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Circuito: Decimosegundo Circuito - SINALOA
Juzgado: Cuarto de Distrito en Sinaloa
Fecha de Publicación: 15/05/2012
Total de acuerdos: 58
# Tipo Exp. Quejoso Autoridades Fecha de Acuerdo Acuerdo
Amparo Principal 374/2010 FRANCISCO SILVAS BLANCARTE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, MÉXICO, D.F. . . 05/14/2012 Visto el escrito signado por José Manuel Arredondo Lara, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en autos, manifiesta que el quejoso se presentó ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, proporcionando los documentos requeridos por la autoridad responsable antes mencionada, a efecto de que le sean devueltos los recursos acumulados a su cuenta individual de subcuenta de vivienda, estando en espera del depósito mencionado.
Amparo Principal 507/2010 FRANCISCO JAVIER IBARRA BELTRÁN INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CIUDAD. . . 05/14/2012 Visto el estado de autos, de los que se advierte que las autoridades responsables Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Subgerente del Área de Servicios Jurídicos de dicha delegación, ambos con sede en esta ciudad, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; Por tanto, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las citadas responsables, a efecto que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al recibo de la notificación respectiva, sin demora alguna den cumplimiento a la sentencia aludida, apercibidos que en caso de omisión, se procederá conforme lo estatuye el artículo 105, de la ley de la materia. En el concepto de que, acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichas autoridades cuentan exclusivamente con diez días para resarcir a la parte quejosa en la garantía violada; es decir, para hacerle entrega de lasaportaciones realizadas.
Amparo Principal 596/2010 JOSÉ MIGUEL ACEVES NORIEGA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, MÉXICO, D.F. . . 05/14/2012 Agréguese a los autos, el telegrama de cuenta, que remite el Administrador de Devoluciones y Compensaciones "1", en ausencia del Administrador Central, con sede en México, Distrito Federal, mediante el cual informa que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, no ha dado respuesta a la solicitud de antecedentes donde se pueda advertir que los recursos de los trabajadores amparados se encuentran en la Tesorería de la Federación, como lo es el formulario múltiple de pago, el oficio de instrucción de la orden de pago en su caso, precisando los montos exactos a devolver y el número de cuenta al cual se realizará el deposito. Ahora bien, requiérase a la autoridad responsable, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación de este proveído, de respuesta a la mencionada solicitud de antecedentes al Administrador Central deDevoluciones y Compensaciones, con sede en México, Distrito Federal; para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 689/2010 ROSA MARÍA LÓPEZ IBARRA INSTITUO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DELEGACIÓN SINALOA, CIUDAD. . . 05/14/2012 Vistos los autos, de donde se advierte que las autoridades responsables Delegado y Gerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV Sinaloa, ambos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, ambos con sede en esta ciudad, no han comunicado respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías. En consecuencia, requiérase nuevamente a las mencionadas autoridades responsables, a efecto que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al recibo de la notificación respectiva, informen a este Juzgado Federal los actos encaminados al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada, apercibidas que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que cuentan únicamente con diez días para dar cabal cumplimiento al fallo dictado. Independientemente de lo anterior, requiérase al Director General del Instituto del Fondo Nacionalpara la Vivienda de los Trabajadores, con sede en México, Distrito Federal, para que en su carácter de superior jerárquico, obligue al Delegado y Gerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV Sinaloa, ambos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, ambos con sede en esta ciudad, a efecto de que, sin demora alguna dén cumplimiento a la sentencia aludida, apercibidos que de no hacerlo, se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en el artículo 107 fracción XVI de la Constitución General de la República. Asimismo, hágase del conocimiento del Director General del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con sede en México, Distrito Federal, que en su carácter de superior jerárquico de las responsables mencionadas en el párrafo anterior, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que las autoridades contra cuyosactos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este Tribunal de amparo que conminó eficazmente a las autoridades responsables a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, consistentes en su separación de cargo y consignación ante autoridad competente.
Amparo Principal 699/2010 CATALINA GASTÉLUM FÉLIX SUBGERENTE DE ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN IV SINALOA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACION . . 05/14/2012 PRIMERO. Es fundado el incidente de nulidad de la notificación efectuada a la Tesorería de la Federación, mediante oficio 14468, de treinta de septiembre de dos mil once, mediante la cual se hace de su conocimiento la resolución constitucional dictada en el presente juicio de garantías. SEGUNDO. Notifíquese a la Tesorería de la Federación, por conducto del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con residencia en México, Distrito Federal, la resolución constitucional dictada el treinta de septiembre de dos mil once, en este juicio de amparo, así como el oficio 15043/2011-III, de dieciocho de octubre del año próximo pasado, en el que se le informó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la diversa autoridad responsable Gerente Jurídico y Apoderada Legal de la Delegación IV Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, por sí y como delegadade su Titular; para lo cual, deberá girarse oficio y entregarse en el domicilio sito en avenida Insurgentes Sur, 795, colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, código postal 03810, en México, Distrito Federal, al ser el señalado para tal efecto por la propia incidentista, en el escrito por el cual promovió el presente incidente de nulidad de notificaciones.
Amparo Principal 705/2010 RAFAEL MURRAY ARELLANO CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MÉXICO, D.F. . . 05/14/2012 Agréguese a los autos, la copia certificada del telegrama de cuenta, que remite el Administrador de Devoluciones y Compensaciones "1", en ausencia del Administrador Central, con sede en México, Distrito Federal, mediante el cual informa que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, no ha dado respuesta a la solicitud de antecedentes donde se pueda advertir que los recursos de los trabajadores amparados se encuentran en la Tesorería de la Federación, como lo es el formulario múltiple de pago, el oficio de instrucción de la orden de pago en su caso, precisando los montos exactos a devolver y el número de cuenta al cual se realizará el deposito. Ahora bien, requiérase a la autoridad responsable, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación de este proveído, de respuesta a la mencionada solicitud de antecedentes alAdministrador Central de Devoluciones y Compensaciones, con sede en México, Distrito Federal; para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 57/2011 SANTOS RENE LÓPEZ MEZA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVINDA PARA LOS TRABAJADORES, MÉXICO, D.F. . . 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación y la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todos con sede en México, Distrito Federal, así como la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con residencia en esta ciudad, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, pues a la fecha no han remitido las constancias que acrediten que se le haya entregado a la parte quejosa, en una sola exhibición y en forma inmediata, los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, que constituyeel efecto de la concesión del amparo en el presente juicio de garantías. En mérito de lo expuesto en líneas precedentes, procede requerir a las citadas autoridades para que cumplan con el fallo protector concedido al quejoso Santos René López Meza, y dentro del plazo que más adelante se citará, remitan las constancias que acrediten el debido acatamiento al mismo, lo que deberán hacer de la siguiente manera: 1.- La Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá solicitar a la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto citado, de las cantidades que deban ser devueltas a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. Para tal efecto, la autoridad citada en primer término deberá adjuntar a su solicitud, con copia certificada a este Juzgado de Distrito, la documentaciónque acredite con precisión las cantidades a devolver. 2. Una vez hecho lo anterior, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria deberá autorizar a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. 3. Acreditado el supuesto anterior, la Tesorería de la Federación deberá efectuar la transferencia a la cuenta del Instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. 4. Una vez realizada la transferencia, la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá devolver a la parte quejosa las cantidades que le correspondan con motivo de la concesión del amparo. 5. Por lo que hace a la participación de la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de laVivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con residencia en esta ciudad, deberá coadyuvar en la ejecución de la sentencia de amparo y no mantenerse al margen, por lo que deberá informar las gestiones que ha hecho para que las demás autoridades vinculadas culminen con lo requerido, o bien, cuáles de éstas se han abstenido a hacer lo que les corresponda. Al margen de lo anterior, todas las autoridades vinculadas están obligadas a dar seguimiento al cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, por lo que si su participación depende de que alguna otra de las citadas previamente provea lo conducente, estarán obligadas a informar si aquella se ha abstenido acatar lo que se le requiere, a fin de que este órgano de control constitucional esté en condiciones de acodar lo que en derecho proceda, apercibidos que de no hacerlo, se entenderá que también son responsables del incumplimiento al fallo protector. En el entendido, que las referidas autoridades gozarán del plazo de diez díashábiles, para cumplir con el trámite que a cada una se le ordena, por lo que una vez que cumplan con lo que les corresponda hacer, deberán, dentro del propio lapso, remitir las constancias que acrediten el debido acatamiento al mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, se procederá a requerirlas por conducto de su superior jerárquico, a fin de que éste las obligue a cumplir sin demora dicha sentencia, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 105 de la Ley de Amparo. Se les hace saber a los titulares de dichas dependencias que aun cuando dejen sus respectivos cargos, seguirán siendo responsables del eventual desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvieron al frente de ellos, de manera que podrán ser consignadas en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados.
Amparo Principal 109/2011 MARIBEL THOMAS GONZÁLEZ DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CIUDAD. . . 05/14/2012 Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa II de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la República, de esta ciudad, no ha comunicado respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías. En consecuencia, requiérase nuevamente al mencionado Representante Social, a efecto que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al recibo de la notificación respectiva, informe a este Juzgado Federal la manera en que haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 139/2011 FRANCISCO VALENZUELA MORALES DELEGADO REGIONAL DE LA DELEGACIÓN IV, SINALOA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE . . 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación y la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todos con sede en México, Distrito Federal, así como la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con residencia en esta ciudad, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, pues a la fecha no han remitido las constancias que acrediten que se le haya entregado a la parte quejosa, en una sola exhibición y en forma inmediata, los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, que constituyeel efecto de la concesión del amparo en el presente juicio de garantías. En mérito de lo expuesto en líneas precedentes, procede requerir a las citadas autoridades para que cumplan con el fallo protector concedido al quejoso Francisco Valenzuela Morales, y dentro del plazo que más adelante se citará, remitan las constancias que acrediten el debido acatamiento al mismo, lo que deberán hacer de la siguiente manera: 1.- La Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá solicitar a la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto citado, de las cantidades que deban ser devueltas a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. Para tal efecto, la autoridad citada en primer término deberá adjuntar a su solicitud, con copia certificada a este Juzgado de Distrito, ladocumentación que acredite con precisión las cantidades a devolver. 2. Una vez hecho lo anterior, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria deberá autorizar a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. 3. Acreditado el supuesto anterior, la Tesorería de la Federación deberá efectuar la transferencia a la cuenta del Instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. 4. Una vez realizada la transferencia, la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá devolver a la parte quejosa las cantidades que le correspondan con motivo de la concesión del amparo. 5. Por lo que hace a la participación de la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del FondoNacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con residencia en esta ciudad, deberá coadyuvar en la ejecución de la sentencia de amparo y no mantenerse al margen, por lo que deberá informar las gestiones que ha hecho para que las demás autoridades vinculadas culminen con lo requerido, o bien, cuáles de éstas se han abstenido a hacer lo que les corresponda. Al margen de lo anterior, todas las autoridades vinculadas están obligadas a dar seguimiento al cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, por lo que si su participación depende de que alguna otra de las citadas previamente provea lo conducente, estarán obligadas a informar si aquella se ha abstenido acatar lo que se le requiere, a fin de que este órgano de control constitucional esté en condiciones de acodar lo que en derecho proceda, apercibidos que de no hacerlo, se entenderá que también son responsables del incumplimiento al fallo protector. En el entendido, que las referidas autoridades gozarán delplazo de diez días hábiles, para cumplir con el trámite que a cada una se le ordena, por lo que una vez que cumplan con lo que les corresponda hacer, deberán, dentro del propio lapso, remitir las constancias que acrediten el debido acatamiento al mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, se procederá a requerirlas por conducto de su superior jerárquico, a fin de que éste las obligue a cumplir sin demora dicha sentencia, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 105 de la Ley de Amparo. Se les hace saber a los titulares de dichas dependencias que aun cuando dejen sus respectivos cargos, seguirán siendo responsables del eventual desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvieron al frente de ellos, de manera que podrán ser consignadas en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados.
Amparo Principal 183/2011 CONCEPCIÓN SANDOVAL OROPEZA INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DELEGACIÓN SINALOA, CIUDAD. . . 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación y la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todos con sede en México, Distrito Federal, así como la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con residencia en esta ciudad, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, pues a la fecha no han remitido las constancias que acrediten que se le haya entregado a la parte quejosa, en una sola exhibición y en forma inmediata, los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, que constituyeel efecto de la concesión del amparo en el presente juicio de garantías. En mérito de lo expuesto en líneas precedentes, procede requerir a las citadas autoridades para que cumplan con el fallo protector concedido a la quejosa Concepción Sandoval Oropeza, y dentro del plazo que más adelante se citará, remitan las constancias que acrediten el debido acatamiento al mismo, lo que deberán hacer de la siguiente manera: 1.- La Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá solicitar a la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto citado, de las cantidades que deban ser devueltas a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. Para tal efecto, la autoridad citada en primer término deberá adjuntar a su solicitud, con copia certificada a este Juzgado de Distrito, ladocumentación que acredite con precisión las cantidades a devolver. 2. Una vez hecho lo anterior, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria deberá autorizar a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. 3. Acreditado el supuesto anterior, la Tesorería de la Federación deberá efectuar la transferencia a la cuenta del Instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo. 4. Una vez realizada la transferencia, la Subdirección General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá devolver a la parte quejosa las cantidades que le correspondan con motivo de la concesión del amparo. 5. Por lo que hace a la participación de la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del FondoNacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con residencia en esta ciudad, deberá coadyuvar en la ejecución de la sentencia de amparo y no mantenerse al margen, por lo que deberá informar las gestiones que ha hecho para que las demás autoridades vinculadas culminen con lo requerido, o bien, cuáles de éstas se han abstenido a hacer lo que les corresponda. Al margen de lo anterior, todas las autoridades vinculadas están obligadas a dar seguimiento al cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, por lo que si su participación depende de que alguna otra de las citadas previamente provea lo conducente, estarán obligadas a informar si aquella se ha abstenido acatar lo que se le requiere, a fin de que este órgano de control constitucional esté en condiciones de acodar lo que en derecho proceda, apercibidos que de no hacerlo, se entenderá que también son responsables del incumplimiento al fallo protector. En el entendido, que las referidas autoridades gozarán delplazo de diez días hábiles, para cumplir con el trámite que a cada una se le ordena, por lo que una vez que cumplan con lo que les corresponda hacer, deberán, dentro del propio lapso, remitir las constancias que acrediten el debido acatamiento al mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, se procederá a requerirlas por conducto de su superior jerárquico, a fin de que éste las obligue a cumplir sin demora dicha sentencia, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 105 de la Ley de Amparo. Se les hace saber a los titulares de dichas dependencias que aun cuando dejen sus respectivos cargos, seguirán siendo responsables del eventual desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvieron al frente de ellos, de manera que podrán ser consignadas en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados.
Amparo Principal 206/2011 ELIA YAJAIRA GARCÍA MARTÍNEZ DELEGADO EN SINALOA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CIUDAD. . . 05/14/2012 Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Administrador Titular Jurídico y de Recepción Pacífico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que solicitó al Comandante del 94° Batallón de Infantería encargado del resguardo del lugar donde se encuentra dicho bien, acordara fecha y hora para la devolución al interesado del bien en mención; en consecuencia, estése en la espera de mayores informes.
Amparo Principal 442/2011 FELIPE CEYELY LÓPEZ DELEGADO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. CIUDAD. . . 05/14/2012 Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, del que se advierte que la autoridad responsable Gerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de doce de abril del año en curso, mediante el cual se le requirió para efecto de que coadyuvara con las autoridades vinculadas con el cumplimiento a realizar las gestiones necesarias para que realicen el trámite para lograr la transferencia de los fondos de la subcuenta de vivienda al impetrante de garantías, debiendo informar las gestiones realizadas o bien manifestara cuales se abstuvieron de realizar lo conducente. En consecuencia, requiérase a la Gerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en estaciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que reciba el oficio que derive del presente proveído, informe cuales son los actos tendientes a cumplimentar la sentencia dictada en el presente juicio, así como, de qué manera ha coadyuvado con las autoridades vinculadas con el cumplimiento para efecto de realizar las gestiones necesarias para que tramiten la transferencia de los fondos de la subcuenta de vivienda al impetrante de garantías, o bien manifieste cuales se abstuvieron de realizar lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 455/2011 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA DE BIENES RAÍCES SKP, S. DE R.L. DE C.V. . . ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE CULIACÁN. CIUDAD. . . 05/14/2012 Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada el dieciocho de abril del año en curso, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en el amparo en revisión 781/2011; asimismo, devuelve los autos originales del presente juicio de garantías. Apareciendo que el superior modificó la resolución impugnada en el presente juicio de amparo, bajo los siguientes lineamientos: "PRIMERO. Se modifica el fallo recurrido. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de garantías promovido por SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES RAÍCES SKP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra del acto consistente en la orden de visita domiciliaria. TERCERO. La Justicia de la Unión noampara ni protege a SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES RAÍCES SKP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra la omisión de la responsable de resolver dentro del plazo legal, la solicitud de devolución de impuestos, formulada el cuatro de marzo de dos mil doce." Consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.
Amparo Principal 561/2011 Jesús Teodoro Ponce Conty Gerente de Aérea de Servicios Jurídicos de la Delegación IV, Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado 05/14/2012 Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado José Manuel Arredondo Lara, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en relación a la vista ordenada en proveído de ocho del mes y año en curso, informa que el quejoso en su oportunidad se presentará ante la autoridad responsable, con el propósito de que le sean depositados los recursos acumulados de la subcuenta de vivienda del quejoso.
Amparo Principal 747/2011 Milka Fabiola Zamudio Coorral Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán 05/14/2012 Se tiene por recibido el oficio 5816, signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el veintiséis de abril del año en curso, en el amparo en revisión civil 57/2012, relativo al presente juicio de amparo 747/2011-II, de la cual se aprecia se CONFIRMA la resolución emitida en el mismo, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso, por los motivos que más adelante se precisan. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otraparte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que elpresente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción III del punto Vigésimo y fracciones III segundo párrafo y IV del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio de garantías se negó el amparo y protección de la justicia federal y fue promovido incidente de suspensión en el cual se concedió la suspensión del acto reclamado; por lo tanto, una vez que transcurran seis meses de concluido, es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión, por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal, y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido Acuerdo General Conjunto, procédase a su destrucción, previa acta que se elabora para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimientoal punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Asimismo, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente por no ser de relevancia documental y el original del cuaderno incidental.
Amparo Principal 802/2011 José Rigoberto Ovalle Andrade Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa 05/10/2012 En virtud de no haber esperado a la Actuaria Judicial de la adscripción, no obstante el citatorio que se le dejó, con fundamento en el articulo 30 fracción I, de la Ley de Amparo, se notifica por lista de estrados a la parte qeujosa, el acuerdo de diez de mayo actual, que dice: Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados respectivamente por el Juez Segundo del Ramo Civil y por la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de este Distrito Judicial, ambos con sede en esta ciudad, mediante el cual informan el cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio, y al efecto, el primero de ellos remite copia certificada del proveído de nueve de abril del presente año, así como la diligencia de emplazamiento practicada al demandado, aquí quejoso José Rigoberto Ovalle Andrade, de veintisiete de ese mismo mes y año, practicada por el actuario adscrito a la Coordinación deActuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar; consecuentemente, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que dentro del plazo de tres días, computados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
Amparo Principal 846/2011 Sandy Xitlalic Gómez Ríos Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa 05/14/2012 Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Ramón Alberto Zavala, representante especial de la menor quejosa Sandy Xitlalic Gómez Ríos; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se autoriza a su costa, la expedición de las copias simples que indica, previa identificación y constancia que se deje en autos de la entrega correspondiente.
Amparo Principal 1034/2011 José Barragan Acosta Sala de Circuito Penal Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa 05/14/2012 Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el veintitrés de abril del presente año, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 83 de la ley invocada, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; en consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, como hay materia para exigir el cumplimiento de esta ejecutoria, con apego a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, informen a este Juzgado Federal, elacatamiento que se dé a dicho fallo protector, apercibidas que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 1059/2011 Irasema Anaya Herrera Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado 05/14/2012 Visto el estado de autos, se aprecia que la notificación de la resolución de doce de abril de dos mil doce (fojas 103 a 109), fue practicada a las partes el veinte y veintidós de marzo siguiente (fojas 222 reverso a 228 y 230 a 233), surtiendo efectos para las autoridades responsables el mismo día, y para la parte quejosa, la parte tercero perjudicada y la Agente del Ministerio Público adscrita el día siguiente, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a contar para las autoridades responsables a partir del trece de abril y concluyó el veintiséis de abril ulterior, para la parte tercero perjudicada, a partir del diecinueve de abril del año en curso, y concluyó el tres mayo del dos mil doce, y para la parte quejosa a partir del dieciocho de abril y concluyó el dos de mayo de los corrientes y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a partir del diecisiete de abril de dos mil doce, y concluyó el día treinta deabril del presente año; sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la citada resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA; en consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Ahora bien, como existe materia de ejecución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, cumplan con dicho fallo protector e informen a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el acatamiento que den al mismo, en su caso, enviando copia certificada de las constancias necesarias para acreditar tal circunstancia, apercibidas que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 1102/2011 Raúl Domínguez Moreno Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintitrés de abril del actual, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 83 de la ley invocada, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; en consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, como hay materia para exigir el cumplimiento de esta ejecutoria, con apego a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, informen a este Juzgado Federal,el acatamiento que den a dicho fallo protector, apercibidas que de no hacerlo se les requerirá por conducto de su superior jerárquico, lo anterior, con fundamento en el artículo 105 del citado ordenamiento legal.
Amparo Principal 1126/2011 Samuel Ureta Cazárez Subgerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV, Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la Subgerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional IV Sinaloa, del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, no ha informado la manera como dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, requiérasele nuevamente, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla cabalmente con la sentencia concesoria del amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le requerirá a su vez, por conducto de su superior jerárquico, quien resulta ser la Delegada Regional IV Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 37/2012 EDUARDO DE LA ROSA VAZQUEZ JUNTA ESPECIAL NÚMERO 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CIUDAD. 05/14/2012 Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en treinta de abril de dos mil doce, se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y, se dio vista a la parte quejosa por el término de cinco días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en el entendido que de no pronunciarse al respecto se tendría por consentida esa determinación y se ordenaría el archivo del presente sumario como totalmente concluido; de igual forma, se colige que ha transcurrido el plazo antes aludido, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto y se tiene por consentido el acuerdo de treinta de abril de dos mil doce. Por tanto, archívese el expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, y toda vez que elpresente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los que en cuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del puntoen comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la hipótesis de la fracción IV del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
Amparo Principal 82/2012 Este dato ha sido removido del sistema a petición del interesado Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa 05/14/2012 Este dato ha sido removido del sistema a petición del interesado
Amparo Principal 109/2012 Carlos Enrique Valenzuela Beltrán Secretario del Consejo Consultivo Delegaciónal en Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social 05/14/2012 Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil doce, se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y, se dio vista al quejoso por el término de cinco días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en el entendido que de no pronunciarse al respecto se tendría por consentida esa determinación y se ordenaría el archivo del presente sumario como totalmente concluido; de igual forma, se colige que ha transcurrido el plazo antes aludido, sin que el quejoso hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto y por ende, se tiene por consentido el acuerdo de dos de mayo de dos mil doce. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones enel libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto vigésimo primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los queencuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la hipótesis de la fracción IV del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
Amparo Principal 123/2012 María Gregoria Campos Acosta Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 05/14/2012 Visto el oficio signado por el Juez Primero de de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio y remite constancias para acreditar lo anterior; consecuentemente, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que dentro del plazo de tres días, computados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
Amparo Principal 134/2012 Víctor Fonseca Reyes Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal 05/14/2012 PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos reclamados por Víctor Fonseca Reyes a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos que se exponen en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Víctor Fonseca Reyes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, en los términos señalados en el considerando quinto del presente fallo.
Amparo Principal 141/2012 Candelaria Micaela Guerrero Guerrero Ayuntamiento de Culiacán 05/14/2012 Visto el estado de autos, se aprecia que la notificación de la resolución de veinte de abril de dos mil doce (fojas 35 a 39), fue practicada a la parte quejosa el veintitrés siguiente (foja 39 reverso), surtió sus efectos al día siguiente hábil, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del veinticinco ulterior, y concluyó el nueve de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la referida resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expedientecomo totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los queencuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción III del punto Vigésimo y fracciones II y III primer párrafo del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio de garantías se sobreseyó y fue promovido incidente de suspensión en el cual se negó la suspensión del acto reclamado; por lo tanto, una vez que transcurran seis meses de concluido, es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión, por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal, y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido Acuerdo General Conjunto, procédase a su destrucción, previa acta que se elabora para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de laNación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Asimismo, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente por no ser de relevancia documental, así como el original del cuaderno incidental.
Amparo Principal 143/2012 Carlos Enrique Coronado Navarro Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 05/14/2012 Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de donde se aprecia que la notificación del auto de veintitrés de abril de dos mil doce (foja 253), fue practicada a la parte quejosa el veinticuatro de abril del año en curso (foja 253), surtió sus efectos al día siguiente hábil, esto es el veinticinco siguiente, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del veintiséis de abril al diez de mayo del presente año; sin que se haya interpuesto recurso alguno contra el referido auto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que en el presente asunto no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo,aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido;son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción I del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio se tuvo por no interpuesta la demanda de garantías; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente
Amparo Principal 173/2012 Miguel Ángel López Flores Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, que a Jesús Alberto Medina Sauceda, Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia de los Juzgados del Ramo Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, le resulta el carácter de autoridad responsable, pues es éste a quien llevó acabo el emplazamiento que señala como acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como responsable a dicha autoridad, con el apercibimiento de que no hacer manifestación alguna, no se tendrá comoresponsable a la mencionada autoridad. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de dicho informe y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga.
Amparo Principal 192/2012 José Hugo Retes Cazárez Subgerente de Area de Servicios Jurídiucos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV, Sinloa. 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de donde se advierte que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veinticuatro de abril del año en curso, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de garantías, transcurrió del veintisiete del citado mes al once de los corrientes, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la referida resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expedientecomo totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, y toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafode ese punto; y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción I del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio de garantías se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente.
Amparo Principal 194/2012 José Luis Váldez Niebla Gerente de Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de donde se aprecia que la notificación de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil doce, dictada en el presente juicio de garantías, fue practicada a las partes el veinticinco siguiente, surtió sus efectos el veintiséis de los mismos, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de abril al once del mes y año actual, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la referida resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, seordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, y toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que seubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción II del punto Vigésimo Primero; toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías y no fue promovido incidente de suspensión; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción.
Amparo Principal 202/2012 Jorge Eduardo Aragón Campos Instituto Sinaloense de Cultura. 05/14/2012 Visto el estado de autos, se aprecia que la notificación de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil doce (fojas 15 a 20) fue practicada a la parte quejosa el veinticinco de abril del presente año (foja 21 reverso), surtió sus efectos al día siguiente hábil, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del veintisiete de abril ulterior al once de mayo del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la citada resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVODEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que sonsusceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción II del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio de garantías se sobreseyó y no fue promovido incidente de suspensión; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente por no ser de relevancia documental.
Amparo Principal 205/2012 Victor Omar Sánchez Lópéz Secretario de Seguridad Pública Federal, México, D.F. 05/14/2012 Téngase por recibido el oficio número 5878/2012 y anexo, signado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 66/2012, que le fue encomendado por este órgano jurisdiccional para efectos de notificar al quejoso Víctor Omar Sánchez López, la inexistencia de la autoridad responsable antes señalada. Acúsese recibo de estilo. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso no hizo manifestación alguna dentro del término que se le concedió, respecto a la vista ordenada por proveído de dieciséis de abril del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento dictado en dicho auto y por ende, se tienen como inexistente a la autoridad "Director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal" residente en laciudad de México, Distrito Federal"; en consecuencia, suspéndase toda notificación a dicha autoridad.
Amparo Principal 223/2012 Gabriel Soto Valenzuela Secretario de Seguridad Pública Federal, México, D.F. 05/14/2012 Agréguese a los autos sin mayor acuerdo substancial los oficios de cuenta signados por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, toda vez que en proveído de siete de los corrientes se acordó sobre lo conducente. Por otra parte como lo solicita, vía fax acúsese recibo de estilo.
Amparo Principal 235/2012 Ricardo Carranza Molina Secretario de Seguridad Pública Federal, México, D.F. 05/14/2012 Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por designados como delegados de la responsable citada, a los profesionistas que menciona, conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 247/2012 Laura Elena Quevedo Gastélum Agente del Ministerio Públicdo de la Federación, adscrito a la Mesa IV de Procesos Penales "A" de la Procuraduría General de la República 05/14/2012 Vista la constancia de notificación, practicada al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Sector Público, con residencia en esta ciudad, de la cual se desprende que ésta quedó debidamente notificada el nueve de mayo de este año, del proveído de ocho de mayo actual, en el cual se le requirió su informe justificado; por tanto, y toda vez que no ha transcurrido el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo para que rinda su informe justificado la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las TRECE HORAS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE.
Amparo Principal 268/2012 Jorge González Chávez Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa 05/14/2012 Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado, signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número "5", con sede en Villa Aldama, Veracruz; con su contenido dése vista a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 268/2012 Jorge González Chávez Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa 05/14/2012 Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado, signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número "5", con sede en Villa Aldama, Veracruz; con su contenido dése vista a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 289/2012 Nevada Chemicals, S.A. de C.V. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 05/14/2012 Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de donde se aprecia que la notificación del proveído de veintitrés de abril de dos mil doce, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, fue practicada a la parte promovente el veinticuatro de abril de dos mil doce; surtió sus efectos al día siguiente hábil; esto es el veinticinco siguiente, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a contar del veintiséis de abril al diez de mayo del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso alguno contra el referido auto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo,aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, y toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente; y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido;son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III primer párrafo de ese punto; y que son susceptibles de depuración los que en cuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en las hipótesis de la fracción I del punto Vigésimo Primero; toda vez que en este juicio se desechó la demanda de garantías; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente.
Amparo Principal 300/2012 Claudio Everardo Cabrera Guevara Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 05/14/2012 ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Claudio Everardo Cabrera Guevara, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables indicadas en el considerando segundo, de conformidad con los lineamientos planteados en la presente resolución.
Amparo Principal 310/2012 Juan Roberto Inukai Uraga Juez Primero de Primera Instacnia del Ramo Penal. 05/14/2012 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido al promovente en auto de cuatro de los corrientes, para que aclarara la demanda de garantías, transcurrió del nueve al once del presente mes y año, sin que cumpliera con lo requerido. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y con fundamento en el artículo 146, último párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que dentro de veinticuatro horas siguientes a la notificación que se le haga del presente proveído, esprese lo que a su interés legal convenga, y hecho que sea, dése vista de nueva cuenta para resolver lo que en derecho proceda.
Amparo Principal 311/2012 Sandra Luz Acosta Bueno Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 05/14/2012 Vista la certificación de cuenta, se advierte que por medio del acuerdo de ocho de mayo de dos mil doce, se agregó el informe justificado rendido por el Jefe de Enlace del Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva, con sede en esta ciudad, el cual fue notificado a las partes el nueve de mayo siguiente, surtió efectos al siguiente día hábil, esto es, el diez de mayo actual, por lo que el término que prevé la parte final del artículo 156 de la Ley de Amparo, empezó a contar el once de mayo de este año y concluye el quince de mayo de este año; por tanto, no median de su recepción al menos tres días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, conforme a lo establecido en el numeral 156 de la Ley de Amparo; luego, por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MILDOCE, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga.
Amparo Principal 325/2012 Gulfredo Lugo Aispuro Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 05/14/2012 Agréguense a sus autos los informes justificados rendidos por el licenciado Jorge Mario Guerra Tisnado, Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares, así como por el Jefe del Departamento Enlace Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva, ambos con residencia en esta ciudad; con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 151 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad señalada en último término, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otra parte, vista la constancia que antecede, levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, de la cual se desprende que no le fue posible emplazar a juicio a la parte tercero perjudicada Magdalena Villavelázquez Solís, y notificar el proveído de nueve de los corrientes, toda vez que al constituirseen el domicilio señalado para esos efectos, sito en calle Estado de Tabasco número 1616, colonia Las Quintas de esta ciudad, lo encontró cerrado; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el emplazamiento en comento, se habilitan de las seis a las ocho horas y de las diecinueve a las veintitrés horas de los próximos cinco días naturales, para llevar a cabo el emplazamiento mencionado, para lo cual se comisiona al Actuario Judicial adscrito, lo anterior de conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
Amparo Incidental 325/2012 Gulfredo Lugo Aispuro Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 05/14/2012 ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada a Gulfredo Lugo Aispuro, contra los actos reclamados de las autoridades responsables que se precisaron en el considerando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria.
Amparo Incidental 330/2012 Rosalina Burgueño Sandoval Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 05/14/2012 Agréguense a los autos los informes previos rendidos por los Jueces Segundo y Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal y por el Jefe del Departamento Legal en representación del Director de Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad; con su contenido, dése vista a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 330/2012 Rosalina Burgueño Sandoval Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 05/14/2012 Agréguense a sus autos los informes justificados rendidos por los Jueces Segundo y Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal y por el Director de Policía Ministerial del Estado, a través del Jefe del Departamento Legal, todos con residencia en esta ciudad; con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 336/2012 Administradora Blue 2234, S. de R.L., de C.V. Delegado Estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delgación IV, Sinaloa 05/14/2012 Vista la comparecencia de Agustín Hernández Lugo, mediante el cual desahogó el requerimiento pronunciado en autos y al efecto manifestó que reconocía como propia la firma estampada en el escrito de demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I; VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 36, 114, 116, 147, 149 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Agustín Hernández Lugo, contra actos del Delegado Estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV, Sinaloa, con residencia en esta ciudad; pídase informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cinco días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, enviándole al efecto copia simple de la demanda. Se señalan las ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en estejuicio. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 78, último párrafo de la invocada Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable que remita copia certificada legible y ordenada del acto reclamado, así como de la totalidad de las constancias que integran el expediente respectivo, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de solicitud del informe justificado; apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad de quinientos pesos moneda nacional; lo anterior, conforme a lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les aplicará una multa que puede variar de diez a ciento ochenta días desalario mínimo general vigente, en el Distrito Federal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza jurídica las documentales que anexa a su demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Sin formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Finalmente, de conformidad con lo señalado por el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 8° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquesele a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la información respectiva se publique, por regla general, sin supresión de datos. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito,la intervención que legalmente le corresponde.
Amparo Principal 340/2012 Karina Armenta Beltrán Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal 05/14/2012 Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por la autoridad , con sede en esta ciudad; con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo.
Amparo Principal 345/2012 Karla Mariana Amaya Hernández Secretaría de Educación Pública (SEP), México, D.F. 05/11/2012 En virtud de no haber esperado ala Actuaria Judicial de la adscripción, no obstante el citatorio que se le dejó, con fundamento en el artículo 30 fracción I, de la Ler de Amparo, se notifica por lista de estrados a la parte promovente, el acuerdo de once de mayo actual, que dice: Vista la demanda de amparo signada por Vinisio Amaya Calvo, en ejercicio de la patria potestad de su menor hija Karla Mariana Amaya Hernández, personalidad que acredita con la copia certificada del acta de nacimiento 2582, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en México, Distrito Federal y de otras autoridades; fórmese el expediente 345/2012-III y regístrese en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 146, en relación con el numeral 116, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase alpromovente para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, cumpla con lo siguiente: a) Aclare por qué señala en el capítulo de actos reclamados "el pago económico indebido que han exigido y siguen exigiendo a cambio de proporcionar educación media superior", cuando también señala la negativa al acceso a dicha educación, por lo que no se debe estar exigiendo a cambio ninguna erogación pecuinaria. b) Precise si también señala como acto reclamado la falta de fundamentación legal del listado de trece fojas a través del cual se dio a conocer las personas aceptadas a cursar la educación media superior, así como la negativa y omisión por parte del Director del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS 107), de entregar las copias certificadas solicitadas mediante escrito presentado el dos de mayo del presente año, que menciona ene l contenido de su demanda. c)Especifique la respuesta dada por el Director del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS 107), el veintisiete de abril del año en curso, ya que en su escrito dice que no fue aceptada a esta, cuando de los anexos de esta se advierte que a la impetrante, únicamente se le puso en lista de espera. En la inteligencia que deberá cumplir con la prevención que se le hace por escrito, dentro del plazo señalado para tal efecto, debiendo exhibir seis copias del escrito aclaratorio, para distribuirse de la siguiente manera: cinco para las autoridades responsables y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, con el fin de correr traslado a las partes. Con apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término antes señalado, se tendrá por no interpuesta la demanda en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la promovente, para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida LázaroCárdenas, 950 sur, colonia Centro Sinaloa, de esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de la Materia a José Luis Ramón Vázquez, toda vez que aparece registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, a efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 de la Constitución Federal y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como para las subsecuentes que resulten necesarias en el presente asunto.
Amparo Principal 348/2012 Unidad Local de Productores de Caña de Azucar, Confederación Nacional Campesina el Dorado Asociación Civil Junta Especial Número 35 de la Fderal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 05/11/2012 En virtud de no haber esperado a la Actuaria Judicial de la adscripción, no obstante el citatorio que se le dejó, con fundamento en el articulo 30 fracción I, de la Ley de Amparo, se notifica por lista de estrados a la parte promovente, el acuerdo de one de mayo actual,que dice:Visto el escrito de cuenta, téngase a Samuel Ríos Gamez, representante de "Unión Local de Productores de Caña de Azúcar", Confederación Nacional Campesina, El Dorado, Asociación Civil, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente 348/2012-III y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 146 en relación con el numeral 116, fracción IV, de la leyde amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, cumpla con lo siguiente: a).- Exhiba de nueva cuenta la foja ocho de la demanda de garantías, así como sus respectivas copias, toda vez que de su lectura se advierte que su texto no guarda un orden en la secuencia del mismo, al adolecer dicha foja en todos sus juegos y haber puesto en su lugar dos veces la foja siete de esta. b).- Manifieste cual es el monto al que fue condenado en el laudo dictado en su contra. En la inteligencia que deberá cumplir con la prevención que se le hace por escrito, dentro del plazo señalado para tal efecto, debiendo exhibir también ocho copias del escrito aclaratorio, para que se distribuyan de la siguiente manera, dos para las autoridades responsables, dos para formar el cuaderno incidental, tres para los terceros perjudicados y una para la Agente del Ministerio Público dela Federación de la adscripción; apercibida que de no hacerlo así se procederá en términos del último párrafo del artículo 146 de la Ley de la Materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Epitacio Osuna, 688, poniente, colonia Jorge Almada, de esta ciudad y autorizando a Eduviges Haro Bojorquez y Jesús Adán Valdez Bernal, en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral. Finalmente, a efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 de la Constitución Federal y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como para las subsecuentes que resulten necesarias en el presente asunto.
Amparo Principal 349/2012 Santos Rentería Camacho Delegado Re gional en Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 05/14/2012 Visto el escrito de demanda signado por Santos Rentería Camacho, contra actos del Delegado Regional en Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV Sinaloa, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 36, 114, 116, 147, 149, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese el expediente 349/2012-I, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; no ha lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cinco días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, al que se acompañará copia simple de la demanda. Se señalan las DOCE HORAS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio.Por otra parte, en caso de ser cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 78, último párrafo de la invocada Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable que remita copia certificada legible y ordenada del acto reclamado, así como de la totalidad de las constancias que integran el expediente respectivo, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de solicitud del informe justificado; apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad de quinientos pesos moneda nacional; lo anterior, conforme a lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados lo manifieste a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicará una multa que puede variar de diez a cientoochenta días de salario mínimo vigente, en esta zona geográfica. Con fundamento en el artículo 151 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida la prueba documental que anexó la parte quejosa a su demanda de garantías, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en las Oficinas de la Asesoría Jurídica, del Instituto Federal de Defensoría Pública, del Poder Judicial de la Federación, Carretera a Navolato, número 10321, Poniente (Kilómetro 9.5) Edificio "B", Primer Piso, Palacio de Justicia Federal Edificio "B", primer piso, sindicatura de Aguaruto, de esta ciudad, y como sus autorizados a Maribel Sánchez Lizárraga, Jenny Elizabeth Medina Guzmán, Yenny Elizabeth Medina Guzmán, José Luis Delgado Vega, José Ramón Arredondo Lara, Ramón Alberto Zavala, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Mario Nicolás Rojo Sañudo y Luis ManuelOceguera de la Torre, Ana Pascacia, Martínez Madero, Francisco Ernesto Vega Salcido, Karla Patricia Morales Aramburo, María Inés González Torres, Norma Angélica López González, en términos de la primera parte, del segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, por contar con la autorización para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y a Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Blanca Alicia Álvarez Montiel, Iván Humberto Pantoja Arredondo, Zuni Areli Castillo López, en términos de la última parte del mismo ordenamiento legal, por no contar con la autorización respectiva. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, de conformidad con lo señalado por el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 8° de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquesele a laspartes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la información respectiva se publique, por regla general, sin supresión de datos.
Amparo Principal 350/2012 Alfredo Cota Gutiérrez Delegado Regional en Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 05/14/2012 Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Cota Gutiérrez, contra actos del Delegado Regional IV, Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 36, 114, 116, 147 y 149 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente bajo el número 350/2012-II, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cinco días, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, enviándole al efecto copia simple de la demanda. Se señalan las ONCE HORAS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 78, últimopárrafo de la invocada Ley de Amparo, en caso de ser cierto el acto reclamado, pídase a la autoridad responsable remita copia certificada legible y ordenada de dicho acto, así como de la totalidad de las constancias que integran el expediente respectivo, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de solicitud del informe justificado; apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad de quinientos pesos moneda nacional; lo anterior, conforme a lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa por diez días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, de conformidad con lodispuesto por el artículo 3° Bis de la Ley de Amparo, en relación con el 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la ley de la materia. Conforme lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la prueba documental que acompaña la parte quejosa a su escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Sin formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte en las Oficinas que ocupa la Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, sito en Palacio de Justicia Federal, ubicado en carretera a Navolato número 10321, kilómetro 9.5, poniente, Edificio "B", primer piso, Sindicatura de Aguaruto de esta ciudad, y como sus autorizados a Maribel Sánchez Lizárraga, Jenny Elizabeth Medina Guzmán, José Luis Delgado Vega, José Manuel ArredondoLara, Ramón Alberto Zavala, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Mario Nicolás Rojo Sañudo, Luis Manuel Oceguera de la Torre, Ana Pascacia Martínez Madero, Francisco Ernesto Vega Salcido, Karla Patricia Morales Arámburo, María Inés González Torres y Norma Angélica López González, en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, por acreditar ante este Juzgado que cuentan con autorización para ejercer la profesión de abogados, y respecto a Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Blanca Alicia Álvarez Montiel, Iván Humberto Pantoja Arredondo y Zuni Areli Castillo López, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, por no acreditar dicho requisito. De conformidad con lo señalado por el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 8° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental, indíquesele a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la información respectiva se publique, por regla general, sin supresión de datos. Por otra lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 constitucional y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas hábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde.
Amparo Principal 351/2012 Candelario Campos Romero Delegado Regional en Sinaloa del Insituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 05/14/2012 Vista la demanda de garantías promovida por Candelario Campos Romero, contra actos del Delegado Regional IV, Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I; VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 36, 114, 116, 147, 149, de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese el expediente 351/2012-III, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cinco días, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, enviándole al efecto copia simple de la demanda. Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en elartículo 78, último párrafo de la invocada ley, en caso de ser cierto el acto reclamado, pídase a la autoridad responsable remita copia certificada legible y ordenada de dicho acto, así como de la totalidad de las constancias que integran el expediente respectivo, incluyendo las que se tenga al momento de recibir el oficio de solicitud del informe justificado; apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa por diez días de salario mínimo general vigente; lo anterior, conforme a lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, último párrafo, del citado ordenamiento legal, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa por diez días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 3° Bis de la Ley de Amparo, en relación con el 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la ley de la materia. Conforme lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la prueba documental que acompaña la parte quejosa a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. No se forma incidente de suspensión, por no haberlo solicitado, el impetrante de garantías. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en el Edificio "B" del Poder Judicial de la Federación, sito en carretera a Navolato, 10321 poniente (kilómetro 9.5), primer piso, sindicatura de Aguaruto, de esta ciudad, y como sus autorizados a Maribel Sánchez Lizárraga, Jenny Elizabeth Medina Guzmán, José Luis Delgado Vega, José Manuel Arredondo Lara, Ramón Alberto Zavala, Venancio Baltazar Pérez España, JesúsManuel Sicairos Galindo, Mario Nicolás Rojo Sañudo y Luis Manuel Oceguera de la Torre, Ana Pascasia Martínez Madero, Francisco Ernesto Vega Salcido, Karla Patricia Morales Aramburo, María Inés González Torres y Norma Angélica López González, en amplios términos artículo 27 de la Ley de Amparo, toda vez que aparece registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las limitaciones del referido arábigo a Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Blanca Alicia Álvarez Montiel, Iván Humberto Pantoja Arredondo, Zuni Areli Castillo López, por no contar con dicho registro. Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 constitucional y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, deaplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas hábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. De conformidad con lo señalado por el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 8° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquesele a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la información respectiva se publique, por regla general, sin supresión de datos. Dése a la Representante Social de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde.
Amparo Principal 353/2012 Jesús Díaz Delegado Estatal en Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 05/14/2012 Vista la demanda de garantías promovida por Jesús Díaz, contra actos de la Delegado en Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de esta ciudad; en consecuencia, se admite la demanda en sus términos, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 36, 114, 116, 147, 149 y demás relativos de la Ley de Amparo; en consecuencia, fórmese expediente número 353/2012-II, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Pídase informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de cinco días siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, enviándoles al efecto copia de la demanda. Se señalan las ONCE HORAS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, en caso de ser cierto el acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 78,último párrafo de la invocada Ley de Amparo, pídase a la responsable que remita copia certificada legible y ordenada del acto reclamado, así como de la totalidad de las constancias que integran el expediente respectivo, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de solicitud del informe justificado; apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa por la cantidad de quinientos pesos moneda nacional; lo anterior, conforme a lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les aplicará una multa que puede variar de diez a ciento ochenta días de salario mínimo vigente, en esta zona económica. Ahora bien, con apoyo en lodispuesto por los numerales 150 y 151 del ordenamiento en cita, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, donde se acordará sobre su admisión y desahogo, así como la presuncional legal y humana. Sin formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el lugar que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, ubicado en carretera a Navolato, Kilometro 9.5, Número 10321 Poniente, Edificio B, primer piso de la colonia Aguaruto, y como sus autorizados a José Luis Delgado Vega, José Manuel Arredondo Lara, Ramón Alberto Zavala, Mario Nicolás Rojo Sañudo, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo y Luis Manuel Oceguera de la Torre, así como a los Oficiales Administrativos Ana Pascacia Martínez Madero, Iván Humberto Pantoja Arredondo y Karla Patricia Morales Aramburo, portener registradas sus respectivas cédulas profesionales ante este Juzgado de Distrito en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Yolanda María Osuna Bogarín, Norma Angélica López González y Zuni Areli Castillo López. De conformidad con lo señalado por el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 8° de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquesele a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la información respectiva se publique, por regla general, sin supresión de datos. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde.
Penal Causa penal 220/2007 05/14/2012 * * * * * * *
Penal Causa penal 122/2008 05/14/2012 * * * * * * *
Penal Causa penal 146/2009 05/14/2012 * * * * * * *
Penal Causa penal 16/2012 05/14/2012 * * * * * * *