012 GEMMA BENITEZ SCHIAFFINI JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vistos el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Puebla, agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad remitiendo copia certificada de la resolución dictada el siete de enero pasado, en el juicio ejecutivo mercantil 1154/2011, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con las mismas para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debetener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichasconstancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado (Registro No. 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594, Tesis: I.5o.C.2 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común).
Amparo Principal 1978/2012 VICTOR MANUEL GOMEZ HERNANDEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de cinco de febrero pasado se requirió al 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación de ese proveído realizara la notificación personal al aquí quejoso Víctor Manuel Gómez Hernández de la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil doce dictada en la averiguación previa AP-2279/2012/RVPUE, y remitiera las constancias que así lo acrediten. Sin embargo, aún no obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se le requirieron las referidas constancias; consecuentemente, al no estar debidamente integrado el presente asunto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.
Amparo Principal 1981/2012 JORGE LUIS RODRIGUEZ PALAFOX JUEZ DE LO CIVIL DE ZACATLAN 02/07/2013 Vista, la copia certificada del oficio 133 Bis signado por el Juez de lo Civil de Chignahuapan, Puebla y anexo que acompaña, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, se desprende que ya fueron emplazados los tercero perjudicados Miguel Ángel Maytorena Ríos, Alberto Basilio Cervantes y Miguel Ángel Ramírez Gómez, en su carácter de endosatarios en procuración del documento base la acción, al juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; en consecuencia, y como se reservó la notificación a dicha parte de los autos de veintiocho de diciembre de dos mil doce, QUE DICE: "Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1981/2012 promovido por Jorge Luis Rodríguez Palafox, Roberto Rodríguez Palafox, Flor Cruz Ramírez, María Rosalía Irma Palafox Arroyo y José LuisPalafox Arroyo, contra actos del 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y 2. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla; al respecto se provee: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación, ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se les impondrá una corrección disciplinaria por lacantidad de diez días de salario mínimo vigente en esta zona geográfica. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con once minutos del tres de enero de dos mil trece, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente, pues será inhábil el día uno de enero de dos mil trece y no correrán en esa fecha los términos de ley, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que anexó en copia simple a su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia incidental. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en esta vía constitucional se hacen consistir en: a) @Del 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, el avocarse al conocimiento del juicio ejecutivo mercantil promovido por Miguel Ángel Maytorena Ríos, AlbertoBasilio Cervantes y Miguel Ángel Ramírez Gómez, en su carácter de endosatarios en procuración del documento base la acción, en contra de los aquí quejosos, radicándolo con el número 1108/2012 de su estadística. b) @Del 2. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla la excusa de conocer el expediente 762/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Miguel Ángel Maytorena Ríos, Alberto Basilio Cervantes y Miguel Ángel Ramírez Gómez, en su carácter de endosatarios en procuración del documento base la acción, en contra de los aquí quejosos, y haber remitido los autos de dicho controvertido mercantil al Juzgado de lo Civil de Zacatlán, Puebla, además de no pronunciase respecto del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la excusa dictada. Y, pide la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se dicte la resolucióndefinitiva en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Ahora bien, en aplicación de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamenterespecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. (Novena Época, Registro: 182529, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 111/2003, Página: 98). En virtud de lo anterior, lo procedente es conceder la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que el 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla continúe con el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil promovido por Miguel Ángel Maytorena Ríos, Alberto Basilio Cervantes y Miguel Ángel Ramírez Gómez, en su carácter de endosatarios en procuración del documento base la acción, en contra de los aquí quejosos, radicado con el número 1108/2012 de su estadística, pero se abstenga de dictar sentencia definitiva hasta que seresuelva el juicio de garantías del que deriva este incidente, pues en éste se resolverá de fondo lo relativo a la legalidad de la resolución que decidió la competencia del Juez de origen para conocer del juicio natural, resultando aplicable la última parte del párrafo primero del artículo 138 de la ley en comento, ya que la irreparabilidad del daño ocasionado a la parte quejosa sólo acontece con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que volverá improcedente el juicio de amparo. Con la medida cautelar concedida no se contravienen disposiciones de orden público, como requisito del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues de esta manera se evita ocasionar de perjuicios de difícil reparación a la parte interesada, pues si se obliga al referido Juez a seguir un juicio que a la postre sería nulo, por falta de competencia, contravendría la pronta y expedita administración de justicia, de acuerdocon el mandamiento del artículo 17 constitucional. Por identidad jurídica, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ NATURAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO PERO SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. Tomando como base que la competencia como la personalidad son cuestiones procesales que de suyo no afectan derechos sustantivos, pero que lo resuelto en ellas antes de la sentencia definitiva puede afectar en grado predominante o superior a las partes, vulneración que podría incluso ser irreparable de llegar a dictarse la resolución que decida el juicio natural; y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la procedencia del amparo en la vía biinstancial cuando se reclame la resolución que resuelva las cuestiones de incompetencia, mediante la jurisprudencia55/2003, publicada en la página 5, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA."; cuando se solicite la suspensión definitiva respecto de las consecuencias de la resolución que decide la excepción de incompetencia, es factible que además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tome en consideración si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento con base en la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso; así, como la irreparabilidad sólo acontece con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo, en esos casos procede conceder la medida cautelar para el efecto de que el Juez naturalcontinúe con el procedimiento hasta su resolución, pero se abstenga de dictar sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente, en tanto que en éste se resolverá de fondo lo relativo a la legalidad de la resolución que decidió la competencia del Juez de origen para conocer del juicio natural, resultando aplicable la última parte del párrafo primero del artículo 138 de la ley en comento. (Novena Época, Registro: 163542, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C.306 K, Página: 3205). En consecuencia, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, la presente medida precautoria surte sus efectos de inmediato pero dejará de hacerlo si la parte inconforme, dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, no exhibe garantía por cualquiera de los mediosestablecidos por la ley, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos moneda nacional), con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar a la parte tercero perjudicada con el otorgamiento de la presente medida cautelar, misma que fija la suscrita discrecionalmente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo, atendiendo a que el plazo máximo en que podría durar la tramitación del juicio principal del cual deriva la presente incidencia sería de seis meses, y ante la falta de mayores datos para determinarla. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓNEN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo. (Novena Época, Registro: 168670, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008,Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 55/2008, Página: 146). Así como la siguiente tesis cuyo rubro y texto dicen: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: "En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.". Ahora bien, del segundo párrafo de dicho precepto se colige que la facultad discrecional que concede a los órganos decontrol constitucional para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero no puede ser arbitraria, sino que debe ejercerse de manera razonada, atendiendo a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse. Registro No. 163259, Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Diciembre de 2010Página: 1711Tesis: VI.2o.C. J/321JurisprudenciaMateria(s): Común. Signifíquese a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano devuelve los sobres con los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias o el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendránpor inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la citada ley y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional; reservándose la notificación del presente proveído a la parte tercero perjudicada, hasta en tanto sea emplazada al juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia." así como el auto de tres de enero del presente año, QUE DICE: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y 2. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, no han rendido sus respectivos informesprevios, ni existen constancias de notificación que acrediten que hayan recibido los oficios mediante los cuales se les requirieron los mismos; consecuentemente, y con la finalidad de que dichas autoridades tengan la debida oportunidad para rendir sus respectivos informes previos y este juzgado cuente con los elementos necesarios para resolver lo relativo a la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 133 de la Ley de Amparo, se reserva resolver lo procedente a la suspensión definitiva, señalando para tal efecto las nueve horas con un minuto del once de enero de dos mil trece. Tiene aplicación al caso la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito cuyos rubro, texto y datos de localización, se citan a continuación: AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE. Aunque por regla general, la audiencia incidental no debe diferirse por la naturaleza misma del incidente, sin embargo, para que pueda celebrarse espreciso que las autoridades señaladas como responsables, sean sabedoras del contenido de la demanda, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe previo y sobre esa base, decidir si ha lugar o no a conceder la medida cautelar. De manera que si aquellas autoridades no son notificadas oportunamente del proveído que las requiere para que rindan su informe, debe diferirse la audiencia incidental, pues resulta inaplicable la presunción de certeza de los actos reclamados, ya que dichas autoridades no omitieron rendir su informe, sino que se vieron imposibilitadas para hacerlo; en consecuencia procede revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento.(Octava Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI, Marzo de 1993, Página: 224)." y la interlocutoria de once del mismo mes y año, QUE DICE: "ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Jorge Luis RodríguezPalafox, Roberto Rodríguez Palafox, Flor Cruz Ramírez, María Rosalía Irma Palafox Arroyo y José Luis Palafox Arroyo, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria." además no han señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla, notifíquese por lista a los referidos tercero perjudicados las mencionadas determinaciones.
Amparo Principal 3/2013 ADALBERTO ALFONSO BRAVO LEAL JUEZ DE LO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS 02/07/2013 Vista la razón del Actuario Judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ADALBERTO ALFONSO BRAVO LEAL el auto de seis de febrero de dos mil trece, en razón de que señaló los estrados de este órgano jurisdiccional para recibir notificaciones; en consecuencia, se ordena notificarle el auto de mérito y el presente por medio de lista.
Amparo Principal 9/2013 EVERARDO RAMOS LUNA DIRECTOR DE OPERACIONES DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 .. se difiere la audiencia señalda el día de hoy para las NUEVE HORAS CON VEINTINUVE MINUTOS DEL CICO DE MARZO DE DOS MIL TRECE..
Amparo Principal 10/2013 ALEJANDRA HUERTA MORENO JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DE TEPEACA, PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin de que proporcione el domicilio correcto del tercero perjudicado Eliud Lara Hernández, a fin de emplazarlo a juicio; en consecuencia, al no estar debidamente integrado este expediente para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE. Notifíquese por lista a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables así como a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, reservándose la notificación de la parte tercero perjudicada hasta en tanto se integre a la presente litis.
Amparo Principal 24/2013 MARCO ANTONIO CEDEÑO REYES JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los autos del presente juicio de garantías la razón asentada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional y, visto su contenido se advierte que no le fue posible emplazar a la parte tercero perjudicada 1. Grupo Privado de Vigilancia y Protección de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable y 2. Milton Pluma Mendoza, por los motivos que indica; en consecuencia, se faculta al actuario judicial de la adscripción, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, aún en horas inhábiles, esto es de lunes a viernes de las siete a las veintiuna horas, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Por otra parte, visto el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Puebla, no fue puesto a la vista delas partes con la anticipación a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referidonumeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.
Amparo Principal 29/2013 PERFECTO ISLAS GARCÍA JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de cinco de febrero del año en curso, se tuvo al quejoso Perfecto Islas García desistiéndose de la demanda de garantías promovida en el presente juicio, requiriéndosele en ese mismo acuerdo para que en el término de tres días legalmente computado, comparezca en forma personal a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a ratificar el desistimiento de mérito, por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el citado término. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.
Amparo Principal 33/2013 ROBERTA ALICIA SÁNCHEZ MORALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintidós de enero pasado, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla en vía de apoyo a su informe justificado y, tomando en consideración que no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista de las indicadas constancias y la fecha de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, con apoyo en el invocado numeral y además en la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Tesis: P.-J. 54-2000, página 5, AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMESJUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. En diverso aspecto, agréguese a los autos el ocurso de cuenta de Roberto Amando González Medina, por medio del cual pretende promover con la personalidad que refiere tener acreditada en los autos del juicio laboral de origen y con tal carácter aportar pruebas y formular alegatos sin embargo, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se desecha el ocurso de mérito por notoriamente improcedente, toda vez que el presente juicio de garantías fue promovido por propio derecho por la quejosa RobertaAlicia Sánchez Morales y no a través de su apoderado o representante del juicio de origen, por lo que al no tener la personalidad con la que pretende promover el ocursante su petición deviene notoriamente improcedente, habida cuenta que fue autorizado dentro del presente juicio de garantías por la quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones.
Amparo Principal 37/2013 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SIMILARES Y CONEXOS VOLKSWAGEN DE MÉXICO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 02/07/2013 Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación por ausencia del 4. Secretario de Gobernación, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo. Así mismo, téngase a la autoridad oficiante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo a las personas que menciona.
Amparo Incidental 37/2013 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SIMILARES Y CONEXOS VOLKSWAGEN DE MÉXICO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 02/07/2013 Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo que rinde el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación por ausencia del 4. Secretario de Gobernación, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Así mismo, téngase a la autoridad oficiante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo a las personas que menciona.
Amparo Principal 46/2013 YAMELL CLAUDIA GARCIA DE LA CRUZ YAMELL CLAUDIA GARCIA DE LA CRUZ 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 6 DE FEBRERO DE 2013 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "En primer término, agréguese a sus autos el INFORME JUSTIFICADO signado por el Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo téngasele rindiendo el informe de mérito y con su contendido dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Así mismo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable la documental que anexó en apoyo a su informe con justificación, misma que se admite y desahoga dada su especial naturaleza en términos de los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otro lado, téngase a la autoridad en comento dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de enero de dos mil trece (fojas cinco y seis deautos), en el sentido de remitir las constancias relativas a la personalidad con la que compareció a este sumario de garantías Demetrio Cortéz Guillén, esto es, como defensor particular de los quejosos Aldo Iván Castro Romero y Ángel Conde García; en consecuencia, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo téngase por reconocida la personalidad de dicha persona para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes el escrito signado por Demetrio Cortéz Guillén (con la personalidad reconocida en este proveído), y visto que fue su contenido téngasele desistiendo del presente juicio de garantías; consecuentemente, se provee: Toda vez que la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en la parte quejosa, dígase al ocursante que deberá comparecer en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial y vigente (y copia simple de lamisma), dentro del término de tres días siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, a fin de que ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado para ello, se tendrá por no presentada dicha promoción y se continuará con el trámite de este asunto hasta dictar la resolución que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según el artículo 2º. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se detallan: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIV, Agosto de 2006. Página: 295. "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe publica, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté elsobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." "
Amparo Principal 47/2013 EMILIA BRAVO PEDRAZA PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUTLÁN, PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa EMILIA BRAVO PEDRAZA, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Amparo téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, lo anterior para los efectos legales correspondientes.
Amparo Principal 48/2013 TITULAR DE LA CENTRAL DE DILIGENCIARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA TITULAR DE LA CENTRAL DE DILIGENCIARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO PERJUDICADO JOSÉ LUIS ISLAS Y MONTIEL Y/O JOSÉ LUIS ISLAS MONTIEL LOS AUTOS DE 15 Y 30 DE ENERO DE 2013 QUE EN LO CNDUCENTE DICE. "Vista la demanda de garantías presentada por María Rita Romo Escamilla, contra actos de las siguientes autoridades: 1. @Juez Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla; 2. @Titular de la Central de Diligenciarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; 3. @Diligenciario o Ministerio Ejecutor adscrito a la Central de Diligenciarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; 4. @Diligenciario o Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla; y, 5. @Director General de Seguridad Pública Municipal. Fórmese expediente de amparo y regístrese bajo el número 48/2013, en el libro de gobierno de este juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Con fundamento en lo que disponen los artículos 103,fracción I, y 107, fracciones I, III, VII, XII y XV de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 36, 37, 114, 116, 142, 147 y 149 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías Tramítese por duplicado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Pídase su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quien deberán rendirlo dentro del término de cinco días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcayotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen, las que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas, se les impondrá MULTA de diez a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado de Puebla, de conformidad conel artículo 149 en relación con el diverso 3 Bis de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° fracción IV de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le corresponde. En términos de lo dispuesto en el inciso a) fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero perjudicados a 1. María Isabel Islas y Montiel y/o Isabel Islas Montiel, quien tiene su domicilio en calle Vicente Guerrero número novecientos tres, Colonia Mayorazgo de la ciudad de Puebla, 2. María Carolina Guadalupe Islas y Montiel y/o María Carolina Guadalupe Islas Montiel, quien tiene su domicilio en la calle Zaragoza, número ciento trece de la Colona San Torum de la ciudad de Puebla, 3. José Luis Islas y Montiel y/o José Luis IslasMontiel, quien tiene su domicilio en calle Vicente Guerrero número novecientos tres, Colonia Mayorazgo de la ciudad de Puebla; 4. María Elena Islas y Montiel y/o María Elena Islas y Montiel, quien tiene su domicilio en el edificio "G-2 (DOS) en Plazuelas Jazmines del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores La Victoria, Puebla, 5. Amalia Islas y Montiel y/o Amalia Islas Montiel, quien tiene su domicilio en calle Vicente Guerrero número novecientos tres, Colonia Mayorazgo de la ciudad de Puebla; 6. María del Carmen Islas y Montiel y/o María del Carmen Islas Montiel, quien tiene su domicilio en el edificio sesenta y uno "F", interior doscientos uno, Retorno uno "E" de la Colonia Bosques de San Sebastián de la ciudad de Puebla; 7. José Gabriel Islas y Montiel y/o José Gabriel Islas Montiel, quien tiene su domicilio en Avenida ciento cinco poniente número quinientos dieciséis, edificio "D", departamento quince de la ColoniaUnidad Damizar Quince de la ciudad de Puebla; y 8. Roberto Islas Montiel y/o Roberto Islas Montiel quien tiene su domicilio en calle Vicente Guerrero número novecientos tres, Colonia Mayorazgo de la ciudad de Puebla Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para que con copia simple del escrito inicial de demanda y del presente proveído, se constituya en los citados domicilios y emplace a este juicio de garantías a los referidos tercero perjudicados. Como lo dispone el artículo 151 de la ley de amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que exhibe con su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; se hace constar que el contrato privado de comodato se encuentra manchado. Se ordena efectuar la compulsa de las fotocopias simples que la quejosa acompañó a su demanda de amparo con las originales de los documentos que ofreció como prueba, para que obren en el incidente desuspensión. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que se indica en la demanda de garantías, y como autorizado con fundamento en el segundo párrafo, segunda parte del artículo 27 de la Ley de Amparo, con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse en autos, a Gonzalo Reyes Contreras, por así haberlo manifestado expresamente. Señálese a la quejosa que si el Servicio Postal Mexicano devuelve los sobres conteniendo los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias o el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente." Y Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa MARIA RITA ROMO ESCAMILLA mediante el cual en cumplimiento al auto de veinticuatro de enero de dos mil trece señala como domicilio del tercero perjudicado 3. JOSÉ LUIS ISLAS Y MONTIEL y/o 3. JOSÉ LUIS ISLAS MONTIEL el ubicado en calle Corregidora Número Seis de la Colonia Mayorazgo de la ciudad de Puebla, por lo que se comisiona al actuario adscrito a este juzgado Federal a fin de que emplace al citado tercero perjudicado en el domicilio antes señalado, corriéndole traslado con copia simple de la demanda que dio origen al presente juicio de garantías, del auto admisorio y del presente auto.
Amparo Principal 48/2013 MARÍA RITA ROMO ESCAMILLA TITULAR DE LA CENTRAL DE DILIGENCIARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el primer escrito de PABLO FRANCISCO MARTÍNEZ JUSTO, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por los tercero perjudicados María Carolina Guadalupe, María Elena, María del Carmen, Amalia y José Gabriel, todos de apellidos Islas Montiel, por medio del cual ofrece como prueba la pericial en construcción, topografía y agrimensura, reservándose acordar sobre la admisión de dicha probanza, si en el caso procede, hasta en tanto la totalidad de los tercero perjudicados hayan sido emplazados. Respecto al segundo de los escritos del ocursante, agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que refiere, previa razón que de recibo de la misma se asiente en autos; en el entendido deque dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda la razón asentada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio VIII-161-5 dirigido al DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto ya que por auto de veinticuatro de enero de dos mil trece (foja 53) se tuvo como inexistente a dicha autoridad.
Amparo Principal 68/2013 JOSÉ VÍCTOR CEREZO BAEZ SECRETARIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguense a los presentes autos el oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla, en representación del Secretario del ramo mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta de enero pasado remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo que dio origen el oficio E-1722/2010 de fecha diez de noviembre de dos mil diez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 78, 149 y 151, todos de la Ley de Amparo, dese vista las partes con tales constancias para que manifiesten lo que estimen conveniente. Sirve como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tenerconocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichasconstancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. (No. Registro: 204,616, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: I.5o.C.2 K, Página: 594). Ahora bien, en las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante obra el oficio E-1722/2010 que por esta vía se reclama, mismo que en los resultandos señala lo siguiente: "PRIMERO.- Se recibe en esta Secretaría escrito de fecha 28 (veintiocho) de enero de 2009 (dos mil nueve), y recibido en CYSET con fecha 24 (veinticuatro) de febrero de 2009 (dos mil nueve), dirigido al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Puebla, por medio del cual el C. JUAN AVELINO HUERTA, solicita de manera textual: "reconcomiendo del itinerario y ampliación de parque vehicular con 08(ocho) concesiones más para los C.C. JUAN AVELINO HUERTA Y GLORIA PÉREZ CESPEDES". SEGUNDO.- Mediante oficio número 2961/O-CYSET/2009 de fecha 10 (diez) de septiembre de 2009 (dos mil nueve), signado por el Director de Operación del Transporte, se expide la orden de pago de dictamen técnico, así mismo mediante oficio números 2962/O-CYSET/2009 y 2963/o-CYSET/2009 de misma fecha, se expiden las órdenes de pago de garantías. [.] CUARTO.- Mediante memorando número 759/M-CYSET/2009 de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2009 (dos mil nueve), se remite expediente con número de solicitud 127/2009, a la Dirección de Ingeniería de Transporte para la Elaboración de Dictamen Técnico correspondiente. [.] SEXTO.- Mediante memorando número 632/M-CYSET/2010 de fecha 06 (seis) de agosto de 2010 (dos mil diez), se remite expediente con número de Estudio Técnico IV.7.3/020/2010 E.T. 19 (diecinueve) de enero de 2010 (dos mil diez) a la Dirección de Ingeniería de Transporte para su revaloración.SÉPTIMO. Mediante memorando número III.7/347/2010 E.T. de fecha 19 (diecinueve) de agosto de 2010 (dos mil diez), signado por el Director de Ingeniería del Transporte, remite a la Dirección de Operación del Transporte Oficio número IV. 7.3/347/2010 E.T. de misma fecha." En tal sentido, del oficio E-1722/2010 que por esta vía se reclama se advierte la participación de diversas autoridades responsables Director de Ingeniería del Transporte y Director de Operación del Transporte, ambos del Estado de Puebla; consecuentemente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste si es su deseo o no ampliar su demanda de garantías señalando como nuevas autoridades responsables al Director de Ingeniería del Transporte y Director de Operación del Transporte, ambos del Estado de Puebla y señale el acto que les reclama, debiendo formular en su caso los conceptos deviolación que estime convenientes, haciendo del conocimiento del quejoso que deberá acompañar una copia de su escrito de demanda y anexos para emplazar a las autoridades por las que desee ampliar su demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo, así como copias suficientes del escrito de ampliación precisando el acto que les reclama y los conceptos de violación para ser distribuidas entre las partes. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrá como autoridad responsable únicamente a la que señaló en su escrito de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, cuyo contenido es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.-De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juiciosde amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso JOSÉ VÍCTOR CEREZO BAÉZ, por medio del cual ofrece las siguientes pruebas: a) @La instrumental pública de actuaciones. b)@La presuncional legal y humana. Medios probatorios que con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo se admiten y desahogan dada su propia y especial; sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Respecto a la prueba pericial en vialidad terrestre e ingeniería de tránsito y transporte, reservándose acordar sobre la admisión de dicha probanza, si en el caso procede, hasta en tanto la totalidad de los tercero perjudicados hayan sido emplazados.
Amparo Incidental 71/2013 JUÁN JOSÉ RAMÍREZ MEJÍA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PRIMERA MESA DE TRÁMITE PAR TURNO MATUTINO DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por JUAN JOSÉ RAMÍREZ MEJÍA, en términos del considerando único de esta interlocutoria.
Amparo Principal 92/2013 ANDRES AGUIRRE LOPEZ JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que mediante proveído de cinco de febrero de dos mil trece, se dio vista a las partes con el informe justificado de la Juez de lo Penal de Teziutlán, Puebla, el cual se notificó por lista el seis siguiente y surtió sus efectos el siete del mes y año en cita, además, en dicho acuerdo, también se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Juez de lo Penal de Zacatlán, Puebla, por ende, aún no transcurre el término de tres días que deben mediar entre la vista de los informes y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización rubro y texto son: Novena Época Registro: 173273 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 112/2006 Página: 366 INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUS RESPECTIVAS PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DEBEN REGIRSE POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 37 DE DICHO ORDENAMIENTO.Del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo y de la tesis P./J. 54/2000, se advierten los lineamientos para la presentación del informe justificado que deben rendir las autoridades responsables, la fecha en que debe celebrarse la audiencia constitucional y los supuestos en que ésta ha de diferirse o suspenderse, así como las siguientes reglas generales: 1) que dicho informe debe rendirse por las responsables en un término de cinco días, o 2) cuando menos con la suficienteanticipación -ocho días antes de la celebración de la audiencia-, para que sea del conocimiento de las partes y éstas puedan oponerse, 3) de lo contrario, el Juez puede diferir o suspender la audiencia, a petición del quejoso o del tercero perjudicado, o de oficio y por una sola vez si éstos no comparecen a la audiencia para solicitarlo. Sin embargo, el artículo 156 de la mencionada Ley establece de manera concreta y específica diversos supuestos de excepción a dichas reglas, a saber: a) cuando el quejoso impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o b) en aquellos casos en que se alegue la violación a que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, es decir, a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en tales hipótesislos plazos para la sustanciación del procedimiento se reducen a tres días improrrogables para la rendición del informe y a diez días siguientes al de la admisión de la demanda para la celebración de la audiencia. Ello es así, porque al ser claro y categórico el aludido artículo 156 no es posible realizar una interpretación distinta; de ahí que cuando en la demanda de garantías se señalan como actos reclamados los supuestos apuntados, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado en tres días y el Juez de Distrito debe ordenar dar vista de éste a la quejosa por un término continuo y genérico de tres días -acorde con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- a fin de que la audiencia constitucional se verifique dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda; lo cual, por otro lado, garantiza la observancia al principio de celeridad contenido en el artículo 17 de laConstitución Federal. Además, en caso de incumplimiento de las autoridades responsables, el Juez está en aptitud de aplicar lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 149 de la Ley de Amparo para sancionarlas, e incluso si así lo solicita la impetrante, la audiencia constitucional puede suspenderse o diferirse por una sola ocasión, pues las excepciones previstas en el citado precepto 156 no desincorporan en su totalidad las previsiones generales estatuidas en aquel numeral.
Amparo Principal 94/2013 CARLOS RODRIGO MUÑOZ SERRANO JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil trece, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por 2. Juez Segundo, 5. Juez Quinto, 6. Juez Sexto, 7. Juez Séptimo, 8. Juez Octavo todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, 10. Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla a través del Agente del Ministerio Público en términos del artículo 86 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 11. Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, de ahí que resulta evidente que se encuentra transcurriendo el término de los tres días a que alude el artículo 156, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada en el presente asunto con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a las partes, ya que se está actuando en términosdel artículo 156 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE DARSE VISTA AL QUEJOSO CON AQUÉL POR UN PLAZO CONTINUO Y GENÉRICO DE TRES DÍAS. Cuando el acto reclamado en vía de amparo indirecto se refiera a alguno de los casos que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que exista violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, apartado A, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, debe darse vista a la parte quejosa con los informes justificados por el término continuo y genérico de tres días, acorde con el ordinal 156 de la citada ley, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que en aquel supuesto no es aplicable el artículo 149 de la ley reglamentaria de lamateria ni la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", en virtud de que se refieren a una tramitación del juicio de amparo indirecto diversa de la que prevé el artículo 156 del propio ordenamiento, que obliga a que la audiencia constitucional se señale dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda". ("No. Registro: 175,915, Jurisprudencia, Materia(s): Común Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Tesis: II.1o.P. J/11, Página: 1689). En mérito de lo expuesto, al no estar debidamente integrado este expediente para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.
Amparo Principal 93/2013 ISIDRO LECONA LEÓN YAMELL CLAUDIA GARCIA DE LA CRUZ 02/07/2013 Visto, con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la 1. Comisaria Pública de la Secretaría de la Contraloría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Así mismo, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la citada Ley de la Materia, téngasele ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, con fundamento en el artículo 19 de la citada Ley de la Materia, téngasele designando como delegados a los profesionistas que enuncia en el informe de cuenta y señalando domicilio para oír y recibirnotificaciones personales el que cita en el mismo. Finalmente, como lo solita previo cotejo que quede agregado en autos devuélvase la copia certificada del documento con el que acredita su personalidad, para los efectos legales a que haya lugar.
Amparo Principal 99/2013 AGNELO SALOMON NERI ESCUDERO CUARTA SALA EN MATERIA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO de la 2. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que del informe de cuenta se advierte que quien realmente emitió el acto que aquí se reclama es la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y no la Cuarta Sala como lo señaló el quejoso en su escrito inicial de demanda, sin que la misma hubiera sido señalada como responsable; consecuentemente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Refiera si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y el acto o actosque les atribuye, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que para el caso de que señale a la aludida autoridad como responsable, deberá acompañar una copia de su escrito de demanda para emplazarla a este juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo, así como copias suficientes del escrito de ampliación, para ser distribuidas entre las partes. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrán como autoridades responsables únicamente a las señaladas en su escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época delSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.-De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartirjusticia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."
Amparo Principal 100/2013 VICENTE ROLDÁN ESPINOZA JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el pedimento de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, en atención a su contenido se provee: téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita emitiendo su opinión en autos, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo. En atención a las copias que solicita, dígasele que una vez que se dicte la resolución correspondiente le será debidamente notificada. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita.
Amparo Principal 102/2013 PETRA DE DIOS FUENTES JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 ÚNICO. Se SOBRESEE en todas sus partes en el presente juicio de garantías 102/2013, promovido por PETRA DE DIOS FUENTES, contra los actos precisados en el resultando primero, respecto a la autoridad y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
Amparo Principal 104/2013 PABLO EVERARDO GARCÍA TOVAR JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el pedimento número 38/2013, formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, para ser tomado en consideración en su momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto a la copia que solicita, dígasele que una vez que la referida actuación obre en autos, se acordará lo conducente.
Amparo Principal 108/2013 ESPERANZA MELANDIA SÁNCHEZ CARPINTEYRO JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el pedimento de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, en atención a su contenido se provee: téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita emitiendo su opinión en autos, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo. En atención a las copias que solicita, dígasele que una vez que se dicte la resolución correspondiente le será debidamente notificada.
Amparo Principal 110/2013 JAIME MARTÍNEZ DE DIOS JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el pedimento de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, en atención a su contenido se provee: téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita emitiendo su opinión en autos, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo. En atención a las copias que solicita, dígasele que una vez que se dicte la resolución correspondiente le será debidamente notificada. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita.
Amparo Principal 103/2013 JOSÉ RUBÉN ARROYO JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintinueve de enero pasado, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el 1. Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Puebla, y, tomando en consideración que no han transcurrido los tres días que deben mediar entre la vista del referido informe y la fecha de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, con apoyo en el invocado numeral y además en la tesis de jurisprudencia: INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUS RESPECTIVAS PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DEBEN REGIRSE POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 37 DE DICHO ORDENAMIENTO. Del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo y de la tesis P./J. 54/2000, se advierten los lineamientos para la presentación del informe justificado que deben rendir las autoridades responsables,la fecha en que debe celebrarse la audiencia constitucional y los supuestos en que ésta ha de diferirse o suspenderse, así como las siguientes reglas generales: 1) que dicho informe debe rendirse por las responsables en un término de cinco días, o 2) cuando menos con la suficiente anticipación -ocho días antes de la celebración de la audiencia-, para que sea del conocimiento de las partes y éstas puedan oponerse, 3) de lo contrario, el Juez puede diferir o suspender la audiencia, a petición del quejoso o del tercero perjudicado, o de oficio y por una sola vez si éstos no comparecen a la audiencia para solicitarlo. Sin embargo, el artículo 156 de la mencionada Ley establece de manera concreta y específica diversos supuestos de excepción a dichas reglas, a saber: a) cuando el quejoso impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o b) en aquellos casos en que se alegue la violación a que serefiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, es decir, a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en tales hipótesis los plazos para la sustanciación del procedimiento se reducen a tres días improrrogables para la rendición del informe y a diez días siguientes al de la admisión de la demanda para la celebración de la audiencia. Ello es así, porque al ser claro y categórico el aludido artículo 156 no es posible realizar una interpretación distinta; de ahí que cuando en la demanda de garantías se señalan como actos reclamados los supuestos apuntados, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado en tres días y el Juez de Distrito debe ordenar dar vista de éste a la quejosa por un término continuo y genérico de tres días -acorde con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, deaplicación supletoria a la Ley de Amparo- a fin de que la audiencia constitucional se verifique dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda; lo cual, por otro lado, garantiza la observancia al principio de celeridad contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Además, en caso de incumplimiento de las autoridades responsables, el Juez está en aptitud de aplicar lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 149 de la Ley de Amparo para sancionarlas, e incluso si así lo solicita la impetrante, la audiencia constitucional puede suspenderse o diferirse por una sola ocasión, pues las excepciones previstas en el citado precepto 156 no desincorporan en su totalidad las previsiones generales estatuidas en aquel numeral. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXV, Febrero de 2007, Tesis: 1a./J. 112/2006, Página: 366), la audiencia constitucional que debería tener verificativoel día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para su celebración.
Amparo Principal 105/2013 ANA DELIA CARMONA DIAZ JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Visto el pedimento de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, en atención a su contenido se provee: téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en Materia de Amparo a este órgano jurisdiccional emitiendo su opinión en autos, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo. En atención a las copias que solicita, dígasele que una vez que se dicte la resolución correspondiente le será debidamente notificada.
Amparo Principal 107/2013 ELVIA OFELIA LOZANO LOZANO JUEZ DÉCIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como Director Regional de la Policía Federal destacamentado en Puebla dado que se declaró su inexistencia con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, como se expuso en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en todas sus partes en el presente juicio de garantías 107/2013, promovido por ELVIA OFELIA LOZANO LOZANO, contra los actos precisados en el resultando primero, respecto a la autoridad y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
Amparo Principal 109/2013 GUSTAVO PALACIOS HUERTA JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el pedimento número 39/2013 formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, para ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto a la copia que solicita, dígasele que una vez que la referida actuación obre en autos, se acordará lo conducente.
Amparo Principal 112/2013 PALEMON GUTIÉRREZ TEXIS JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 ÚNICO. Se SOBRESEE en todas sus partes en el presente juicio de garantías 112/2013, promovido por PALEMON GUTIÉRREZ TEXIS, contra los actos precisados en el resultando primero, respecto a la autoridad y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
Amparo Incidental 115/2013 JOSÉ ALFREDO GARCÍA AGUILAR JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA 02/07/2013 PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por José Alfredo García Aguilar, por propio derecho, en términos del considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por José Alfredo García Aguilar, por propio derecho, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria.
Amparo Incidental 121/2013 FRANCISCO MARCELO RAMÍREZ LUCERO TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 47 CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vista, la copia certificada del oficio 372 signado por el Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla y anexo que acompaña, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, se desprende que ya fue emplazado el tercero perjudicado Sebastián Silverio Solano, al juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; en consecuencia, y como se reservó la notificación a dicha parte del auto de veintinueve de enero de dos mil trece y la interlocutoria de uno de febrero del mismo año, además no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla, notifíquese por lista al referido tercero perjudicado las mencionadas determinaciones.
Amparo Principal 123/2013 MIGUEL GILBERTO SALAZAR GONZALEZ JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE TEHUACAN 02/07/2013 Visto, con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el 1. Juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 149, en relación con el 156, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio de garantías el acto reclamado se refiere a alguno de los supuestos que establece el precepto legal 37 de la Ley de la Materia. Así mismo, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la citada Ley de la materia, téngase al juez responsable ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que en auto admisorio de veintiocho de enero de dos mil trece se reservó proveer lo conducente respecto al emplazamiento de la parte tercero perjudicada y, en razón deque del proceso 44/2013 del índice administrativo del 1. Juzgado Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla, de donde deriva el acto reclamado en el presente juicio de garantías se advierte que éste es seguido contra los quejosos por dos delitos vinculados directamente con la reparación del daño (lesiones calificadas y robo agravado); en consecuencia, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso b), y 10, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero perjudicada a la persona moral denominada GAS 1 DE PUEBLA, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal Patricia González Bastida, parte agraviada dentro del citado proceso penal. Al respecto resultan aplicables las siguientes jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: No. Registro: 164,565. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010. Tesis: 1a./J. 114/2009. Página: 550. OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA. Del proceso legislativo que modificó al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir un apartado relativo a las garantías de la víctima o del ofendido, se advierte claramente la intención del Poder Revisor de la Constitución de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación en el procedimiento penal, principalmente para obtener la reparación del daño que le haya causado el hecho típico. Por otro lado, conforme a los artículos 5o., fracción III, inciso b), y 10, fracción II, de la Ley de Amparo, la víctima o el ofendido pueden participar en el juicio de amparo; sin embargo, condicionan tal posibilidad al hecho de quesólo se trate de actos vinculados directamente con la reparación del daño, lo cual puede hacer nugatoria la indicada garantía constitucional, ya que existen múltiples actos procesales que aun cuando no afectan directamente esa figura reparatoria -en tanto que no importan un pronunciamiento al respecto- sí implican que, de facto, la reparación no ocurra, con lo cual sí se les puede relacionar en forma inmediata con tal cuestión. En consecuencia, tanto el ofendido como la víctima del delito pueden acudir al juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos la reparación del daño, aunque no se refiera a ella directamente. Novena Época Registro: 162063 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Mayo de 2011 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2011 Página: 75 OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADOCUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. De la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.", se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado, siempre y cuando el acto reclamado se vincule directa o indirectamente con la reparación del daño. Por tanto, tratándose de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión se actualiza el supuesto de dicha jurisprudencia, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre lapena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. En tal sentido, de los indicados autos se advierte que la referida apoderada tiene su domicilio en Andador Pico de Orizaba, número veintisiete, San Rafael Atlixtac, de Apizaco Tlaxcala; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales en la substanciación de este juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 17/2012 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los TribunalesColegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al Actuario Judicial de su adscripción para que proceda a emplazar a la persona moral tercero perjudicada denominada GAS 1 DE PUEBLA, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada general Patricia González Bastida en el domicilio indicado; remitiéndole para tal efecto copia simple de la demanda de garantías con sello de este juzgado, copia del auto admisorio y del presente acuerdo. Así mismo, el Actuario Judicial deberá requerir a la mencionada tercera perjudicada, para que en el término de tres días, contado a partir de su notificación, señale domicilio en la ciudad de Puebla para oír y recibir sus notificaciones personales ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, sito en AvenidaOsa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcayotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se harán por lista, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo. Así mismo, deberá hacerle de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, se solicita al juez exhortado, para que, en su oportunidad, se sirva remitir las constancias que así lo acrediten.
Amparo Principal 127/2013 HUGO VERDIN LOPEZ ADMINISTRADOR LOCAL DE PUEBLA SUR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE febrero DE 2013, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "Agréguese a sus autos la razón asentada por el actuario de este juzgado Federal de la que se desprende que no le fue posible notificar el oficio II-313-1 dirigido al Administrador Local de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que fue informado en el domicilio que ocupan las oficinas del Servicio de Administración Tributaria que no se indica si es el Administrador Local Fiscal, de Recaudación o Jurídico; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, precise la denominación de la autoridad responsable que señaló como Administrador Local de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, a fin de requerirle su informe justificado. En el entendido que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se tendrá a la citada autoridad responsable por inexistente en este juicio de amparo 127/2013; lo anterior, en términos de la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo, que establece la obligación de la parte quejosa de proporcionar la denominación correcta de las autoridades responsables; y se tendrá con tal carácter a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Puebla Sur, autoridad ante la cual presentó el escrito cuya falta de respuesta reclama..."
Amparo Principal 131/2013 JOSE ALBERTO PALACIOS CAMPOS JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese el informe justificado de cuenta rendido por el 3. Comandante del Policía Ministerial del Estado de Puebla destacamentado en Huejotzingo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, con relación con el 156, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio de garantías el acto reclamado se refiere a alguno de los supuestos que establece el precepto legal 37 de la Ley de la Materia. Por otro lado, vista la razón de cuenta levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante la cual informa que no pudo hacer entrega del oficio número 313 2, dirigido a la autoridad responsable 2. Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Norte de la ciudad de Puebla, por la razón que se expone en la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal deProcedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tiene por inexistente a la aludida autoridad y se ordena que se suspenda cualquier comunicación procesal con ella.
Amparo Incidental 131/2013 JOSE ALBERTO PALACIOS CAMPOS JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese el informe previo con que se da cuenta rendido por el 3. Comandante del Policía Ministerial del Estado de Puebla destacamentado en Huejotzingo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 131 y 132 de la Ley de Amparo. Por otro lado, vista la razón de cuenta levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante la cual informa que no pudo hacer entrega de los oficios números 319 2 y 336 2, dirigidos a la autoridad responsable 2. Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Norte de la ciudad de Puebla, por la razón que se expone en la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tiene por inexistente a la aludida autoridad y se ordena que se suspenda cualquier comunicación procesal conella.
Amparo Principal 133/2013 HÉCTOR GARCÍA VALENCIA JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE TEHUACÁN, PUEBLA 02/07/2013 Visto el primero de los ocursos de cuenta del quejoso HÉCTOR GARCÍA VALENCIA, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como medios de convicción la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de que sean relacionadas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. En diverso aspecto, atento al segundo de los ocursos de cuenta del referido quejoso por lo que hace a la prueba documental que ofrece, téngasele por anunciada y resérvese proveer lo conducente, una vez que obre rendido en autos el informe justificado de la autoridad responsable.
Amparo Principal 132/2013 MARTIN LAZCANO HERNANDEZ JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no le fue posible entregar el oficio II-305-3 dirigido al Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Norte de la ciudad de Puebla, toda vez que al constituirse en las oficinas de las diversas agencias del Ministerio Público, fue informado que no existe la referida autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en auto de veintinueve de enero de dos mil trece y se tiene por inexistente a dicha autoridad, ordenándose que se suspenda cualquier comunicación procesal con ella. Por otro lado, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes justificados que rinden el 3. Comandante dela Policía Ministerial del Estado, con residencia en San Martín Texmelucan, Puebla y 4. Comandante Titular de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Huejotzingo, Puebla, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, en relación con el diverso 156, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio de garantías el acto reclamado se refiere a alguno de los supuestos que establece el precepto legal 37 de la Ley de la Materia.
Amparo Incidental 132/2013 MARTIN LAZCANO HERNANDEZ JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no le fue posible entregar los oficios II-306-2 y II-334-2 dirigidos al 2. Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Norte de la ciudad de Puebla, toda vez que al constituirse en las oficinas de las diversas agencias del Ministerio Público, fue informado que no existe la referida autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en auto de veintinueve de enero de dos mil trece y se tiene por inexistente a dicha autoridad, ordenándose que se suspenda cualquier comunicación procesal con ella. Por otro lado, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes previos que rinden el 3.Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en San Martín Texmelucan, Puebla y 4. Comandante Titular de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Huejotzingo, Puebla, con que se da cuenta para que surtan los efectos legales procedentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 138/2013 FRANCISCO LOPEZ TIENDA JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio 0095/2013 del Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla mediante el cual rinde su informe justificado, con que se da cuenta para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el diverso oficio 0096/2013 de la autoridad responsable oficiante por el que pretende rendir su informe previo en razón de que en este juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión.
Amparo Principal 139/2013 ARTEMIO ANDRADE JIMENEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE XICOTEPEC DE JUAREZ 02/07/2013 Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO del 4. Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita a la Mesa de Trámite Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Turno Vespertino; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
Amparo Principal 143/2013 TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 1 DE FEBRERO DE 2013, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Visto el oficio 250-2012 de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Sexto Circuito, por medio del cual remite: el expediente del juicio de amparo directo D-45-2013 del índice administrativo de dicho órgano colegiado y el toca de apelación 628-2012 en cuarenta y nueve fojas útiles, todo ello relativo a la demanda de amparo presentada por MARÍA CANDIA FLORES JUÁREZ Y MIGUEL ANTONIO AGUILAR PORRAS, EN SU CALIDAD DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA Y AGRAVIADO, respectivamente, contra actos de los Magistrados que Integran la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla lo anterior, en cumplimiento a la resolución de veintinueve de enero de dos mil trece, en la que el referido órgano colegiado resolvió lo siguiente: PRIMERO. Este SegundoTribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, carece de competencia legal para conocer de la demanda formulada por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, MARÍA CANDIA FLORES JUÁREZ y MIGUEL ANTONIO AGUILAR PORRAS agraviado dentro de la causa penal, contra la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil doce, dictada por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 628-2012, que confirmó el auto que negó la orden de aprehensión, de fecha veintiocho de mayo del mismo año, dictado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en los autos del proceso 227-2012, que fue solicitada por el Ministerio Público, en contra de MARGARITA RAMÍREZ TÉLLEZ Y ELIZABETH RAMÍREZ PEREA, como probables responsables del delito de Falsedad en Declaraciones Judiciales e informes dados a una autoridad judicial, cometido en agravio dela sociedad relativo al toca número 628-2012. SEGUNDO Al respecto, este órgano federal con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo se avoca al conocimiento del asunto, acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Sexto Circuito. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 143-2013. Hágase del conocimiento de las partes la radicación del presente asunto ante este juzgado federal sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla esto es, mediante oficio a las autoridades responsables y a través de notificación personal a la quejosa en el domicilio señalado en el escrito de demanda. Atento a lo anterior, se faculta al actuario judicial de la adscripción, a fin de que puedapracticar la notificación de mérito, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el presente juicio de garantías. Ahora bien, vista la demanda de garantías presentada por MARÍA CANDIA FLORES JUÁREZ Y MIGUEL ANTONIO AGUILAR PORRAS, EN SU CALIDAD DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA Y AGRAVIADO, por propio derecho contra el acto de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla consistente en la resolución que confirma la diversa por la que se negó la orden de aprehensión solicitada por la institución ministerial dentro de la causa penal 227-2012, que fue solicitada por la referida fiscal, en contra de MARGARITA RAMÍREZ TÉLLEZ y ELIZABETH RAMÍREZ PEREA, como probables responsables del delito de Falsedad en Declaraciones Judiciales,cometido en agravio de la sociedad, con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, VII, XII y XV de la Constitución General de la República 1, fracción I, 36, 37, 114, fracción IV, 116, 147 y 149 de la Ley de Amparo, se admite cuenta habida que de acuerdo con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a un equilibrio cuando sean parte en un procedimiento legal, en el que se incluye, por supuesto, el relativo a la materia penal, aunado a que el recurso legalmente procedente se hizo valer, tan es así que la determinación que se lo resolvió es la que se ahora se reclama, de ahí que se provea en el sentido de admitir la demanda de garantías de cuenta. La consideración que precede encuentra sustento en la tesis que a continuación se cita: Décima Época Registro: 2000403 Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 Materias: Común Tesis: I.7o.P.1 P 10a. Página: 1271 OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CONFORME A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y AL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, AL TENER LA EXPECTATIVA LEGAL DE QUE SE LE REPARE EL DAÑO Y UN INTERÉS DIRECTO EN QUE SE LE RESPETE SU DERECHO HUMANO DE IGUALDAD PROCESAL. Conforme a los artículos 8.1, 8.2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a un equilibrio cuando son parte en un procedimiento legal. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lajurisprudencia 1a.-J. 103-2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 112, estableció que contra las resoluciones dictadas en segundo grado que afecten el derecho a la reparación del daño, el ofendido o la víctima de algún delito que tenga la expectativa legal de dicha reparación está legitimado para promover el juicio de amparo, únicamente por lo que hace al aspecto de la afectación y siempre que contra ellas no exista medio ordinario de defensa. En ese sentido, si se toma en cuenta lo establecido en los artículos 1o., 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación de 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, es inconcuso que la víctima u ofendido tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución de la Sala que confirma la negativa de la orden de aprehensiónpor ser quien tiene interés directo en que se le repare el daño y en que se le respete su derecho humano de igualdad procesal entre otros que tiene en todo procedimiento penal, máxime que la confirmación de dicha orden de captura por el tribunal de alzada constituye un acto que puede afectar su esfera jurídica, dado que aun cuando no interesa de manera directa a la reparación del daño al no efectuarse pronunciamiento al respecto, sí lleva implícita la circunstancia de que la reparación no ocurra, pues en el caso existe la expectativa legal por cuanto a dicha reparación; de ahí que se produzca la legitimación para promover el juicio de amparo, por cuanto a tal aspecto de la afectación se refiere. NO HA LUGAR A TRAMITAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR NO HABERLO SOLICITADO EXPRESAMENTE LA PARTE QUEJOSA. En virtud de que, ya obra rendido en autos el informe justificado de la autoridad responsable, únicamente de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo dése vista a las partes,para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se solicita a la indicada autoridad responsable informe a este Juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE para la celebración de la audiencia constitucional. En términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, desé al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la presentación de lademanda de garantías. En diverso aspecto, toda vez que resulta necesario para resolver el sumario constitucional en que se actúa el proceso generador de los actos reclamados, requiérase a la autoridad responsable 1. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que en el término de tres días contado a partir de que reciba la notificación de este proveído remita a este órgano de control constitucional el proceso 227-2012 del índice administrativo del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, o en su caso, copia certificada del mismo. Apercibido, que en caso de no remitir las constancias solicitadas en el término concedido para ello, o de no manifestar la imposibilidad legal que tuviere para tal efecto, se le impondrá una multa consistente en veinte días de salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 en relación con el 3 Bis, ambos de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior,resérvese proveer lo conducente respecto del emplazamiento a este juicio de la parte tercero perjudicada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de garantías y por autorizados para recibirlas a los profesionistas que designa para ello con el cúmulo de facultades que al efecto establece al artículo 27 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Señálese a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano devuelve los sobres conteniendo los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias o el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal deProcedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
Amparo Principal 144/2013 JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 31 DE ENERO DE 2013 QUE EN LO CONDUCENTE DICE. "San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil trece. Vista la demanda de amparo presentada por Alejandra Pichardo Cano, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Cuarto de lo Civil de la ciudad de Puebla, fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 144/2013. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, 120 y 146, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: a) Precise el acto o actos que reclama en esta instancia constitucional. Lo anterior, porque en la demanda que se provee, señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de enero de dos mil trecedictado en el expediente 603/2005 del Juzgado Cuarto de lo Civil de la ciudad de Puebla, mediante el cual se ordena la publicación de edictos para la primera y segunda almoneda de remate respecto del inmueble identificado como la fracción que se segregó del lote de terreno número 74, de la colonia Vista Hermosa Xonaca, inscrito a folios 279 a 285, tomo 35-2007, Libro Quinto de fecha dieciséis de enero de dos mil siete. Y, en el capítulo relativo a los antecedentes del citado acto reclamado precisa que el procedimiento de origen se siguió a sus espaldas, pues nunca fue emplazada a dicho juicio. Luego, como ha quedado establecido, omite precisar con claridad el acto que reclama en esta vía constitucional y de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que la suscrita Juez Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la leyo acto que se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 116, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 77 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos u omisos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Además, que con base en tal señalamiento (el del acto reclamado), es como se provee respecto a la suspensión deaquéllos, pues en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, que al respecto establece que "la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte agraviada."; se tiene que lo que es materia de suspensión únicamente es el acto reclamado. Luego, ante la omisión apuntada lo que procede es realizar la presente prevención a fin de que la promovente aclare cuál o cuáles son los actos que reclama en esta instancia constitucional. b) De igual forma, dentro del término indicado (tres días), deberá exhibir una fotocopia más de su demanda. Ello, en atención de que el artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medidacautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa Así lo sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Abril de 2001. Tesis: P. VII/2001. Página: 325. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDADDE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, darla intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por tanto, en razón de que la promovente solamente exhibió cuatro copias de la demanda que se acuerda, siendo necesarias en la especie cinco para distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; una para emplazar al tercero perjudicado; dos para tramitar por duplicado el incidente de suspensión; y, una más para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia por contradicción de Tesis 1ª.1J.106/2005, visible a fojas ciento setenta y ciento setenta y uno, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARAQUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuantas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otrassimilares es suficiente para considerar el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que se desahoga la prevención o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. Con el apercibimiento que de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (tresdías), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 146 de la Ley de Amparo, esto es, SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA la demanda de amparo que se analiza. Téngase como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones personales, el señalado en su demanda y por autorizada para los mismos efectos, esto es, con las facultades restringidas previstas en la última parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere por así haberlo manifestado. Se faculta al actuario judicial de la adscripción, a fin de que pueda practicar la notificación del presente proveído, aun en horas inhábiles, esto es, de las siete a las veintiuna horas, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación de este asunto. "
Amparo Incidental 146/2013 SANDRA MARIA LARIOS CASTRO PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicita la quejosa Sandra María Larios Castro, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria.
Amparo Principal 149/2013 JUAN ANGEL DE LA CRUZ MEJIA JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 En primer término, agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO del 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo que acompaña; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otra parte, en razón al cuantioso número de fojas que compone el legajo de las copias certificadas del proceso 27/2013 que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional las constancias puedan ser apreciadas debidamente. Finalmente, no ha lugar a realizar mayor proveído respecto a la manifestación señalada por la autoridad responsable referente aldiverso juicio de amparo radicado en este órgano jurisdiccional, en virtud de que el acto reclamado es distinto al del presente juicio de garantías.
Amparo Incidental 150/2013 ALFONSO CONTRERAS URIBE JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la presente fecha no se han recibido los informes previos de las autoridades responsables 1. Juez y Agente del Ministerio Público, ambos del Juzgado de lo Penal, 5. Comandante de la Policía Ministerial, todos de Huejotzingo, Puebla, 4. Comandante de la Policía Ministerial, con sede en Santa Rita Tlahuapan, Puebla y 6. Comandante de la Policía Ministerial, con residencia en San Martín Texmelucan, Puebla; como tampoco existe constancia de notificación que acredite que hayan recibido los oficios por los cuales se les solicitó el mismo; así como también, no obra en autos el informe previo del 3. Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término concedido a fin de que rinda dicho informe, según se desprende de la constancia de notificación del oficio 062-V-3 por el que se le solicitó el mismo (fojas catorce yquince); en consecuencia, y con la finalidad de que las citadas autoridades tengan la debida oportunidad para rendir su informe previo y este juzgado cuente con los elementos necesarios para resolver lo relativo a la suspensión definitiva respecto a dichas autoridades, con fundamento en los artículos 131 y 133 de la Ley de Amparo, se reserva la celebración de la audiencia incidental fijada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. Al respecto es aplicable, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se proporcionan: "AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE. Aunque por regla general, la audiencia incidental no debe diferirse por la naturaleza misma del incidente, sin embargo, para que pueda celebrarse es preciso que las autoridades señaladas como responsables, sean sabedoras del contenido de la demanda, a fin de que estén en condicionesde rendir su informe previo y sobre esa base, decidir si ha lugar o no a conceder la medida cautelar. De manera que si aquellas autoridades no son notificadas oportunamente del proveído que las requiere para que rindan su informe, debe diferirse la audiencia incidental, pues resulta inaplicable la presunción de certeza de los actos reclamados, ya que dichas autoridades no omitieron rendir su informe, sino que se vieron imposibilitadas para hacerlo; en consecuencia procede revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento." (Octava Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI, Marzo de 1993, Página: 224).
Amparo Incidental 152/2013 Este dato ha sido removido del sistema a petición del interesado JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO 02/07/2013 Este dato ha sido removido del sistema a petición del interesado
Amparo Incidental 154/2013 JOSÉ LUIS BARTOLO SALDAÑA SOTO PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 PRIMERO. Se RESERVA la audiencia incidental fijada para el día de hoy, únicamente respecto de las autoridades responsables 1. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla y 3. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ambos con residencia en la ciudad de Puebla, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para su celebración SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por JOSÉ LUIS BARTOLO SALDAÑA SOTO, en términos del considerando tercero y cuarto de esta interlocutoria.
Amparo   155/2013 PETRA JUANA MARTINEZ GINEZ JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que las autoridades responsables 1. Juez de lo Civil de Tepexi de Rodríguez, Puebla y 2. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, no han rendido su informe previo, ni existe constancia de notificación que acredite que hayan recibido los oficios mediante los cuales se les solicitó el mismo, pues las notificaciones a éstas se realizan vía correo; consecuentemente, con la finalidad de que tengan la debida oportunidad para rendir su informe previo y este juzgado cuente con los elementos necesarios para resolver lo relativo a la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 133 de la Ley de Amparo, SE RESERVA la audiencia incidental fijada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con cinco minutos del veinte de febrero de dos mil trece, para su celebración. Tiene aplicación al caso la tesis emitida por el SegundoTribunal Colegiado del Sexto Circuito cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Octava Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XI, Marzo de 1993 Página: 224 AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE. Aunque por regla general, la audiencia incidental no debe diferirse por la naturaleza misma del incidente, sin embargo, para que pueda celebrarse es preciso que las autoridades señaladas como responsables, sean sabedoras del contenido de la demanda, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe previo y sobre esa base, decidir si ha lugar o no a conceder la medida cautelar. De manera que si aquellas autoridades no son notificadas oportunamente del proveído que las requiere para que rindan su informe, debe diferirse la audiencia incidental, pues resulta inaplicable la presunción de certeza de los actos reclamados, ya que dichas autoridades noomitieron rendir su informe, sino que se vieron imposibilitadas para hacerlo; en consecuencia procede revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento.
Amparo Principal 164/2013 JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO PERJUDICADO ALMA MARIANA ROBLES JUÁREZ EL AUTO DE 6 DE FEBRERO DE 2013, QUE EN LO CNDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo presentada por Minerva Ronquillo Onofre, contra actos de las autoridades responsables: 1. Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y 2. Diligenciario licenciado Ignacio Pedraza Rojas, adscrito a la Central de Diligenciarios del Distrito Judicial de Puebla. Fórmese expediente de amparo y regístrese bajo el número 164/2013, en el libro de gobierno de este juzgado y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 36, 114, 116, 142, 147, 148 y 149 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL UNODE MARZO DE DOS MIL TRECE, para su celebración. Pídanse sus informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de cinco días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen, las que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas, se les impondrá a cada una, MULTA de entre diez a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta zona económica de conformidad con el artículo 149 en relación con el 3 Bis de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde. En términos de lo dispuesto en el inciso a), fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo se tiene como tercero perjudicadosa: 1. Alma Mariana Robles Juárez, en su calidad de endosataria en procuración del señor José Rubén Rojas Estevez, con domicilio para ser emplazada en Avenida Orión Sur número quinientos dos, local diez, Plaza Orión, Reserva Territorial Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla y 2. Juan Salvador Hernández Ronquillo con domicilio para ser emplazado en Privada Veintisiete A Sur número trece mil setecientos nueve, Hacienda Santa Clara de la ciudad de Puebla, por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que emplace a la parte tercero perjudicada mencionada con una copia simple de la demanda que originó el presente juicio de amparo y del presente acuerdo. Así mismo, se reserva proveer lo atinente a la existencia de otros tercero perjudicados hasta que obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables; lo anterior toda vez que la quejosa manifestó comparecer al presente juicio en carácter de tercero extraño a juicio, por lo que no puedetener acceso al expediente de origen. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la impetrante de amparo, las documentales que exhibe con su escrito de demanda, marcadas con los números 2, 3, 5, 6 y 9, así como la instrumental pública de actuaciones marcada con el número 8 mismas que se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia constitucional. Ahora bien, en atención a lo solicitado por la quejosa, en el sentido de guardar en el secreto del juzgado los documentos que exhibió con su demanda, consecuentemente, guárdense en la caja de seguridad del juzgado los documentos que anexo a su escrito de demanda consistentes en copias autorizadas de: cédula de emplazamiento, demanda mercantil y dos pagares relativos al juicio ejecutivo mercantil 747/2012, en original un boleto de pasaje, un recibo de Telmex, y un Aviso Recibo de Comisión Federal de Electricidad, en copiacertificada ante notario público lo siguiente: una credencial para votar a nombre de la promovente, boleta de pago del impuesto predial dos mil trece, expedida por el Gobierno Municipal de Puebla, registrándose con el número que les corresponda en el libro respectivo, y para facilitar el manejo de este expediente agréguese fotocopia simple de los mismos. Ahora, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la promovente y marcadas en el escrito de demanda con los números 1, 4 y 7 no ha lugar a acordar de conformidad la admisión de dichas pruebas pues aún no obran en autos; sin embargo, quedan expeditos sus derechos para ofrecerlos en el momento procesal oportuno, esto es, hasta en tanto rindan las autoridades responsables sus respectivos informes. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda precisamente en el capítulo de antecedentes en el punto marcado con el número siete se desprende que ofrece como prueba de su parte la inspección judicial; sin embargo, se reserva deproveer respecto a su admisión hasta que los terceros hayan sido emplazados y las autoridades señaladas como responsables hayan rendido su informe. De igual forma, en el capítulo relativo a conceptos de violación solicita se gire oficio al Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla, para que informe cuál es el domicilio que aparece en la credencial de elector de Juan Salvador Hernández Ronquillo (demandado en el juicio ejecutivo mercantil 747/2012) al respecto, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad su petición pues no se ubica en el supuesto previsto en el artículo 152 de la Ley de Amparo, esto es, no acredita haber solicitado ante dicha autoridad tal información y así estar en aptitud de requerir a la autoridad omisa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Registro No. 193554 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999 Página: 784 Tesis: II.1o.P.26 K Tesis Aislada Materia(s): Común PRUEBAS EN EL AMPARO. A FIN DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN POSIBILIDAD DE REQUERIR AL FUNCIONARIO O AUTORIDAD OMISOS EN EXPEDIR COPIAS O DOCUMENTOS QUE PREVIAMENTE HABÍA SOLICITADO EL QUEJOSO, ÉSTE DEBE ACREDITAR FEHACIENTEMENTE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN RESPECTIVA, DICHA PETICIÓN. El artículo 152 de la Ley de Amparo, dispone: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dichorequerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato ...". De la interpretación natural de dicho precepto se colige que la parte interesada debe demostrar al Juez de Distrito en forma fehaciente, mediante la promoción respectiva que debió efectuar ante el funcionario o autoridad que correspondía, que en efecto le solicitó la copia o documento que ofreció como prueba en la instancia constitucional, a fin de que el citado juzgador accediera a requerir a la autoridad omisa esa copia o documento; en esa virtud, no basta para demostrar la petición aludida, la sola manifestación "bajo protesta de decir verdad" del recurrente de haberla solicitado, pues era indispensable que anexara a su escrito de pruebas,copia sellada del ocurso relativo a dicha petición; en consecuencia al haberlo advertido así el Juez Federal, su determinación de tener por no admitida tal probanza es legal, pues se ajusta a lo establecido en los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo. Se ordena efectuar la compulsa de las fotocopias simples que la quejosa acompañó a su demanda de amparo con el original de dichos documentos, para que obren en el incidente de suspensión. En aplicación de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Septiembre de 2010. Página: 7. Tesis: P./J. 71/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTALCON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, elJuez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse queestimó que son prescindibles para resolver. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que indica en su escrito de demanda y por autorizada con facultades restringidas a Margarita Lozada Barranco como lo dispone el segundo párrafo, segunda parte del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse en autos, por así haberlo solicitado expresamente la impetrante de garantías. Finalmente, señálese al quejoso que si el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional devuelve el oficio con transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria y asienta razón en ese sentido, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. "
Amparo Incidental 164/2013 JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO PERJUDICADA ALMA MARIANA ROBLES JUÁREZ EL AUTO DE 6 DE FEBRERO DE 2013 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 164/2013 promovido por Minerva Ronquillo Onofre, contra actos del 1. Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y 2. Diligenciario licenciado Ignacio Pedraza Rojas, adscrito a la Central de Diligenciarios del Distrito Judicial de Puebla; al respecto se provee: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación, ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial SigloXXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se les impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad de diez días de salario mínimo vigente en esta zona geográfica. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. Téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que anexó en copias simples y certificada a su escrito de demanda y que fueron cotejadas para que obraran en el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas enla audiencia incidental. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en esta vía constitucional se hacen consistir en: ".el FALSO EMPLAZAMIENTO Y COMO CONCESUCIENCIA LA RAZÓN ASENTADA EN EL ACTA DE EMBARGO, realizado el día cuatro de enero del año en curso, en el expediente número 747/2012 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil tramitado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de los de esta Capital, promovido por Alma Mariana Robles Juárez, endosataria en procuración de José Rubén Rojas Estevez, en contra de Juan Salvador Hernández Ronquillo". Y, pide la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se sustraigan bienes con motivo del "falso emplazamiento". Ahora bien, en aplicación de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA.CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. (Novena Época, Registro: 182529, Instancia:Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 111/2003, Página: 98). Entonces, en primer término debe establecerse que la parte quejosa acredita su interés suspensional indiciariamente con la copia certificada del recibo de pago del impuesto predial dos mil trece expedido por el Gobierno Municipal de Puebla, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, pues de éste se desprende que la quejosa Minerva Ronquillo Onofre aparece como propietaria del inmueble ubicado en Río Papaloapan número cinco mil setecientos treinta de la colonia Jardines de San Manuel de la ciudad de Puebla y, esa circunstancia incluso está corroborado con la copia certificada de la credencial para votar con fotografía de la inconforme, la cualtambién tiene pleno valor probatorio por ser un documento público y en la que también aparece dicho domicilio. Por tanto, conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, y con las referidas documentales que exhibe la parte quejosa, téngasele dando cumplimiento a la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, justifica que con la ejecución de los actos reclamados podrían causarle daños y perjuicios que sean de difícil reparación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, misma que a continuación se reproduce: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándosecomo acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios,fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. (Novena Época, Registro: 197239, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 96/97, Página: 23). Así como, la diversa jurisprudencia sustentada por la Primera Sala dicho órgano Superior: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO ALJUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podráafectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. (Novena Época, Registro: 167346, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 4/2009, Página: 515). En tales condiciones, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que la parte quejosa no sea desposeída del bien inmueble ubicado en la casa marcada con el número cinco milsetecientos treinta de la calle Río Papaloapan en la colonia Jardines de San Manuel en la ciudad de Puebla, ello hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito, cuyos datos de localización son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN CONTRA DEL LANZAMIENTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO SE LE ATRIBUYEN VICIOS PROPIOS QUE CAUSEN DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN. Si bien es verdad que por regla general es improcedente conceder la suspensión definitiva en contra de actos que tiendan a cumplir una sentencia ejecutoria, porque la sociedad está interesada en que no se entorpezcan los fallos que establecen la verdad legal, también lo es el hecho de que si a los referidos actos de ejecución, específicamente materializados en la orden de lanzamiento decretada, se les atribuyen vicios propios que, de resultar fundados y de no concederse su suspensión, traerían como consecuencia que lasviolaciones cometidas fueran irreparablemente consumadas causando daños y perjuicios de difícil reparación, en contra de la ejecución de la mencionada orden de lanzamiento sí es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada. (Novena Época, Registro: 192265, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, Materia(s): Civil, Tesis: I.8o.C. J/10 Página: 932). En consecuencia, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, la presente medida precautoria surte sus efectos de inmediato pero dejará de hacerlo si la inconforme, dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, no exhibe garantía por cualquiera de los medios establecidos por la ley, por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos cero centavos moneda nacional), con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar a la partetercero perjudicada con el otorgamiento de la presente medida cautelar, misma que fija la suscrita discrecionalmente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo, atendiendo a que el plazo máximo en que podría durar la tramitación del juicio principal del cual deriva la presente incidencia sería de seis meses, y ante la falta de mayores datos para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis cuyo rubro y texto dicen: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: "En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentenciafavorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.". Ahora bien, del segundo párrafo de dicho precepto se colige que la facultad discrecional que concede a los órganos de control constitucional para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero no puede ser arbitraria, sino que debe ejercerse de manera razonada, atendiendo a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse. Registro No. 163259, Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Diciembre de 2010Página: 1711Tesis: VI.2o.C.J/321JurisprudenciaMateria(s): Común. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE FIJAR DISCRECIONALMENTE EL MONTO DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE CUANDO NO SE ADVIERTAN DE LA DEMANDA, NI DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, DATOS SUFICIENTES PARA SU DETERMINACIÓN. Si el Juez de Distrito niega al quejoso la suspensión de los actos reclamados y como consecuencia de ello se interpone el recurso de queja, en el caso de la suspensión provisional, o el de revisión, si se trata de la definitiva, al estimarse fundado y suficiente para revocar la resolución del a quo; el órgano colegiado debe reasumir jurisdicción, por no existir la figura procesal de reenvío en el amparo y, por ende, examinar plenamente la procedencia de la medida solicitada. Así, en el caso de que el Tribunal Colegiado considere satisfechos los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo y, además, estime necesario fijar caución bastante para garantizar los posibles daños o perjuicios que llegaran a causarseal tercero, si no se otorga la protección constitucional, pero ni de la demanda de garantías ni de las constancias de autos se advierten datos suficientes que permitan claramente establecer el monto de dicha garantía, debe aplicarse, por analogía, el artículo 125 de la Ley de Amparo y fijar su cuantía en forma discrecional, con la obligación de razonar suficientemente su decisión, pues este precepto en su segundo párrafo únicamente contempla el supuesto en el cual la afectación al tercero no sea estimable en dinero, mas no prevé de manera particular la hipótesis en comento. Registro No. 174964, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006 Página: 1885 Tesis: XVI.2o.C.3 K Tesis Aislada Materia(s): Común. No pasa inadvertido para la suscrita juez federal que la quejosa también solicita la suspensión para que las autoridades responsables se abstengan de sustraer bienes del inmuebleque defiende con motivo del "falso emplazamiento"; sin embargo, en relación con éste último aspecto procede a negar la medida cautelar solicitada pues la inconforme no precisa cuáles son los bienes muebles respecto de los que solicita la suspensión, tampoco proporciona los datos de identificación de los mismos y mucho menos acredita aunque sea de manera indiciaria que sea la propietaria o poseedora de aquéllos, lo que lleva considerar que no cuenta con el interés suspensional requerido en términos de lo dispuesto en el artículo 124 fracción III de la Ley de Amparo . Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada del presente acuerdo, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a doce horas de los díashábiles, ya que así lo permiten las labores de este órgano jurisdiccional. Signifíquese a la parte quejosa que si el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional devuelve el oficio con transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria y asienta razón en ese sentido, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. "
Amparo Principal 167/2013 JOSÉ NICOLAS QUITL TLAPALTOTOLI JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 02/07/2013 Vista la demanda de amparo presentada por JOSÉ NICOLÁS QUITL TLAPALTOTOLI por propio derecho contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA; se provee: Fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 167/2013. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 36, 114, 116, 147, 148 y 149 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE para la celebración de la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicadoen Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen, las que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas, se le impondrá en la sentencia una multa de entre diez a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con el artículo 149 en relación con el diverso 3 bis, ambos de la Ley de Amparo, remitiéndole para ello copia simple de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le corresponde. En términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero perjudicado en la presente instancia constitucional al INSTITUTO MEXICANODEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN PUEBLA, autoridad a la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, deberá emplazarse por medio de oficio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Señálese a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano devuelve los sobres conteniendo los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias o el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicadosupletoriamente.
Amparo Principal 175/2013 Sofia Vargas González Juez Primero Penal de Tulancingo, Hidalgo 02/07/2013 Visto el oficio 5440, y anexos que se acompañan, del Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, por medio del cual remite: 1) el juicio de garantías 2046/2012-I-B y su acumulado 2063/2012-I, promovido por Brian Vargas Guzmán y Sofía Vargas González, por propio derecho, contra actos del 1. Juez de lo Penal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otras autoridades; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia dictada el veintinueve de enero pasado por el Juez de Distrito declinante, mediante la cual el mencionado Juez determinó carecer de competencia legal para resolver el citado juicio de amparo por los motivos que de la misma se desprenden. Al respecto, y toda vez que la suscrita Jueza Federal comparte las razones del Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca que declina la competencia, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia para resolverde la referida demanda de garantías; acúsese el recibo correspondiente al Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca. En virtud de lo anterior, radíquese este expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de amparo 175/2013; y se ordena cambiar la carátula correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la radicación del presente asunto ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; esto es, a las autoridades responsables mediante oficio y a los quejosos y tercero perjudicada vía exhorto. Y, en virtud de que dichas partes señalaron domicilio para recibir notificaciones de carácter personal los ubicados en Avenida de las Aves, número 112, colonia Villas de Pachuca en Pachuca, Hidalgo y Calle Rosas Rossea número 100, colonia Abundio Martínez, Mineral de laReforma en Pachuca, Hidalgo, respectivamente, esto es, dichos domicilios se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General 17/2012, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA, a fin de que, en auxilio de las labores de este juzgado se sirva ordenar al Actuario Judicial de su adscripción con lafinalidad de que notifique a la parte quejosa y tercero perjudicada el presente proveído, en los domicilios antes precisados; remitiéndole para tal efecto copia autorizada del mismo; haciéndoles saber que deberán señalar domicilio para recibir notificaciones personales en la ciudad de Puebla, ante este Juzgado Federal sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, en el plazo de tres días siguientes a la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se les harán por lista atento lo dispuesto por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo. De igual forma, se solicita al juez exhortado, se sirva remitir en su oportunidad las constancias que así lo acrediten. Ahora bien, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, se ordena turnarlos presentes autos a la vista de la suscrita Jueza Federal para el dictado de la sentencia correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Registro No. 190373. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIII, Enero de 2001. Página: 5. Tesis: P./J. 9/2001. Jurisprudencia Materia(s): Común. COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacíacompetente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Contradicción de tesis 1/95. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Sin que haya lugar a solicitar a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, toda vez que los mismos ya obran en autos y el veintinueve de enero de la presente anualidad se celebró la audiencia constitucional, encontrándose pendiente de dictar la sentencia correspondiente. Atento a lo anterior, solicítese al Juez Primero de Distrito en el Estado deHidalgo, con residencia en Pachuca para que de no tener inconveniente legal alguno se sirva remitir los cuadernos incidentales derivados de este asunto.
Amparo Incidental 174/2013 REMEDIOS SÁNCHEZ LORANCA YAMELL CLAUDIA GARCIA DE LA CRUZ 02/07/2013 Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que antecede, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 174/2013, promovido por REMEDIOS SÁNCHEZ LORANCA, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. @Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 2. @Diligenciario expedientes pares adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su correspondiente informe previo que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, para lo cual envíeseles al efecto copia simple de la demanda, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá acada una, una corrección disciplinaria de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el penúltimo precepto invocado, en relación con el artículo 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE como fecha para la celebración de la audiencia incidental. De la demanda de garantías se advierte que la quejosa reclama el ilegal emplazamiento al juicio de guarda y custodia radicado bajo el expediente 574/2011 del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como todas las actuaciones que derivan de dicho expediente hasta el dictado de la sentencia y su ejecución. Ahora bien, en virtud de que el emplazamiento cuya legalidad se cuestiona ya se llevó acabo, debe decirse que el mismo reviste el carácter de acto consumado; en consecuencia, contra ésta es improcedente conceder la suspensiónprovisional solicitada. Lo anterior es así, ya que de otorgarse la medida cautelar solicitada contra dicho llamamiento a juicio, se le daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia de amparo que se pronuncie en el expediente principal de donde deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: Octava Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: 60, Diciembre de 1992. Tesis: II.3o. J/37. Página: 51. ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Por otro lado, respecto de losefectos y consecuencias del acto reclamado que en el caso se traduce en la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de guarda y custodia radicado bajo el expediente 574/2011 del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se provee: En principio, es necesario precisar que del contenido del artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que el Estado Mexicano se encuentra comprometido a otorgar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, y adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para salvaguardar el interés superior de la infancia, como uno de los principios rectores que sustentan la doctrina integral de protección de la niñez. Así pues, del artículo 4 constitucional se advierte el deber del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Bajo esta óptica, en toda resolución sedebe salvaguardar el interés superior de los menores hijos de la aquí quejosa REMEDIOS SÁNCHEZ LORANCA (de los que no proporciona los nombres), entendido éste como la institución a través de la cual se procura el desarrollo integral del infante, proporcionándole la estabilidad, cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. Cierto, el interés superior de los menores es el principio rector en las decisiones de carácter judicial que repercuten en la vida de aquéllos. Dicho principio obliga a que en las controversias del orden familiar, el juzgador observe, por sobre todas las cosas, el bienestar de los infantes, anteponiéndolo al interés de cualquier adulto involucrado en la contienda. En tales condiciones, al advertirse que con la medida cautelar solicitada no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y son de difícil reparación los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, confundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en horarios que no interfieran con las actividades cotidianas de los menores hijos de la quejosa REMEDIOS SÁNCHEZ LORANCA (de los que no proporciona los nombres), permita la convivencia de éstos con su progenitora, lo anterior hasta en tanto no se resuelva en definitiva este incidente. Por lo que dada la urgencia de la medida cautelar concedida, se requiere al juez familiar señalado como responsable para en el término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído, dicte un acuerdo en el que establezca los lugares, horarios y condiciones en que habrá de darse la convivencia de la impetrante de garantías con sus menores hijos y, en ese mismo término remita a este Juzgado de Distrito las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a lo ordenado, apercibido que de nohacerlo se seguirá el procedimiento que prevé la Ley de Amparo para cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y se le requerirá el cumplimiento de la suspensión por conducto de su superior jerárquico Sirven como apoyo a lo anterior, en la parte conducente, las tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Décima Época. Registro: 160227. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.3o.C.1022 C (9a.). Página: 1222. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DEBE PONDERARSE SU PREFERENCIA EN RELACIÓN CON OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ATENTO AL CASO CONCRETO. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales signados por nuestro país, todas las autoridades deben velar por el interés superior del menor, el cualconsiste, entre otras cosas, en asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, de forma tal que si bien deben velar porque los menores no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, esto tiene como excepción el interés superior del niño, como puede ocurrir en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres. Ahora, otro principio constitucional lo constituye el de seguridad jurídica, por virtud del cual las sentencias definitivas deben cumplimentarse al ser de orden público e interés general, más aún en tratándose de aquellas emitidas en las controversias del orden familiar. No obstante, tal principio no puede estar por encima del interés superior del menor de existir indicios que permitan advertir que de cumplir con una sentencia -entrega de un menor a uno de sus progenitores- éste se podría ver afectado en su psique y su integridad física, ante laexistencia de conductas lesivas realizadas con posterioridad a la sentencia a cumplimentar, pues de resultar ciertos los indicios de violencia, el cumplimiento de la sentencia conllevaría a exponer al menor a todo tipo de peligros desde agresiones físicas como psicológicas o hasta sexuales, que podrían dejar marcas de por vida. Por tanto, si el juzgador de lo familiar tiene conocimiento de cualquier indicio de riesgo que vulnere el interés superior del menor, debe someter el cumplimiento de la sentencia definitiva (seguridad jurídica) a dicho principio, por virtud de lo cual previo a ordenar el cumplimiento de una sentencia se debe allegar de las pruebas necesarias para valorar si se debe cumplimentar o no dicha sentencia. Máxime cuando en materia familiar las resoluciones no causan estado, en virtud de que éstas pueden y deben ser modificadas de existir nuevas situaciones de hecho que pudieran afectar los intereses de los niños. Novena Época. Registro: 162383. Instancia: TribunalesColegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Abril de 2011. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.3o.C.927 C. Página: 1300. DERECHO DE CONVIVENCIA. EL INTERÉS QUE DEBE PRIVILEGIARSE ES EL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, SOBRE LA BASE DE QUE SE ASEGURE SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE TIENE POR MATERIA LA LIMITACIÓN A ESE DERECHO. Cuando los padres de las niñas y niños pretenden ejercer el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad. Esto último es lo que justifica el sentido de la medida judicial cautelar que se dicta en el juicio de amparo indirecto para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, debe ponderarse que la medida provisional que llegue a dictar un Juez en un juicio determinado para queexista una convivencia entre los padres y las niñas y niños o no se ponga en peligro su goce, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia y a asegurar su goce efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los padres de las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquél, sino que en todo caso, está subordinado al interés superior del niño y a la etapa de desarrollo en que se encuentra; en relación con esto último, también debe destacarse que la regla establecida en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy general, al comprender como tales a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, a menos que bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría. Existen diversas etapas en la infancia, que son además relevantes para decidir la forma de ejerciciode la convivencia y determinar la necesidad del menor, entre otras cosas, de vincularse afectivamente con los adultos y, en especial con sus padres y la familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad con el mundo que le rodea. La convención de mérito como elemento integrante de nuestro orden jurídico faculta a las autoridades, como la judicial a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la convención. Y constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor, desde su primera infancia, fluya no sólo de los padres, sino de los hermanos y aquellos que forman parte de la familia extensa si la hay, porque atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento deseguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que salvo que esté demostrado que tal situación representa un peligro para el goce de los derechos de la niña o niño, el juzgador no sólo debe asegurar sino incentivar que esa situación se verifique antes del dictado de una sentencia que reconozca definitivamente los términos del ejercicio de una convivencia solicitada, como una vez resuelta en definitiva la controversia planteada. En ese contexto, se parte de la base de que, en condiciones de conflictos sujetos a la tutela judicial sobre convivencia, el niño es quien resiente, desde luego, los efectos de la falta de convivencia con la familia porque constituyendo una etapa de rápido y definitivo desenvolvimiento, que no es factible rehacer o revivir, deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos como el de ésta no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor. Lo anterior, hágase del conocimientodel tercero perjudicado JOSÉ MORALES PAZ, para los efectos legales a que hay lugar. Finalmente, señálese al quejoso que si el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional devuelve el oficio con transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria y asienta razón en ese sentido, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
Amparo Principal 179/2013 MIGUEL PONCE CHAVEZ JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la demanda de garantías presentada por MIGUEL PONCE CHÁVEZ, contra actos de las siguientes autoridades: 1. @Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 2. @Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 3. @Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 4. @Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 5. @Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 6. @Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 7. @Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 8. @Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 9. @Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. 10. @Juez del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla. 11. @Juez del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla. 12. @Procurador General de Justicia del Estado de Puebla. 13. @Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla. Fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 179/2013 y captúrese en el Sistema Integral deSeguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En primer lugar, debe señalarse que no procede proveer sobre la suspensión de plano solicitada por el quejoso, ya que dicha suspensión procede en términos de lo establecido en el artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente en contra actos que importen el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o bien, cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada; sin embargo, en el caso no se actualizan las hipótesis que prevé el precepto invocado, pues el impetrante de garantías reclama una orden de aprehensión y su ejecución, cuya emisión atribuye a autoridades penales judiciales que son precisamente las competentes para emitir ese tipo de actos. Ello aunado a que el quejoso suscribió directamente la demanda, lo que permite establecer que no está siendosometido a penas de mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie o cualesquier otra pena inusitada y trascendental (que son de las que prohíbe el artículo 22 constitucional). Por consiguiente, no ha lugar a tramitar la suspensión de plano y, en relación con la medida cautelar solicitada debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 124 Bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo, que son los que regulan la suspensión de los actos derivados de un procedimiento penal. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 36, 114, 116, 142, 147, 148, 149 y 156 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión del acto reclamado por haberlo solicitado el quejoso. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio degarantías. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; debiendo anexar las constancias que los apoyen; asimismo, se solicita a las responsables se sirvan informar a este órgano jurisdiccional en caso de suscitarse un cambio de situación jurídica, remitiendo las constancias que así lo justifiquen; con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá a cada una multa de entre diez a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con el artículo 156 en relación con el diverso 3 Bis, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Leyde Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le corresponde. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica en su escrito de cuenta, y autorizando en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Finalmente, señálese al quejoso que si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre conteniendo el oficio con transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria o el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
Amparo Principal 181/2013 CARLOS MAURER ESPINOZA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la demanda de amparo presentada por Carlos Maurer Espinosa, por propio derecho y en su carácter de Administrador Único de la persona moral denominada Pausterizadora Maulec, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en relación con la copia certificada del instrumento notarial número ocho mil novecientos cuarenta y siete, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al efecto, debe indicarse que la suscrita se pronuncia respecto a la personalidad con que comparece el ocursante, la que es dable examinar al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso y que se debe hacer constar en el acuerdo admisorio. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO,SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quiencarece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo."(Contradicción de tesis 30/90). Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Julio de 1996, Tesis: P./J. 43/96, Página: 48). Así, la personalidad del aquí ocursante se tiene por acreditada con el instrumento notarial que exhibe, en el que se advierte que, en el segundo punto resolutivo, Carlos Maurer Espinosa es nombrado como Administrador Único o Administrador General de la persona moral denominada Pausterizadora Maulec, Sociedad Anónima de Capital Variable, con todas las facultades que establecen los estatutos sociales para dicho cargo. En efecto, al ser larepresentación general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamado representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida que esta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que se tiene por acreditada la personalidad del ocursante en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 181/2013. Una vez satisfecho dicho requisito se procede a proveer respecto de la demanda de amparo en los siguientes términos: Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I,y 107, fracciones I, III, VII, XII y XV de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 36, 37, 114, fracción IV, 116, 142, 147, 149 y 156 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías promovida por Carlos Maurer Espinosa, por propio derecho y en su carácter de Administrador Único de la persona moral denominada Pausterizadora Maulec, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de las siguientes autoridades 1. Secretario de Economía del Gobierno Federal, 2. Director General de Normas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, 3. Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, 4. Servicio de Administración Tributaria, 5. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 6. Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 7. Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, 8. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, 9. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, 10. Juez Cuarto deDistrito en el Estado de Puebla, 11. Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, 12. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, 13. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, 14. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, 15. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, 16. Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Puebla, 17. Procurador Federal del Consumidor, 18. Comisionado Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, 19. Jefe de la Policía Federal Preventiva, 20. Delegado en el Estado de Puebla de la Policía Federal Preventiva, 21. Titular de la Agencia Federal de Investigación, 22. Delegado en el Estado de Puebla de la Agencia Federal de Investigación, 23. Jefe de la Policía Federal Ministerial y 24. Delegado en el Estado de Puebla de la Policía Federal Ministerial. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberánrendirlo dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que los apoyen, las que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas, se les impondrá a cada una en la sentencia multa de diez a ciento cincuenta días de salario, de conformidad con el artículo 156, en relación con el 3º Bis, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este Juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otroresuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Se señala a los Jueces responsables que con fundamento en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el caso que se reclame una orden de aprehensión, una vez que dicten resolución de término constitucional deberán notificarlo a este Juzgado de Distrito, y si se reclama dicha determinación, una vez que cierren la instrucción deberán suspender el correspondiente procedimiento penal, hasta que sean notificados de la resolución que recaiga en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 5 fracción, IV de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. Por otro lado, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las queofrece en su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional. En aplicación de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera lavaloración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental),alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Septiembre de 2010. Página: 7. Tesis: P./J. 71/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común.) Se ordena efectuar la compulsa y certificación de las documentales que anexa para que obren en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el queindica en su escrito de cuenta y señalando como autorizados a las personas que menciona, con el cúmulo de facultades que al efecto establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal. Signifíquese a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano devuelve los sobres con los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias o el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar los oficios, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la citada ley y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
Amparo Principal 188/2013 CARLOS EUGENIO ORTIZ SEGURA PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 Vista la demanda de amparo presentada por Carlos Eugenio Ortiz Santa Cruz, a nombre de su hijo Carlos Eugenio Ortiz Segura, contra actos de las autoridades responsables siguientes: 1. Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla y 2. Director General de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, III, VII, XII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 17, 114, fracción II, 116, 117, 118, 123, 147, 149 y 156 de la Ley de Amparo, tramítese la demanda de mérito y fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo 188/2013. Dado que el promovente señaló entre otro acto la incomunicación en contra del ahora quejoso, supuesto establecido en el artículo 22 constitucional, con fundamento en el artículo 123, fracciones I y II de la Ley de lamateria SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de VEINTICUATRO HORAS las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal equiparable al abuso de autoridad, conforme al artículo 206 del citado cuerpo de leyes, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ubicado en elllamado Edificio Bicentenario, o bien, en el lugar en el que le indiquen las autoridades responsables que se encuentre detenido el quejoso Carlos Eugenio Ortiz Segura, y lo requiera para que manifieste en ese acto o en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, si ratifica o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, en la inteligencia de que si la ratifica se tramitará el juicio, y en caso de que no lo haga, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; de ratificar la misma, le haga saber el requerimiento contenido en el presente auto, así como el apercibimiento decretado para el caso de que no lo cumplan. De igual forma, se conmina al Actuario Judicial de la adscripción para que al momento de desahogar la diligencia citada en el párrafo que antecede, dé fe de la integridad física del quejoso directo, así como precise el lugaren el que esté privado de su libertad e incomunicado, y lo requiera para que en el momento le especifiquen si ha sido ubicado en una segregación especial o si han convivido en las áreas comunes de dicho establecimiento con la demás población, así como les pregunte si ha sufrido un castigo dentro del lugar en que se encuentra interno, con motivo de alguna falta cometida dentro del mismo. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de garantías y por autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a las personas que refiere por tratarse de un asunto en materia penal. Respecto a la privación ilegal de la libertad (orden de detención) en contra del directo quejoso, por separado y duplicado tramítese el incidente de suspensión en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 130, último párrafo de la Ley deAmparo. Signifíquesele a la parte promovente que si el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en el sentido de no poder entregar los oficios por no existir estas, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la citada ley y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
Amparo Incidental 188/2013 CARLOS EUGENIO ORTIZ SEGURA PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 02/07/2013 En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 188/2013, promovido por Carlos Eugenio Ortiz Santa Cruz, a nombre de su hijo Carlos Eugenio Ortiz Segura, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla y 2. Director General de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, con las copias de cuenta, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión del acto reclamado, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, el cual deberán rendir en el término de VEINTICUATRO HORAS, para el efecto, remítaseles copia de la demanda de garantías, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se les impondrá una corrección disciplinaria de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo y 55, fracción II delCódigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE para llevar a cabo el desahogo de la audiencia incidental. Ahora bien, respecto de la solicitud de suspensión del acto reclamado, tomando en cuenta que el quejoso ya se encuentra detenido se concede la medida cautelar en los términos y condiciones que enseguida se establecen: Si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso ya efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante el Juez correspondiente. De consistir el acto reclamado en la detención del quejoso ya efectuada por elMinisterio Público, la suspensión se concede para que se le ponga en inmediata libertad si no se acredita la flagrancia o la urgencia. De existir flagrancia o urgencia, se previene al Ministerio Público para que la parte quejosa sea puesta en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, a partir de su detención. No ha lugar a exigir la exhibición de una garantía dado que el impetrante de garantías se encuentra detenido. Se aclara que la suspensión concedida no surtirá efecto alguno en los siguientes casos: @ a) Si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión librada en su contra por autoridad judicial; b) Si se les sorprende en la comisión flagrante de delito; y c) Si la orden de detención que se reclama se refiere a determinado delito que conforme a la ley no permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución (GRAVE), pues en este caso enparticular la medida suspensional concedida única y exclusivamente producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del Juez de Distrito en lo que se refiere a su libertad personal, precisamente en las instalaciones de la propia autoridad responsable, quedando a disposición de ésta para la continuación del correspondiente procedimiento penal. Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada del presente auto, autorizado a la persona que refiere para recibirla. Signifíquesele a la parte promovente que si el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta la razón en el sentido de no poder entregar los oficios por no existir estas, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento enlos artículos 74, fracción IV de la citada ley y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 202/2008 02/07/2013 Agréguese a sus autos el oficio 3345-Vll-13 de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, por medio del cual informa que el uno de febrero de la anualidad en curso se difirió la audiencia incidental señalada para ese día, y en su lugar se señalaron las nueve horas con cinco minutos del quince de febrero de dos mil trece, para que tenga verificativo la citada audiencia incidental, de lo que queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 17/2010 02/07/2013 PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de liquidación de sentencia. SEGUNDO. Se aprueba la planilla de liquidación de la sentencia dictada en el presente juicio presentada por el actor, respecto de los intereses moratorios causados sobre la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional), mismos que ascienden a la cantidad de $270,800.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por el período comprendido del uno de marzo de dos mil once al dieciocho de enero de dos mil trece en términos del último considerando de esta sentencia interlocutoria, que deberán pagar el demandado BENJAMÍN PAZ CALDERÓN a la actora.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 81/2012 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que a la fecha transcurrió el plazo de noventa días naturales concedido a la parte demandada mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil doce para que recogiera los documentos base de la acción, del veinticinco de octubre de dos mil doce al veintidós de enero de dos mil trece, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se ordena agregar al presente expediente, los documentos base de la acción (seis pagarés), sinresponsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado, para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que el término de los noventa días concedido a la parte actora mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil doce, transcurrió en días naturales, ello toda vez que el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, no establece que dicho término deba de ser computado en días hábiles, pues únicamente dice lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO. Cada año los titulares de los Juzgados de Distrito, por medio de las Administraciones Regionales y de las Administraciones de Edificios Centrales del Consejo, deberán transferir al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte los expedientes del archivo judicialreciente que tengan más de tres años de haberse ordenado su archivo, en la inteligencia de que estarán a su disposición conforme a lo previsto en este Acuerdo General Conjunto. (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales o auxiliares que no tengan relevancia documental, deberá constar la notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales exhibidos en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente." Sustenta lo anterior la siguiente tesis, cuyos datos de localización rubro y texto son: Tesis aislada Materia(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Agosto de 2001 Tesis: I.9o.A.2 K Página: 1379 "ORDENAMIENTOS JURÍDICOS. EL PLAZO PARA EL INICIO DE SU VIGENCIA DEBE COMPUTARSE POR DÍAS NATURALES. En aquelloscasos en los que algún artículo transitorio del propio ordenamiento jurídico, bien sea una ley, un reglamento o un acuerdo, etcétera, que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, señale un término específico para su entrada en vigor, el plazo que medie entre la publicación del citado ordenamiento jurídico en el referido medio de publicidad, y la fecha del término fijado, deberá computarse por días naturales y no hábiles, salvo que el propio numeral transitorio señale específicamente que deban ser hábiles. Esto obedece a que, siguiendo el aforismo jurídico que indica que "si la ley no distingue no ha lugar a distinguir", es posible arribar a la convicción de que cuando en el propio ordenamiento jurídico no se expresa claramente que el plazo determinado para su entrada en vigor deba ser considerado por días hábiles, entonces deberá computarse por días naturales por ser ésta la regla general y aquélla la excepción."
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 103/2012 02/07/2013 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que mediante proveído de siete de enero de dos mil trece (foja 63), se tuvo a la parte actora JOSUÉ MORALES OLGUIN, endosatario en procuración de LUIS ARTURO ALVARADO MORALES (representante común de la parte actora), exhibiendo el acuse de recibo del despacho 762/2012 del índice de este juzgado, con número de orden 1664/2012, presentado el tres de enero de dos mil trece, correspondiendo el conocimiento de dicha comunicación al Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, sin que a la fecha haya informado el día y la hora que señaló para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil en que se actúa (103/2012), por lo que, se provee: A efecto de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del presente juicio solicítese al Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, para queinforme si se llevó o no a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada remitiendo las constancias conducentes; y de no haberse llevado a cabo dicha diligencia, informe el nuevo día y la hora señalados para el desahogo de la misma, a fin de estar en aptitud de hacerlo del conocimiento de la parte actora, y ésta pueda acudir a la citada diligencia. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el párrafo que antecede o de no manifestar la imposibilidad legal que tuviere para ello se hará acreedora a una multa equivalente a $1,000.00 (un mil pesos, cero centavos, moneda nacional), de conformidad con el artículo 1067 Bis, fracción II del Código de Comercio. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 112/2012 02/07/2013 @Agréguese a sus autos el escrito de MANUEL CRUZ GALICIA, autorizado de la parte actora en los términos amplios que prevé el artículo 1069 del Código de Comercio, atento a su contenido, se provee: @Como lo solicita la parte actora, y toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existen pruebas pendientes por desahogar en el presente juicio ejecutivo mercantil; en consecuencia, téngase por concluido el período de pruebas, por lo que con fundamento en el artículo 1406 del Código de Comercio, se ordena abrir el período de alegatos por un término común de dos días para las partes.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 122/2012 02/07/2013 Agréguese a sus autos el escrito de JORGE OCTAVIO LINARES RAMÍREZ, perito tercero en discordia en materias de grafoscopía y documentoscopía y anexos que acompaña, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintiocho de enero de dos mil trece (fojas 259 y 260), acepta y protesta el cargo de perito tercero en discordia en materias de grafoscopía y documentoscopía; consecuentemente, téngase al ocursante aceptando y protestando el cargo conferido, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad tener la capacidad suficiente para emitir el peritaje en cuestión y que conoce los puntos cuestionados relativos a la pericial de mérito y al efecto exhibe fotocopia simple de la credencial expedida a favor de JORGE OCTAVIO LINARES RAMÍREZ, por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; fotocopia simple de la cédula profesional 2625441, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; fotocopia certificadade la constancia de siete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, expedida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; y, fotocopia certificada del diploma otorgado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de siete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, estos últimos pasados ante la fe del Notario Público número cincuenta y cuatro de la ciudad de Puebla, documentos que en lo conducente dice lo acreditan como perito en grafoscopía y documentoscopía. Ahora bien, toda vez que el referido perito no señaló el monto de sus honorarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1255 del Código de Comercio, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de veintiocho de enero de dos mil trece, y se entiende que no es deseo del perito tercero en discordia realizar cobro alguno por concepto de honorarios. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 1253 fracción IV del Código de Comercio, hágase saber al perito tercero en discordiaJORGE OCTAVIO LINARES RAMÍREZ, que cuenta con el término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que rinda su dictamen pericial, al tenor de los cuestionarios formulados por las partes, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a $1,000.00 (un mil pesos, cero centavos, moneda nacional) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1067 bis, fracción II del Código de Comercio. Atento lo anterior, se requiere a la Directora de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado la constancia de notificación al referido perito del presente proveído, apercibida de que en caso de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa por el equivalente a $1,000.00 (un mil pesos, cero centavos, monedanacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1067 Bis, fracción II del Código de Comercio.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 141/2012 02/07/2013 Agréguese a sus autos el escrito de PABLO VÁZQUEZ DORANTES, quien se ostenta como apoderado de la persona moral denominada BBVA BANCOMER, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por medio del cual solicita se abra el período de alegatos; al respecto se provee: En razón de que el seis de febrero de dos mil trece (foja 155), se ordenó abrir el período de alegatos por un término de dos días para las partes, y en razón del principio procesal de preclusión, lo decidido sobre una cuestión determinada, ya no puede ser objeto de una nueva decisión; por lo tanto, el derecho del ocursante para solicitar tal cuestión precluyó, al ya haberse hecho pronunciamiento sobre tal situación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, Abril de 2002.Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314. "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se desecha su solicitud por notoriamente improcedente.
Civil y Administrativa Procesos civiles o administrativos 12/2013 Este dato ha sido removido del sistema a petición del interesado 02/07/2013 Este dato ha sido removido del sistema a petición del interesado
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